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Por Pablo Ferreira  La
situación agropecuaria sigue quemándole las manos al ministro Roque Fernández. Ayer el
ex secretario de Agricultura, Gumersindo Alonso, desplazado por el ministro el miércoles
pasado, fogoneó el enfrentamiento presentando la renuncia ante el presidente Carlos
Menem. En Economía dudaban, además, que llegara a concretarse la invitación a
parlamentar cursada para hoy a todas las entidades del sector. Por el contrario, las
cuatro organizaciones agropecuarias confirmaron que mañana harán conocer las medidas de
fuerza programadas ante la falta de respuestas a sus reclamos por parte del Gobierno. En
tanto, la diputada justicialista Marta Cardoso salió a defender la posición oficial y
anunció que el Gobierno ya ordenó rever las medidas impositivas que afectan a los
productores.El panorama, como si fuera poco complejo, se agravó ahora a raíz de las lluvias torrenciales en la principal región maicera y sojera del país. Ya se contabilizan más de un millón de hectáreas inundadas en el noroeste de Buenos Aires y sur de las provincias de Córdoba y Santa Fe, donde las estimaciones elevan las pérdidas a entre 700 y 1000 millones de dólares. El alejamiento de Alonso desató una fuerte puja por la estratégica secretaría. Al punto que el candidato de Fernández, Jesús Leguiza, que se consideraba hasta ayer una ficha puesta, ha pasado –como reconocieron en Economía– a compartir el cartel con un variado pelotón de postulantes impulsados desde diversas vertientes. Entre ellos figuran Miguel Sobrero, del entorno de José Manuel De la Sota; Ricardo Novo, vicepresidente del Senasa, y Néstor Alcala, impulsado por Jorge Rodríguez. Tampoco llevó tranquilidad al Palacio de Hacienda la confirmación por parte de las cuatro entidades rurales del país de que mañana pondrán fecha a sus medidas de fuerza. La decisión fue informada ayer mediante un comunicado que firmaron la Federación Agraria (FAA) –entidad convocante–, la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y la Sociedad Rural (SRA). Ayer el presidente de la otrora cautelosa SRA, Enrique Crotto, dijo que el paro “constituye una muestra de la rabia de los productores frente a la falta de medidas oficiales para enfrentar la crisis”. Atenazados por la caída del precio internacional de sus productos, el derrumbe de la demanda brasileña y la recesión local, los hombres del campo reclaman al Gobierno medidas de apoyo, entre las que figura la reducción de los impuestos al sector. La protesta agraria consistiría –según una de las versiones que circulaba– en una huelga comercial en abril (desde el domingo 18) que duraría cuatro días, un paro de diez días en mayo y un tractorazo a mediados de junio. Crotto destacó que la medida no busca provocar un aumento de precios o un desabastecimiento en el mercado. Desde el Parlamento no tardaron en salir al cruce de los argumentos esgrimidos por los ruralistas. La vicepresidenta de la Comisión de Agricultura de Diputados, Marta Cardoso, afirmó que el paro anunciado para la próxima semana “no tiene sentido, porque el Gobierno está dando respuestas permanentes a las necesidades del sector”. La legisladora de La Pampa consideró que los dirigentes de las entidades del campo “están utilizando a los productores con fines electoralistas”. Al mismo tiempo, Cardoso anunció que el vicepresidente de la Nación, Carlos Ruckauf, “ya dio órdenes para que se revean las medidas impositivas que puedan afectar al campo, como los gravámenes a las tasas de interés y a la renta presunta”. El belicoso clima no se verá atemperado con el desastre climático que está sufriendo la región más productiva de la pampa húmeda. Las lluvias constantes que cayeron durante los últimos días en el triángulo más productivo del centro del país nublaron aún más el complicado escenario que viven los productores rurales. De acuerdo a fuentes del sector privado y oficiales, las pérdidas en las tres provincias hasta este momento rondan entre 700 y 1000 millones de pesos. Las autoridades comunales y losproductores agropecuarios reiteraron sus reclamos para que los gobiernos provinciales o el nacional declaren la emergencia económica o zona de desastre a la región. Las autoridades santafesinas declararon ayer la emergencia agropecuaria, industrial y comercial por 180 días en la zona afectada, luego de evaluar que 22 de las 50 mil hectáreas afectadas en esa provincia son irrecuperables.
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