 “Yo no
vincularía los hechos de violencia con el tema económico”, así resumió el jefe de
Gabinete, Jorge Rodríguez, la posición del Gobierno respecto de la “emergencia
nacional frente al delito” que llevó al presidente Menem a convocar al Consejo
Federal de Seguridad (ver aparte). La iniciativa oficial no llegó en el vacío. Los
medios de comunicación hicieron arder el tema durante todo el día con la difusión de
espectaculares robos que tuvieron por protagonistas a una ministra, un juez y un fiscal,
curiosamente producidos unos días atrás (ver pág. 4). El diagnóstico del ministro de
ministros, quien sostuvo que de 1989 a esta parte hubo un “mejoramiento”, no se
ve confirmado por los últimos datos del Indec, que marcan un aumento de la marginalidad.
Página/12 consultó a especialistas, que destacaron la relación entre el delito y
“el quiebre de la cohesión social” generada por el desempleo, por la
precarización laboral y, también, por el desaliento que provoca la corrupción.
Jorge Rodríguez consideró “evidente que todos los días hay un recrudecimiento de
la violencia, a través de los hechos que se conocen por los medios”. Sin embargo,
dijo que “no vincularía el tema económico con los hechos de violencia”, ya que
“desde 1989 a la fecha ha habido un mejoramiento”. La culpa se la echó a la
oposición: “Si tenemos una fuerza política que genera herramientas como el Código
de Convivencia, que significa una laxitud en las normas e impide la actividad de los
organismos de seguridad...”, deslizó.
La idea de mejoramiento es desmentida por los últimos datos de la encuesta permanente de
hogares elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, Indec. Las cifras
–que se dieron a conocer hace dos semanas y corresponden a octubre del año
pasado– indican que, en la Ciudad de Buenos Aires y su conurbano, el 26 por ciento de
las personas (es decir, más de 3.000.000) están bajo la línea de pobreza y el 6 por
ciento está “en la indigencia”. En el segundo cordón del conurbano, el más
afectado, más del 40 por ciento de los habitantes está en la pobreza; son las cifras
más altas desde que empezó la encuesta, a principios de los 70, y se prevé que el
próximo relevamiento, en mayo de este año de recesión, dará cifras aún peores. Otros
datos arrojan luz sobre la marginalidad: según un estudio de Unicef, en la Argentina
existen 205 mil adolescentes de clase baja que no estudian ni trabajan, de los cuales unos
90 mil viven en el Gran Buenos Aires.
Eduardo Duhalde, gobernador de Buenos Aires, había contradicho por anticipado a
Rodríguez al sostener que “hay una relación directa entre el hombre que ha quedado
excluido de las relaciones económicas, laborales, sociales, y el delito. A las personas
que no tienen preparación les cuesta conseguir trabajo. Si les cuesta enormemente a los
que tienen preparación secundaria y universitaria, imagínense a los que no la
tienen”.
El ministro Rodríguez continuó diciendo que “todos venimos de hogares humildes que
han trabajado y que no se han orientado a delinquir para solucionar sus problemas”.
“Ya que el jefe de Gabinete dice eso –observa el sociólogo Sergio Balardini,
investigador de Flacso–, habría que pedirle que dé trabajo a más familias, para
que puedan desarrollar ese ciclo. Precisamente lo que está en crisis es el tema del
trabajo, y la cantidad de jóvenes que ni trabajan ni estudian creció notablemente, si se
la compara con los datos de hace diez años.” De todos modos, el problema no se
resolvería achatando la desocupación con no importa qué medios. Ricardo Sidicaro,
titular de la materia Análisis de la Sociedad Argentina en la Facultad de Ciencias
Sociales, observa que “Estados Unidos, hoy, muestra cómo puede haber quiebre de la
cohesión social con pleno empleo, cuando el empleo consiste en contratos-basura. Porque
no se trata sólo de la desocupación sino de la manera como las personas se insertan en
la vida cotidiana”.
El aumento del delito no es novedad: “Entre 1992 y 1997 creció notablemente la
cantidad de delitos registrados en proporción a la población”, recuerda Sidicaro,
quien vincula este incremento con “el aumento del cuentapropismo, la flexibilización
laboral, los contratos de trabajo temporarios –dice–: todo eso genera sujetos
que están fuera de las cadenas de vínculos sociales, o que entran y salen de
ellas”. El eje, para estos investigadores, es el acceso al trabajo estable. Balardini
destaca que “en la Argentina, el trabajo era el integrador social por excelencia.
Hoy, no sólo es un bien de difícil acceso, sino que la sociedad tiende a reconocer y
valorar la obtención de recursos por encima del concepto de trabajo, o directamente por
fuera de la ley. La corrupción, tan difícil de demostrar, todo el mundo la percibe o la
huele, bajo la tolerancia de la sociedad. Para peor, hoy la identidad se constituye a
través del consumo, en el tener, y para quienes no tienen acceso a los bienes que la
sociedad exige tener, la frustración se vive como violencia: contra sí mismos, a menudo,
y a veces contra otros”.
LA INSEGURIDAD SE CONVIRTIO EN UN TEMA DE
CAMPAÑA
Candidatos entre el fuego
Inmersos
de lleno en una informal campaña electoral, funcionarios de gobierno y candidatos de la
oposición cruzaron críticas y justificaciones sobre el tema de la inseguridad urbana y
el crecimiento de los delitos violentos. Con su advertencia más propia de un opositor que
de un gobernante –”En la provincia todavía no pasó lo peor”–, el
gobernador bonaerense Eduardo Duhalde cosechó duros cuestionamientos de la fórmula
presidencial de la Alianza. Por primera vez, Carlos “Chacho” Alvarez pidió más
dureza en la legislación penal e hizo suya la remanida frase: “El que comete un
delito no puede entrar por una puerta y salir por la otra”. Desde el Gobierno,
resonaron las explicaciones del ministro del Interior, Carlos Corach: el funcionario
calificó a Buenos Aires como “una de las ciudades que menor criminalidad tiene en el
mundo”.
Como un acto reflejo, gobierno y oposición lanzaron su respuesta ante la serie de delitos
que tuvieron difusión pública en los últimos días. Mientras el presidente Carlos Menem
convocaba al Consejo Federal de Seguridad (ver aparte), Fernando de la Rúa y Chacho
Alvarez anunciaron que el lunes presentarán en público la propuesta de la Alianza en
materia de seguridad. Los dos integrantes de la fórmula opositora cargaron contra Duhalde
y su premonición: “Su actuación con la policía ha sido pésima. Y si no se ocupa
de la gente, los problemas sociales van a seguir”, dijo De la Rúa. “El
gobernador está expresando un fracaso en las políticas de seguridad en la provincia. Si
él, que tiene que resolver el tema, augura un futuro peor, el tema se vuelve más
preocupante para la gente”, agregó Chacho.
Para De la Rúa, “se debe brindar seguridad dotando de mayores medios a la policía,
aumentando la prevención y reformando el Código Penal”. Alvarez sostuvo que
“el tema de la inseguridad está muy vinculado con la droga, y si uno va a cualquier
lugar del Gran Buenos Aires, ve que se trafican drogas como si se vendieran golosinas o un
producto de primera necesidad”.
Corach, en su habitual rueda de prensa matutina, aseguró que la Policía Federal
“está haciendo lo imposible para asegurar mejores niveles de tranquilidad a la
población”. Pero reconoció que, “lamentablemente, no es ésta la sensación
que se tiene”. El funcionario trató de diferenciar lo que percibe la gente con lo
que –a su criterio– ocurre en la realidad: “Hay dos circunstancias muy
claras: por un lado, la sensación de inseguridad, que uno siente que puede ser víctima
de un delito, y por otro, los hechos que se suceden. Yo tengo que decir la verdad, no lo
que la gente siente, y la verdad es que Buenos Aires es una de las ciudades con menor
índice de criminalidad en el mundo”, desafió.
En forma parcial, lo acompañó el jefe de la Policía Federal, Pablo Baltazar García,
para quien en la ciudad “hay más hechos aislados que una forma sistemática de
inseguridad”. “Aquí no tenemos mafia organizada como en otros países”,
intentó tranquilizar el comisario general, en apoyo de la tesis de Corach. De todas
formas, buscó compartir responsabilidades al afirmar que éste “no es sólo el
problema de un gobierno, de un partido, sino de Estado, y todos tenemos que hacernos cargo
de eso”.
En cuanto a las causas del delito y la violencia, Baltazar García abandonó por un
momento el discurso oficial: “Son causas muy complejas, socioeconómicas, culturales,
incluso tienen que ver con la educación”, dijo. Un argumento compartido por el
secretario de Seguridad, Miguel Angel Toma: “Hay muchos que de mala fe dicen que el
problema es de naturaleza sólo económica, tanta mala fe como la de los que dicen que lo
económico y social no tienen nada que ver”. Toma insistió en que la solución al
problema está en la sanción de leyes con penas más duras. “Hemos enviado todos los
proyectos el año pasado y ni uno solo ha sido aprobado”, cuestionó.
A río revuelto, ganancia de Menem
El Presidente aprovechó la
sensación de inseguridad para ponerse en el centro de la escena y generar un conflicto
con De la Rúa.
La reunión de gabinete tenía como eje
una exposición de Rodríguez.
Pero Menem cambió la agenda y convocó al Consejo de Seguridad. |
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Las
radios atronaban informando robos a Susana Decibe, Luis Brandoni y el juez Roberto
Marquevich. Con ese eco en sus oídos y con encuestas en la mano que demuestran que la
mayor preocupación ciudadana es la seguridad, el presidente Carlos Menem decidió cambiar
la agenda fijada para el gabinete y practicar dos de sus deportes favoritos: demostrar
iniciativa política y esmerilar al candidato presidencial opositor Fernando de la Rúa.
El presidente decidió que el tema central de la mañana en Olivos fuera la “ola de
delitos” y convocó al Consejo Federal de Seguridad. El organismo es básicamente
consultivo, no se ha fijado fecha para su reunión pero el presidente se mostró activo,
logró ponerse en el centro de la escena y está dispuesto a utilizar el problema de la
seguridad para presionar a De la Rúa con el traslado de la Policía Federal a
jurisdicción porteña.
La reunión de gabinete comenzó tensa. Menem se mostró irascible por el encono con que
distintos integrantes de su gabinete se enfrentan por la interna porteña (ver página 8).
Tras tirar de las orejas a sus ministros, Menem cambió el hilo de la conversación: le
preguntó a la ministra de Educación Susana Decibe y la Secretaria de la Función
Pública Claudia Bello por los delitos de que fueron víctimas (ver páginas 4 y 8,
respectivamente).
Ambas funcionarias relataron sus cuitas –según un secretario de Estado la más
shockeada era Bello, mientras que Decibe lucía algo más calma–. Tras expresarles su
solidaridad, Menem mencionó a todo el gabinete que tenía encuestas sobre la
preponderancia que tiene en la opinión pública el tema de la seguridad. Tras cartón
modificó la agenda, relegando para el final el tema central fijado de antemano: el
informe del jefe de Gabinete, Jorge Rodríguez sobre la crítica situación social a
consecuencia de las inundaciones.
Luego de leer el sondeo, el presidente descargó su ira con el candidato presidencial de
la Alianza, Fernando de la Rúa, a quien atribuyó grave responsabilidad por su negativa a
aceptar el traspaso de un sector de la Policía Federal a la competencia del gobierno
porteño.
Menem, con aire de saber la respuesta le preguntó al ministro del interior Carlos Corach
el estado de las negociaciones con el Ejecutivo porteño. Corach le respondió que
“están estancadas porque De la Rúa patea el tema para adelante”, explicó a
Página/12, un miembro del gabinete nacional. “Necesitamos encontrar una forma de
emplazar a De la Rúa, no es comprensible que nos tengamos que hacer cargo de la pésima
política en materia de seguridad que tienen él y Mathov”, se quejó Corach ante
Menem.
Luego de evaluar otros casos en los principales centros urbanos del país, Menem le
encomendó a Corach una convocatoria al Consejo Federal de Seguridad. Este organismo está
integrado por los representantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, por los ministros
de Gobierno de cada provincia y los titulares de las policías provinciales. Además Menem
le encargó que después de esa reunión se confeccione un informe detallado sobre el tema
de la seguridad en cada provincia.
Un ministro, que pidió reserva de su nombre, señaló a este diario que “aunque el
epicentro de la inseguridad parece estar concentrado en Capital Federal y el primer
cordón del conurbano, necesitamos saber qué sucede en los principales centros urbanos
del país”. De todas formas parece claro que cualquier indagación sobre el punto
arrojará cifras que pueden poner en un brete al enemigo de Menem en la interna del PJ, el
gobernador bonaerense Eduardo Duhalde.
Convencido de que la demanda de seguridad y de “mano dura” van juntas el
Presidente se esmeró para ponerse en la cresta de esa ola: terminó su mañana en Olivos
dialogando con el intendente de Escobar Luis Patti, un abanderado de la “policía
brava” que anteayer mismo había sido acusado de haber participado en un operativo
ilegal de represión durante la dictadura militar
La peor de todas |
Por J.M. Pasquini
Durán
(Viene de tapa) La ola de
especulaciones, sin embargo, tenía motivos fundados, ya que son conocidas las
coincidencias en materia de seguridad de este flamante favorito con su protector. El
presidente Carlos Menem, sin ninguna ponderación, ha insistido numerosas veces en
demandar la pena de muerte para diversas categorías del delito, desde la violación
sexual a la comercialización de drogas ilegales. Por décadas, la policía del
“gatillo fácil” y la picana ha aplicado ese criterio de facto.
A pesar de esa experiencia y de los años del terrorismo de Estado, la inseguridad urbana,
sobre todo en la Capital y el Gran Buenos Aires, más la desmesura de la violencia
aplicada aun para las raterías más simples, han sembrado de miedos el ánimo público,
sin distinciones sociales, porque las víctimas recorren toda la escala económica y
social. La demanda de “orden” a cualquier costo gana puntos cada nuevo día, con
los relatos repetidos de crímenes de toda calaña, en los que participan un destacado
número de adolescentes con despliegue de armas de fuego, como si se pudiera comprar una
pistola en el quiosco de la esquina. El mismo Patti, que obtuvo en su distrito siete de
cada diez votos, es parte de esa lógica desesperada.
Hay argumentos remanidos y automáticos para explicar el delito. La pobreza masiva; el uso
extendido de drogas ilegales; la distensión de valores morales; la ausencia de
ejemplaridad; las deficiencias de los castigos y sistemas penales; el resentimiento
social; la falta de solidaridad; la corrupción policial; las crisis de la educación, la
familia, la religión y la política; las vidas, sobre todo las más jóvenes, sin
horizontes... y la lista continúa. Son explicaciones que se pueden emplear de a una o
combinarlas en infinitas variantes: las miserias económicas y el consumismo exacerbado,
por ejemplo.
Todas son válidas, pero de valor relativo. Ninguna abarca, por sí misma, la compleja
diversidad de causas. Cada una puede confrontarse con un número de casos que la confirman
o la niegan. Hay crímenes aberrantes, como el genocidio, cometidos por personas
“normales”. El psiquiatra israelí que reconoció a Eichmann lo diagnosticó
como “un hombre completamente normal: después de examinarlo, me parece más normal
de lo que yo mismo me considero”. Otro especialista lo calificó de padre de familia
ejemplar. ¿Cuántos de esos semejantes aplicaron el terrorismo de Estado durante la
última dictadura militar en el país?
Tampoco el auge delictivo es un típico defecto nacional o de la democracia. Basta revisar
la situación en México, Colombia, Venezuela y Brasil, por citar los mayores de América
latina, para advertir que ni siquiera es el más grave de la región o del planeta.
Johannesburgo, la ciudad más rica e industrializada de Africa y una de las que tienen
mayor densidad de población, es la más peligrosa del mundo, donde se roban 284 autos por
día, para citar sólo un delito “menor”. El gobierno de Nelson Mandela ha
declarado que el crimen es el mayor obstáculo existente para las inversiones, tanto
nacionales como extranjeras, en Sudáfrica.
¿Consuelo de tontos? No. Los datos evidencian que la represión del crimen no es un
asunto de trámite sencillo ni de resultados garantizados. La peor de todas las
simplificaciones es, justamente, la que propone el “orden a cualquier costo”. El
éxito inicial de la política de “tolerancia cero” aplicada por el alcalde
Giuliani en Nueva York y luego extendida a otras ciudades de Estados Unidos represtigió
esa variable. En laactualidad, sin embargo, en Estados Unidos comenzaron los mitines
públicos para detener la ola de violencia de la policía. La última víctima del
“gatillo fácil”, un joven turista, fue acribillada por 41 balazos porque
algunos policías sospecharon de su conducta y le aplicaron la “tolerancia
cero”.
El último informe del CELS sobre derechos humanos informa que en setiembre del año
pasado, junto con el lanzamiento del plan policial llamado “espiral urbana”,
fueron 1424 las personas detenidas por averiguación de antecedentes, según los registros
de uno de los tres juzgados en lo correccional que estaban de turno en ese mes. La gran
mayoría de los detenidos por la Policía Federal tuvo que ser liberada. ¿Qué tal si le
hubieran aplicado la “tolerancia cero” aunque fuera sólo a una parte del total?
Dicho lo cual, ¿no hay más opciones que ser víctimas o verdugos? En lugar de opciones
cerradas y simples, para un problema de causas complejas, tienen que proponerse soluciones
complejas. Es tan inaceptable la inseguridad pública como que vayan presos sólo los más
pobres y los más jóvenes. Es un tema del que tienen que hacerse cargo todos, desde los
gobernantes, los candidatos a sucederlos, las iglesias, los sindicatos, los medios de
difusión y hasta los centros vecinales.
Hay que abrir el debate en la sociedad con el propósito de reunir en la misma cita a la
libertad con la justicia. Es una utopía, claro, pero lo que importa es el camino hacia
ella. La “solución final” no existe, es una mentira y, para colmo, es más
peligrosa que el delito mismo. |
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El tema
de la inseguridad se trató en la reunión de Gabinete: el Presidente convocó al Consejo
Federal de Seguridad.