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Por Adriana Meyer  La carta de
Juan Gelman al jefe del Estado Mayor del Ejército acusando al general Eduardo Cabanillas
como responsable del robo de su nieta o nieto tendrá un efecto judicial inminente. El
fiscal Eduardo Freiler aseguró ayer a Página/12 que pedirá al juez Adolfo Bagnasco la
citación de Cabanillas como imputado. Y este diario pudo saber que Bagnasco ya estudia la
posibilidad de convocar al actual jefe del Cuerpo II del Ejército. Freiler agregó que “la declaración de Cabanillas es importante en la medida que pueda aportar alguna respuesta nueva, y en cuanto esté dispuesto a colaborar de verdad en el capítulo de esta investigación referido a Orletti y al Plan Cóndor, en donde todavía necesitamos elementos”. El fiscal evaluó la posibilidad de pedir que la citación del militar sea en condición de imputado “por el elevado cargo que desempeñó en aquel momento”. En un expediente de la justicia militar abierto por denuncias contra el ex miembro de la Triple A Aníbal Gordon, Cabanillas reconoció en 1977 haber prestado servicios en la SIDE. Dijo haber revistado en la OT18, número que identificaba al centro clandestino Automotores Orletti. Cabanillas en ese momento era capitán, grado habitual junto con el de mayor entre los oficiales que tenían responsabilidad ejecutiva en los campos de concentración. Freiler ya pidió a Bagnasco que exija al Ejército la entrega del expediente del ‘77. El bebé de María Claudia y Marcelo Gelman, la nuera y el hijo del poeta, los dos secuestrados en Orletti, debió haber nacido en octubre de 1976. El apoderado de Gelman, Albor Ungaro, presentó copias de esa declaración ante el juez Bagnasco, cuando el escritor se presentó como querellante en la causa que investiga el plan sistemático de apropiación de menores durante la dictadura. Al ser aceptado como parte en este proceso, Gelman tendría derecho a presenciar el interrogatorio del próximo 23 al que será sometido Balza por una orden de Bagnasco, pero Ungaro pudo saber que es muy probable que el jefe del Ejército responda por escrito las preguntas del juez, haciendo uso de la prerrogativa que le da el cargo. Si bien el interrogatorio de Balza estará referido al allanamiento del Edificio Libertador, a partir del dato aportado por el periodista Horacio Verbitsky, el juez podría llegar a incluir el tema entre sus preguntas. Ayer Ungaro acercó al juzgado las dos cartas que envió Gelman a Balza y la respuesta de Balza al escritor, publicada en Página/12 el domingo último. Allí el general admitió que Cabanillas revistó en comisión en la SIDE desde el 5 de agosto de 1976 hasta el 28 de enero de 1977. Tras la acusación de Gelman a Cabanillas, el jefe del Ejército le respondió que su fuerza quedaba comprometida a “satisfacer los requerimientos legales” de la Justicia. Los investigadores del plan sistemático de apropiación de menores especulaban ayer con que los militares citados igual no pueden negarse a declarar “por el propio peso de la Justicia”, pero reconocían que las palabras de Balza en la respuesta a Gelman obligarían de manera más enérgica a Cabanillas a colaborar con esa causa. El domingo la abogada Mirta Mántaras opinó que los términos de la carta del jefe militar, contenidos además en un texto con membrete institucional, debían interpretarse como una orden por anticipado para que ningún oficial, incluido Cabanillas, pueda rechazar en el futuro la convocatoria de la Justicia. Esa fue la puerta que Balza dejó abierta, después de establecer que el represor de Orletti no fue imputado, procesado, condenado, indultado ni beneficiado con el Punto Final o la Obediencia Debida. Y agregó que no fue cuestionado por el Congreso al ascender ni su pliego fue censurado por el Ejecutivo. Por eso, el Ejército declinó investigarlo o sancionarlo. Gelman solicitó el año pasado la citación de Cabanillas, y también la de otros agentes de inteligencia como Eduardo Ruffo, el vicecomodoro Guillamondegui y el capitán Marcos Alberto Calmon. Su apoderado aseguró ayer a Página/12 que para tomar ese testimonio el juzgado debería considerar suficientes los documentos que aportó en su momento, porque “los desaparecidos son una parte que no está y la Justicia tendría que considerar esas pruebas como válidas para ponernos en igualdad de condiciones con quienes practicaron el terrorismo de Estado y hoy están acusados”. El letrado considera que en este caso podría también invertirse la carga de la prueba por la gravedad del delito –el secuestro y la apropiación de menores– como ocurre en el caso del enriquecimiento ilícito, es decir, que sean los represores quienes tengan que demostrar su inocencia. PROYECTO DE BRAVO PARA QUE CITEN A CABANILLAS
MASSERA EN EL HOSPITAL NAVAL Por A. M. NELIDA FARRAS DE VAZQUEZ
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El
diputado Alfredo Bravo presentará hoy un proyecto de resolución para que el general
Eduardo Rodolfo Cabanillas sea citado ante la Comisión de Defensa de la Cámara de
Diputados para explicar “las razones por las que, en su carácter de comandante del
II Cuerpo de Ejército, obsequia libros que denostan el informe elaborado por la Comisión
Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) y el juicio seguido a las ex juntas
militares”.