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Por Irina Hauser y Laura Vales  La pereza
del Senado para iniciar el juicio político a Norberto Oyarbide le permitió al juez del
escándalo de Spartacus cumplir con sus modestos deseos: mantenerse lejos de su despacho
en los tribunales federales pero volver a cobrar el sueldo. El reciente diagnóstico de
tres psiquiatras del Cuerpo Médico Forense que corroboraron su “profunda depresión
psicológica” se convirtió en la llave que le permitirá, cuando termine el mes,
pasar por caja a retirar su fajito de unos cinco mil pesos. Y aunque está en su derecho
de tener una licencia con goce de haberes, en el edificio de Comodoro Py casi nadie oculta
su malestar por la situación. La pregunta del millón, por qué no renuncia, encuentra
allí al menos dos hipótesis: que Oyarbide esté especulando con que lo salve la Cámara
Alta, donde el justicialismo tiene mayoría, o que quiera extender al máximo la
protección que le conceden sus fueros para no correr el riesgo de terminar en la cárcel
por las investigaciones que lo comprometen.Oyarbide abandonó su despacho el 21 de mayo del año pasado, y desde entonces nunca volvió. Fue a raíz del escándalo en el quedó involucrado por irregularidades en el cumplimiento de sus funciones, la amenaza de muerte contra el argelino Zinnedine Raschen e integrar una red de corrupción policial que brindaba protección a prostíbulos de lujo. La altísima exposición pública del caso, que incluyó la emisión por TV de un video que lo mostró en una escena íntima con otro hombre, lo llevó a asegurar que no volvería a trabajar como juez. Sin embargo, los meses pasaron sin que mandara el correspondiente telegrama. Primero se tomó sesenta días de vacaciones. Al finalizar ese período, asesorado por su abogado Juan Pedro Cortelezzi, solicitó una licencia sin cobro de sueldo que duró hasta fines de diciembre. El magistrado manifestó públicamente que volvería a los tribunales antes de marzo pero terminó pidiendo otra prórroga. Esta vez no le quedó otra salida que argumentar que era víctima de una crisis emocional: “Se encuentra estresado y deprimido por las investigaciones a las que se vio expuesto, de modo que por el momento no está anímicamente en condiciones de ejercer la magistratura”, explicó por entonces su defensor a Página/12, que avaló la solicitud con el certificado de un médico particular. En febrero la Cámara Federal le concedió treinta días más de respiro, e hizo lugar al pedido de Oyarbide para someterse al dictamen de una junta de médicos forenses. Un certificado médico oficial le permitiría extender indeterminadamente su período sabático. Finalmente, los tres peritos coincidieron con la evaluación del psiquiatra del propio Oyarbide y fijaron otro paréntesis de 60 días que, inclusive, se podría volver a renovar. Esta licencia de carácter médico le da derecho a percibir su sueldo. Este diario intentó comunicarse con Cortelezzi pero los mensajes no tuvieron respuesta. “Esta situación es consecuencia exclusiva de la demora del Senado en iniciar el juicio político”, señaló un alto funcionario de los tribunales federales. Para que se inicie el juicio político, primero la comisión acusadora de la Cámara de Diputados debe formalizar la acusación ante el Senado, encargado de dictar la sentencia. La comisión, integrada por César Arias (PJ), Eduardo Abalovich (UCR) y Manuel Baladrón (PJ), debió haber elevado sus cargos y su pedido de suspensión a principios de marzo. Pero entonces el Senado no dio quórum y recién entre hoy y mañana se fijará una fecha de inicio del proceso. La situación de Oyarbide será tratada sólo después de que sean expuestas las denuncias contra sus pares Guillermo Tiscornia y Jorge Pisarenco. Con suerte, el turno le llegará recién a fin de mes. “Junto con la acusación pediremos la suspensión de Oyarbide –anunció Abalovich–. Con la única excepción del juez Hernán Bernasconi, el Senado siempre dispuso el cese de los funcionarios cuestionados.” El enjuiciamiento del controvertido juez y su licencia por enfermedad son dos temas que van por carriles separados sólo en apariencia. Mientras no renuncie ni lo destituyan, estará a salvo de ser indagado por la causa del delito de amenazas contra el recepcionista del restaurante El Mirasol de la Recova. Aunque el delito es excarcelable, los cargos podrían agravarse porque también se investiga si protegió a prostíbulos, su posible enriquecimiento ilícito y dos hechos de omisión de denuncia. Oyarbide también apostaría a la posibilidad de que el Senado lo libre de culpa y cargo. Y hasta ahora en el Congreso no le ha ido mal: los legisladores oficialistas lograron que el caso quedara en manos del Senado y no del Consejo de la Magistratura (el nuevo órgano responsable de la sanción de los jueces) que cuenta con una mayoría de integrantes identificables con la oposición al gobierno de Carlos Menem. Mientras tanto, deprimido y estresado, Oyarbide suma días a sus largas vacaciones. Aunque ahora tendrá unos pesos más que en los últimos meses.
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