Por Cristian Alarcón
 ¿Es un
agente encubierto de vecino? No. ¿Es un policía de civil? No. Es don Mario, el
quinielero, hombre que peina canas, integrado a la red de vecinos de un sector de Barrio
Norte, quienes por propios medios e inversiones le dan combate al delito que los tenía
contra las cuerdas. Don Mario ruega anonimato, por lo delicado de su tarea. Tiene un
equipo de radio que se conecta directamente a la del policía que patrulla su calle por un
pago de servicio adicional que suma 1400 pesos mensuales. Con ello han conseguido bajar la
estadística de entre 20 y 25 asaltos mensuales de su zona a entre 4 y 5. Don Mario
pertenece al flamante Consejo de Prevención del Delito del Centro de Participación y
Gestión (CPG) II de Norte. Y del mismo órgano son las dos vecinas que despotrican contra
el pago de adicionales, y que en nada han visto mejorar sus perspectivas de víctimas en
los últimos meses. “Los que no podemos juntar para un policía seguimos siendo
robados. A la farmacia de mi marido ya le vaciaron la caja tres veces”, contrapone
Susana Menéndez, lejos de la 99.
Los Consejos de Prevención del Delito y la Violencia comenzaron a oficializarse a fines
del ‘98 y están organizados hoy en la mayoría de los barrios porteños, en torno a
los CPG. En el caso de Barrio Norte, la autoorganización de los vecinos contra el robo
comenzó antes, frente a uno de los picos de sensación de inseguridad de los últimos
tiempos violentos, el de julio–agosto del año pasado. Y junto a ellos, surgió lo
que los vecinos coinciden en señalar como “la dificultad esencial” para alejar
efectivamente el delito de sus casas y comercios: el traspaso de la Policía Federal de la
órbita del gobierno nacional a la del Gobierno de la Ciudad. “Para darle un ejemplo
–dice Domenica Luppino–, en el caso de la jurisdicción de la comisaría 19ª,
correspondiente a mi casa de regalos en Larrea y French, cuesta que el comisario venga al
Centro de Gestión. Dice que no corresponde, porque depende del gobierno nacional. Resulta
que a la comisaría el que no va es el fiscal contravencional. Y así.”
Como si se tratase de dos equipos dentro de una liga, los vecinos de Barrio Norte dividen
las aguas y el diagnóstico según las comisarías que les tocan en gracia. Son la 21ª,
la 19ª y la 17ª. “En las reuniones del concejo los tres comisarios se quejan de lo
mismo. Que no hay patrulleros, que no hay nafta, que no hay repuestos para los
autos”, cuenta Menéndez, mientras va señalando a uno y otro lado, quiénes han
pasado por el mal trago clásico. “En una –continúa Susana– plantearon que
no tenían testigos para las detenciones. Nos ofrecimos. Dijeron que a veces no tenían
vehículos. Dijimos que en horario normal podíamos prestarnos con los nuestros. Les dimos
los teléfonos de varios. Nunca llamaron.” Luppino cree que “lo que hacen es
patearnos la pelota”. El quinielero hace la distinción. “Con la 17ª tenemos
excelente relación”, dice. Ellas vuelven a señalar el adicional, que rechazan.
Si hay un desafío para los Consejos de Prevención es el de la fluidez de las
comunicación entre uniformados y civiles.
Domenica cuenta su experiencia con uno de los tres comisarios que han desfilado por la
19ª después del affaire Espartacus y sus implicancias en los intentos de depuración de
la fuerza. “Lo llamo y lo invito a una reunión con el Consejo y me pide que lo llame
para confirmar. Lo hago y me dice que no va a poder porque se reúne con un juez. Me
reconoce que arregló esa cita después de que nosotros lo invitamos. Entonces le digo:
Comisario, usted se debe más a nosotros que a un magistrado, así que puede ir
suspendiendo esa reunión.”
–Y usted cómo se atreve a darme consejos sobre lo que tengo que hacer en mi casa
–la recriminó un ofuscado comisario.
–Comisario, no es su casa. Es la comisaría, tan mía como suya –se despachó la
vecina.
“En esa etapa estamos –resume otra de las integrantes del Consejo, poco amiga de
la fama–. Estamos tratando de superar la instancia en la que aellos les entra por
acá y les sale por acá”, dice haciendo el gesto acorde a la incomprensión. Los
vecinos acuerdan en que los Concejos implican un proceso donde el delito se convierte en
materia de análisis y la pretensión es que sea objetivado. Una de las tareas de los
Consejos de Prevención es armar un mapa situacional del delito. “Esos mapas en cada
barrio varían. Por ejemplo acá nosotros tenemos claro que no vamos a poner que hay más
delito en las calles con prostitutas o taxi boys, porque ahí es donde menos se roba y a
nosotros no nos molesta como a los de Palermo. Lo mismo pasa con los linyeras. Queremos
que les asignen baños en las plazas. El problema del robo es con los ladrones y la
policía. Si no pagamos no hay policía, y primero tenemos que superar esa fase. Por ahora
van entendiendo que ya no son los dueños de casa.”
Asalto en una escuela
Eran las 10.30 de la mañana y los chicos esperaban ansiosos el recreo. Una mujer
embarazada entraba a la escuela con una torta para su hijo y los 4 ladrones aprovecharon
para colarse con ella. Una vez adentro, uno de ellos se dirigió a la dirección y
amenazó con un arma a la directora, un alumno que se encontraba allí circunstancialmente
y al portero, mientras los otros tres recorrían el colegio en busca de los sueldos que,
seguramente sabían, aunque escasos, los maestros cobraban ayer. “Acá los maestros
cobramos con cheque –dijo la directora María Esther López–, nunca hay plata en
la escuela; es el lugar donde menos plata hay.”
Las versiones de los chicos y la policía, que llegó al lugar alertada por un llamado
anónimo, difieren en cuanto a los hechos que siguieron. “Estábamos en clase de
lengua y vimos por la ventana a la policía, y en el pasillo vimos a los ladrones, uno
tenía una capucha”, dijo una nena de la escuela, “y pensamos ‘pasó algo,
mi hermano está abajo’, y empezamos a llorar”. Según aseguraron algunos
padres, los ladrones apuntaron con sus armas a dos chicos de 6 años, pero esta versión
fue negada por la policía.
La escuela 37 tiene más de 800 alumnos, y está ubicada en el barrio Frino de la
localidad bonaerense de José C. Paz, compuesto mayormente por un asentamiento de casas de
condiciones precarias. La policía llegó en pocos minutos, rodeó el lugar e intimó a
los asaltantes a abandonar sus planes de robo. Estos acataron la orden, pero se llevaron
una maestra de rehén, a la que utilizaron como escudo humano para evitar que les
dispararan. Luego huyeron por el fondo del colegio, previa liberación de la maestra. |
LA EXPERIENCIA EN MATADEROS, LINIERS Y NUÑEZ
Más cerca, pero no más seguros
 El barrio
de Mataderos fue el pionero. Allí, en noviembre del ‘97, nació el primer Consejo de
Prevención del Delito y la Violencia. Pero la inseguridad siguió pujando y hoy, un año
y medio después, ya son 13 los consejos y hay dos en proceso de gestación. Su idea
básica es trazar un mapa de la conflictividad barrial y una red de solidaridad entre las
instituciones para poder protegerse de la delincuencia. Sin embargo, los vecinos reconocen
que la presencia de los consejos no logró eliminar la sensación de inseguridad y
señalan que el mayor logro fue aceitar las relaciones entre instituciones.
Cada dos o tres semanas los consejos se reúnen en los barrios porteños. Diferentes
entidades barriales y representantes del gobierno de la ciudad tratan los problemas que
aquejan a la zona. Y cuando es necesario reclaman la presencia de la policía para pedir
respuestas o plantear necesidades.
En Mataderos, los vecinos tienen una idea romántica del policía. “Lo que
pretendemos es que sea conocido por los vecinos, como hace 40 años. Porque cuando el
agente está mucho tiempo se le da información de la gente que transita el barrio, de los
problemas y él puede trabajar mejor”, comenta Orlando Castelao, miembro del Consejo
de Mataderos. Entre los logros de este año y medio de gestión, Castelao señala que
“el trato con la policía se hizo más fluido y aumentó su presencia en la
calle”.
Juan José Roso, del consejo de Núñez, enumera las actividades de la entidad.
“Todos los martes y jueves un abogado toma denuncias de los vecinos porque tienen
miedo de denunciar en la comisaría. Además, hemos hecho entrega de folletería puerta a
puerta con notas de prevención.” Y, entre los próximos pasos a seguir, señala la
instalación de 15 urnas para que los vecinos respondan una sencilla encuesta sobre la
seguridad. Según Roso, los problemas más graves son los disturbios y robos a la salida
de las canchas de fútbol y los asaltos cuando los chicos salen del colegio. Para el
secretario de actas del Consejo de Liniers, Guillermo Chiochetti, “el problema más
grave eran las peleas y robos en la puerta de dos bailantas sobre la avenida
Rivadavia”, pero con ayuda de la policía se pudo controlar eso. Además, comenta, la
cercanía con el límite provincial hace que los delincuentes se escapen hacia afuera por
la General Paz.
En cuanto a la efectividad de los consejos, todos coinciden en que la gente es reacia a
acercarse porque es “incrédula” o sólo lo hacen cuando un problema los afecta
directamente. En ese sentido, Chiochetti agregó que “por lo menos, podemos
expresarnos y alguien del otro lado escucha”.
PARA MENEM, LA CRISIS NO PROVOCA DELINCUENCIA
“No son los pobres los que roban”
El
presidente Carlos Menem sumó lo suyo a la polémica en torno de la falta de seguridad, al
asegurar que las que están cometiendo los delitos son “las bandas organizadas”
y que, en consecuencia, “no tiene fundamento” el argumento de quienes dicen que
los niveles de pobreza son los que están motorizando la ola de robos registrada en los
últimos tiempos. Para Menem, “la situación social puede ser un elemento para
delinquir”, pero opinó que “no son los pobres los que roban sino los que pueden
adiestrarse para delinquir y para comprar drogas”.
Al hablar en la clausura del seminario sobre “La vigencia del pensamiento
estratégico de Juan Domingo Perón”, el Presidente insistió en sostener la postura
adoptada en los últimos días por el ministro del Interior, Carlos Corach, quien
minimizó el auge delictivo. “La Argentina –sostuvo Menem– no está tan mal
ubicada” en el continente, en lo que respecta al nivel de seguridad. Destacó incluso
que tiene un índice menor, en materia de crímenes, que los Estados Unidos.
El que abrió una brecha con el resto de las voces oficiales fue el procurador general de
la Nación, Nicolás Becerra, quien a manera de autocrítica sostuvo que en el país
“todavía no se construye una política criminal desde los poderes del Estado”.
En declaraciones a la prensa, el procurador puntualizó: “Lo digo con mucha
sinceridad, toda vez que por la Ley Orgánica del Ministerio Público es una obligación
que nos corresponde a nosotros delinear y prefijar las pautas de una política
criminal”.
Como justificación dijo que el área a su cargo se mueve “con las posibilidades y
recursos con que contamos”. Resaltó que “con gran esfuerzo” instrumentaron
la Oficina de Atención a la Víctima, aunque admitió que los ciudadanos desconocen
prácticamente la existencia de ese organismo porque “no se ha hecho una difusión
masiva” sobre el tema. En tanto, con el fin de analizar la situación de la
seguridad, el próximo jueves se reunirá el Consejo Nacional de Seguridad Interior,
compuesto por representantes de todo el país. El Consejo tratará de “arbitrar los
medios para evitar los picos de violencia y delitos que se produjeron en las últimas
semanas”.
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