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 El ministro
de Trabajo, Antonio Erman González, debió admitir que el nuevo mecanismo de retiro
anticipado para personas de 60 a 65 años redundará en jubilaciones más bajas, al tiempo
que el abogado laboralista Héctor Recalde denunció que con este sistema los trabajadores
financiarán la rebaja de los aportes patronales.Recalde advirtió que “todo esto está financiado por el propio trabajador, a través de la eliminación de la indemnización por despido, la rebaja de sueldos y la rebaja de aportes. Si se hace un juego de costo y beneficio, sale ganando la empresa”. González, por su parte, confirmó que el nuevo sistema, en principio presentado como una jubilación anticipada y después reconocido como una nueva forma de despido, permitirá a las empresas reducir sus costos laborales por la vía de bajar salarios y abonar cargas sociales y previsionales proporcionales a esa caída de ingresos. La semana pasada, el Ministerio de Trabajo dio a conocer el texto del decreto para la jubilación anticipada, en el cual se establece un mecanismo que permite a las empresas y a los trabajadores a quienes les falten hasta cinco años para retirarse, pactar una rebaja salarial de hasta el 40 por ciento para evitar el pago de la indemnización. Según indica el proyecto de decreto, las empresas pagarán aportes en relación con los salarios rebajados y no en función del ingreso anterior que percibía el “prejubilado”, al contrario de la versión que había dado al principio el titular de la cartera laboral. “No necesariamente es de aplicación obligatoria, el sistema es voluntario ya que surge de un acuerdo de partes. Es alternativo a la indemnización”, indicó el ministro de Trabajo. Al admitir que las jubilaciones de las personas que se incorporen al nuevo mecanismo van a ser menores, González recordó que “todavía está vigente la prestación básica universal que comprometió el Estado, para compensar a personas de determinada edad que afectaron aportes y optaron por el régimen de capitalización”. El funcionario defendió la prejubilación al señalar que “la ley le da al trabajador el derecho a percibir una indemnización en caso de despido” y advirtió que, en el caso de las personas mayores, “cobran y se quedan sin derecho a jubilación”, al perder los últimos años de aportes. “En el programa de jubilación anticipada entrarán empresas que estén o no en procedimiento de crisis, y se les pedirán garantías patrimoniales para que continúen haciendo los aportes. En caso de que dejen de pagar los aportes, renace el derecho para el trabajador de la indemnización íntegra”, explicó González. Recalde, a su vez, replicó que “el mecanismo que impulsa el ministro de Trabajo es imperfecto”, ya que choca con disposiciones de la DGI que le podrían hacer perder el beneficio jubilatorio a los que se sumen al nuevo procedimiento de despido. El abogado laboralista, asesor del Movimiento de los Trabajadores Argentinos (MTA), advirtió que “la que va a poder usar este procedimiento es la gran empresa, que tiene capacidad económica para hacer este negocio”. Aseguró, además, que el mecanismo “nace con las empresas telefónicas, sector donde se aplicó en forma experimental para despedir a casi 300 personas”. Recalde explicó que “la DGI no admite los aportes parciales”, y que las empresas Telefónica y Telecom “no aportaban al fondo de empleo y a las cajas de asignaciones familiares, por lo que Impositiva no los tomó como pago totales”. Como consecuencia, aseguró, “la gente que se acogió no se puede jubilar”.
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