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Por José Natanson  –Hay que tener
cuidado. En una elección reñida, con el sistema de ballottage, dos o tres puntos hacen
una diferencia importante –dijo Fernando de la Rúa.–Es cierto. En las elecciones de mi provincia nosotros calculamos que Ramón Saadi nos sacó cuatro puntos haciendo fraude –señaló el gobernador electo de Catamarca, Oscar Castillo. El diálogo fue el sábado de la semana pasada en el Comité de Campaña de la Alianza. Allí, De la Rúa volvió sobre la posibilidad de que el PJ tuerza de manera non sancta los números de los comicios de octubre. Uno de los temas que más preocupa a la oposición y que llevó a la conducción de la Alianza a incrementar las prevenciones con vistas a las elecciones presidenciales. El primero en lanzar la sospecha fue Carlos “Chacho” Alvarez. En el auge de la ofensiva reeleccionista, cuando parecía que Carlos Menem llevaría hasta las últimas instancias su ambición de perpetuidad, el jefe del Frepaso explicaba que, si el Presidente estaba dispuesto a violar la Constitución, también estaba dispuesto a cometer fraude. “El marco institucional es como la virginidad. Una vez que se pierde no hay vuelta atrás”, decía Alvarez. La certeza cada vez más extendida entre la dirigencia aliancista de que el menemismo finalmente terminará por llegar a un acuerdo con Eduardo Duhalde no alcanzó para disipar los temores. En la coalición siguen creyendo que existe el riesgo de que el PJ cometa fraude electoral en algunas provincias. Subrayan el hecho de que el oficialismo gobierna hoy 13 de los 22 distritos electorales y que, por lo tanto, controla el aparato de Estado en casi todo el país. Para alimentar la sospecha, recuerdan con preocupación algunos ejemplos. El más notorio es el de Santa Fe. En las elecciones de 1995, Jorge Obeid se impuso, luego de un penoso proceso de recuento de votos, frente al menemista Héctor Cavallero, que había triunfado según los cómputos iniciales ofrecidos por el Ministerio del Interior, que conduce Carlos Corach. Los jefes de la Alianza sostienen que la posibilidad de que el PJ vuelque urnas, falsifique documentos y modifique los padrones existe, sobre todo en los distritos del interior del país en los que maneja una importante estructura partidaria. De todas formas, estiman que la trampa artesanal tendría un impacto muy reducido en el resultado de una elección general y aseguran que estos métodos son difíciles de aplicar en los distritos con más peso electoral: la provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Descartada la trampa artesanal, en la Alianza sólo vislumbran un camino posible: el fraude informático. Previendo una posible intervención del software encargado de sumar y controlar los resultados, los socios de la coalición designaron a dos grupos de ingenieros informáticos que ya se encuentran estudiando el tema. El del Frepaso, coordinado por el ingeniero Alfredo Moreno, trabaja en la Legislatura porteña bajo la órbita de Abel Fatala, uno de los hombres más cercanos a Chacho Alvarez. El equipo radical está coordinado por el secretario general de la UCR, Jesús Rodríguez, y trabaja en el Comité Nacional. Aunque por el momento los dos grupos funcionan de manera autónoma, la idea es que se fusionen en los próximos meses. Los expertos trabajan en la exploración del software que se utilizará en las elecciones. Una semana antes de los comicios, los fiscales informáticos de todos los partidos realizan un simulacro de votación. Si la prueba fue correcta, el programa de sella hasta las elecciones. Los jefes de la Alianza sostienen que cualquier posibilidad de fraude debería complementarse con lo que ellos definen como “acción psicológica”. Es que las encuestas de boca de urna anticipan el resultado de la elección a las seis en punto y, si todas coinciden en los datos, la posibilidad de modificar los cómputos más tarde se complica. En la coalición sostienen que el PJ podría utilizar a los encuestadores oficiales y a los canales de televisión adictos al Gobierno para que difundan números adulterados. Esta situación crearía una “guerra de boca de urnas” que sumaría confusión al proceso electoral y que abonaría el terreno para torcer los cómputos finales. Estas precauciones demuestran que el fantasma del fraude es una de las principales inquietudes de los jefes de la Alianza. El sábado de la semana pasada, De la Rúa y un puñado de dirigentes de confianza conversaban sobre los resultados de la caravana antirreelección que había concluido minutos antes. Mientras almorzaba hamburguesas con papas fritas en la elegante sede del comando de campaña, el jefe de Gobierno porteño escuchaba preocupado la descripción de Castillo. –No sé si tuve oportunidad de comentártelo, pero nuestra estimación es que ganamos por 14 puntos, no por 10 –aseguró el catamarqueño, uno de los pocos radicales que se atreven a tutear al candidato presidencial de la Alianza. –¿Cómo hicieron? –preguntó De la Rúa. –Primero cruzaron los datos de las tres o cuatro últimas elecciones y tomaron al 20 o 30 por ciento de gente que no votó en los últimos años. Después imprimieron documentos mellizos de esos ciudadanos, trajeron gente de otras provincias y los hicieron votar. Nosotros lo detectamos porque, obviamente, siempre hay algunos que no fueron a las últimas elecciones y que sí quisieron votar en la del domingo pasado. Se encontraban con que ya habían pasado por la mesa electoral. –Parece un mecanismo muy costoso –comentó el diputado Rafael Pascual. –Sí. Pero si tenés en cuenta que el PJ gastó entre 5 y 10 millones de pesos en la campaña de Catamarca, no resulta descabellado –concluyó Castillo.
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