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Por Adriana Meyer  La jueza María Servini
de Cubría sobreseyó al ministro de Defensa Jorge Domínguez en la causa que investigó
supuestas irregularidades en la licitación del Plan Nacional de Radarización, en
consonancia con el dictamen de los fiscales federales Carlos Rívolo y Claudio Navas Rial,
en quienes la magistrada había delegado el expediente. Entre otros hechos, la denuncia de
los diputados aliancistas Alfredo Bravo y Jorge Rivas acusaba a Domínguez de haber
autorizado –a través de una circular del ministerio emitida siete días antes de la
apertura de los sobres– que el Estado se hiciera cargo de unos 40 millones en
impuestos por la compra de los radares, eximiendo de ese pago a los proveedores. Rívolo y
Navas Rial consideraron que el Congreso le avisó que la ley de presupuesto iba a
contemplar esa modificación del pliego, por lo cual Domínguez no es responsable. La investigación abordó la presunta desaparición de un informe de precalificación en el que la empresa italiana Alenia aparecía en primer lugar, además de la doble foliatura, la aparición de folios en blanco y la falta de foliatura en las presentaciones de algunas de las empresas competidoras. En este último caso el ministerio había reconocido que sus empleados subsanaron esta falta durante el acto de apertura de los sobres, porque querían “privilegiar la competencia por sobre las formalidades”. En el dictamen al que tuvo acceso Página/12 los fiscales concluyeron que hubo desprolijidades pero no llegan a ser delito. Según ellos todo el acto estuvo supervisado por el Escribano General de la Nación y cuando los empleados del ministerio se pusieron a foliar la propuesta de la empresa Thompson se dejó asentado que esta actitud “no implicaba adelantar pronunciamiento en positivo o negativo sobre la cuestión”. Con respecto al informe de precalificación, Rívolo y Navas Rial afirmaron que no se encontró tal documento entre la enorme cantidad de elementos secuestrados en la sede del Ministerio de Defensa. Según el testimonio de dos integrantes de la comisión asesora técnica del Ministerio de Defensa para la licitación –el comodoro Oscar González, subdirector general de sensores radares de la Fuerza Aérea, y del mayor Alfredo Gentilini, jefe de la división radar de la región noroeste–, el “informe preliminar” no integraba el expediente licitatorio de manera formal” y “no se había labrado ningún papel de trabajo que exhiba la calificación o porcentual que les corresponde atribuir a las empresas oferentes”. En definitiva, los fiscales establecieron que estos “papeles de trabajo no se encontraban oficializados, carecían además de los informes finales de calificación por porcentual” y que “tampoco se generaron informes definitivos sobre las empresas oferentes aceptadas”. En relación con la polémica modificación de pliego, Rívolo y Navas Rial argumentaron que “no puede suponerse abuso o arbitrariedad por parte del funcionario público que suscribió la circular 36/97 en cuanto contó para ello con los elementos de juicio que se trataban en el Congreso”. Los fiscales reconocen que la circular implicaba “un certero cambio en las pautas fijadas legislativamente hasta entonces para efectuar las propuestas de ofertas por parte de las empresas”. Pero el entonces presidente de la Comisión de Defensa, el ex diputado Miguel Angel Toma, le envió una nota el 20 de noviembre de 1997 a Prol en la que le avisaba que habían dictaminado autorizar al Poder Ejecutivo la elevación del monto máximo de inversión correspondiente al Plan Nacional de Radarización. Es decir que Domínguez no incurrió en delito porque los diputados le avisaron que la modificación de la ley de presupuesto era un hecho porque ya se había consensuado, antes que confeccionara la circular. “Es poco serio, es un abuso porque el Ministerio de Defensa no cumplió con el marco jurídico”, se enojó el diputado denunciante Rivas ante la consulta de Página/12. El legislador recordó que “el ministro de Defensa nos dijo que priorizó la competencia antes que las `formalidades’, es decir que considera el pliego establecido por ley como un detalle menor”. El diputado socialista sostiene que Domínguez debe otra visita al Congreso para explicar por qué puso al frente de esta licitación a Francisco Stepanik, quien fue querellado por el procurador comunal, Ernesto Marcer, a raíz de las irregularidades detectadas en la pavimentación de la avenida Figueroa Alcorta. Según Rivas, aunque haya podido evitar la acción de la Justicia le cabe una responsabilidad política. Además de Domínguez fueron sobreseídos el secretario de Planeamiento Ronaldo Fernández Prol, el jefe de asesores Francisco Stepanik y el subsecretario de coordinación técnica Horacio Alvarez de la Fuente. Con esta sentencia favorable, el Ministerio de Defensa se dispone a reanudar el proceso de licitación de los radares que intentarán poner bajo control en espacio aéreo, según aseguraron a Página/12 fuentes oficiales. Según el enfoque que pudo recoger este diario en la empresa que aparecía como perjudicada, tras el lobby de lujo que realizaron el embajador de Italia, Giovanni Jannuzzi y –en su momento– tanto el premier Romano Prodi como su sucesor, Massimo D’Alema, el propio presidente Carlos Menem “llamó al orden a Domínguez y todo entró dentro de la transparencia”.
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