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Por Adriana Meyer  Un día después de
haberse comunicado con el escritor Juan Gelman para hacerle saber que le haría llegar una
respuesta, el jefe del Ejército, general Martín Balza, fue citado nuevamente como
testigo por el juez Adolfo Bagnasco, en la causa que investiga la sustracción
sistemática de los hijos de los desaparecidos durante la dictadura. El militar había
sido señalado en forma indirecta por su antecesor, el general retirado Cristino
Nicolaides, quien había dicho en su declaración indagatoria que en el Ejército podrían
existir pruebas acerca de los casos de menores secuestrados. Pero además Bagnasco le
preguntará a Balza acerca del allanamiento del Edificio Libertador –sede del
Ejército–, realizado a partir de un dato aportado al juzgado por el periodista
Horacio Verbitsky. El último viernes de enero Bagnasco dio la orden y el fiscal Miguel Angel Osorio –que estaba reemplazando a Eduardo Freiler– allanó la “cintoteca” del Ejército, ubicada en el séptimo piso del Estado Mayor General de esa fuerza. En el lugar preciso que había indicado Verbitsky la delegación judicial-policial encontró más de trescientas cintas de computación, pero ninguna de ellas estaba en sistema “Bull” –un formato muy antiguo– como había especificado el periodista. Durante estos meses los peritos analizaron lo encontrado, pero no hallaron ningún indicio deque se hubiera pasado a otro sistema información sobre los desaparecidos y la represión ilegal, tal como indicaba la denuncia. Una autoridad judicial aseguró a Página/12 que –por ahora– el resultado fue negativo, pero el juez buscaría junto a Balza la posibilidad de decodificar cuanto antes la información que está “backapeada”, es decir, reducida a una síntesis incomprensible sin una “traducción”, y así poder determinar si los uniformados mantienen archivados algunos datos de utilidad para la causa. Desde el juzgado los investigadores explicaron a este diario que –en esta etapa del proceso– están recogiendo pruebas sobre el rol del Ejército en el plan sistemático de apropiación de niños, y negaron que esta citación esté relacionada con el pedido de Gelman. Pero –en definitiva– el escritor también le pide información al general. “Ya es hora de que hable Balza al respecto”, había gritado desde Córdoba el abogado de Nicolaides, Alejandro Zeverín, cuando su defendido fue citado por el robo de bebés. En su declaración indagatoria el último jefe del Ejército de la dictadura fue un poco más sutil, pero aseguró que “las actas de incineración de documentos debieron ser guardadas o archivadas en la sede de cada comando que implementó la orden, en los lugares físicos destinados a almacenar documentación reservada o secreta”. En el Edificio Libertador acusaron el golpe y contraatacaron haciéndole llegar a Bagnasco el radiograma original que emitió Nicolaides en 1983 para ordenar la destrucción de toda la documentación referida a la represión ilegal. Bagnasco ya recibió el testimonio de Balza, cuando el abogado de las seis Abuelas de Plaza de Mayo querellantes solicitó que el juzgado lo interrogara. En su segundo discurso de “autocrítica parcial” el general había calificado la apropiación de menores como “una aberración” y entonces el letrado Alberto Pedroncini quiso saber cómo le constaba al militar esta situación. En aquella oportunidad Balza respondió por escrito que “no le constaba en absoluto” esa situación, sino que había tomado conocimiento a través de los medios. El jefe del Ejército tiene la posibilidad de declarar por escrito, pero debe hacerlo antes del 23 de abril, fecha fijada por Bagnasco para recibir su eventual visita.
Una comitiva a Asunción
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