|
|
|
|
|
|
|
|
|
Por Horacio Verbitsky  La
candidatura del subcomisario Luis Patti a la gobernación de Buenos Aires podría verse
frustrada por obra de la Justicia, que le reclama cuentas por las torturas con picana
eléctrica aplicadas a detenidos cuando era policía en la zona norte del conurbano, punto
de partida de su resistible carrera política. Así lo deja entender un dictamen del
Procurador General de la Suprema Corte de Justicia provincial, Eduardo De la Cruz, quien
sostuvo que la causa debe proseguir. El dictamen fue firmado hace seis meses, pero hasta
ahora no había trascendido. En enero de este año Patti se jactó de que los carteles de su campaña eran pagados por el Consejo Nacional del Partido Justicialista a pedido del Presidente Carlos Menem, quien no lo desmintió. La semana pasada, Menem anunció su apoyo público a la candidatura de Patti, de quien dijo que era un amigo y un hombre de bien. Este apoyo fue dirigido en contra de Antonio Cafiero y Eduardo Duhalde. Ellos fueron, junto con Menem, los otros dos dirigentes políticos responsables de que Patti pasara de la penumbra de los calabozos en los que atormentaba a los infelices que caían en sus manos a los reflectores de la publicidad y aspirara a una de las máximas posiciones electivas. Cafiero lo protegió ante las primeras denuncias sobre maltrato a detenidos y envió al entonces jefe de policía provincial, Osvaldo Somohano, a expresarle su solidaridad al lugar donde estaba detenido. Duhalde lo designó al frente del Mercado Central, una corporación que depende de la provincia y de la ciudad de Buenos Aires, y lo presentó como el policía modelo que otros deberían imitar. Los tres lo hicieron sin ignorar la gravedad de los delitos que Patti ya había cometido. Ahora Menem se sirve de Patti para tratar de restarle a Duhalde el porcentaje de votos necesario para que la Alianza lo derrote, en la provincia y en la elección nacional. En el camino el presidente también deja a Cafiero, quien se ha cansado de repetir que está dispuesto a desistir de su candidatura, que nadie teme, dentro de una negociación general, que nadie quiere. Pero el 7 de octubre del año pasado, tres meses antes de que Patti comenzara a pegar sus primeros carteles pagados por la Casa Rosada, el Procurador General De la Cruz había dictaminado que debía continuar la causa contra Patti y contra sus colegas Ricardo Eduardo Brizuela, Eduardo Adrián Loyola y Vicente Oscar Schonfeld, por las torturas impuestas a los detenidos Mario Bárzola y Miguel Guerrero. La Cámara de Apelaciones de San Isidro, integrada por Roberto Borserini, Juan Carlos Fugaretta y Fernando Marotto ya había revocado dos sobreseimientos previos de Patti y ordenado la aceleración de medidas, por cuyo incumplimiento observó al juez Juan Carlos Tarsia. Ese tribunal confirmó la tercera prescripción, dispuesta por Tarsia, que fue apelada ante la Suprema Corte por el fiscal de Cámara, quien sostuvo que el tribunal “ha aplicado erróneamente el artículo 67, apartado 4º del Código Penal, al declarar la prescripción de la acción penal, obviando la existencia de plurales actos procesales producidos durante el sumario y configurativos de secuela de juicio, con entidad para interrumpir su curso”. El procurador De la Cruz sostuvo el mismo criterio y pidió a la Suprema Corte que devuelva la causa a la Cámara “para que continúe su trámite”. Lo que sigue es un ordenamiento de los hechos por los que el candidato de Menem y Edenor puede volver a la cárcel, según el auto de prisión preventiva firmado por el entonces juez y ahora camarista del tribunal oral Raúl Borrino: u Mario Bárzola y Miguel Guerrero fueron privados de su libertad en las últimas horas de la tarde del 11 de setiembre de 1990, en una forma que el juez, con un exceso de benevolencia, consideró legítima, pese a que no estaban in fraganti, no medió orden judicial ni se les dio ingreso en los libros de la comisaría de Pilar. Tres testigos, Silvia Fernández, Pablo Fernández y Dora Samudio vieron cómo Bárzola fue esposado y conducido en un auto por personal policial a las 20.30 del martes 11. Guerrero estaba detenido desde la mañana. u El tío de Bárzola, Antonio Moureira, testimonió que a las 3.30 del miércoles, la comisión policial dirigida por Patti irrumpió en su casa llevando a su sobrino y a Guerrero. Lo mismo dijo el testigo Ramón Padula. Ambos relataron que Bárzola pidió disculpas a su tío: “Perdoná Cacho, yo no quería meterte en esto pero me picanearon y me pegaron mucho”. Un acta firmada por Patti corrobora su presencia en la casa de Moureira en busca de cosas robadas. u El ingreso de Bárzola y Guerrero fue asentado en los libros de detenidos y de incomunicados de la seccional de Pilar dos horas y media más tarde, a las 6.10 de la mañana del miércoles 12. u Al ser indagado por el mismo juez Borrino, Guerrero confesó el robo por el que había sido detenido. Recién después denunció las torturas, lo cual ridiculiza la pretensión de que pudo habérselas autoinfligido para mejorar su situación procesal. Ya se había declarado culpable ante el magistrado. u Bárzola también denunció las torturas. Su versión es coincidente con la de Guerrero, con quien no pudo hablar antes de la indagatoria porque los dos estaban incomunicados, como consta en los libros policiales de la comisaría de Patti. u El anatopatólogo de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires comprobó las torturas en los cuerpos de Bárzola y Guerrero. Es decir que las abundantes fuentes testimoniales, documentales y periciales de información, son concordantes: tres testigos de la hora de detención; dos del allanamiento a la casa de Moureira; las declaraciones de los dos detenidos; el acta de allanamiento; los libros de la comisaría con la hora de ingreso y la incomunicación asentados; y el peritaje que comprobó las torturas. Hay otro elemento, que no figura en la causa, pero que era conocido por las autoridades de la Policía y del gobierno de la Provincia de Buenos Aires: el mes anterior a los hechos, cuando Borrino estuvo de turno, recibió una visita de Patti, quien le pidió apoyo para limpiar la zona. El juez le autorizó allanamientos por consentimiento, sin la orden previa, en caso de que la urgencia de un procedimiento lo requiriera en horas diurnas. “En los horarios en que el Código lo prohíbe, a cualquier hora que me llame yo voy a estar disponible para lo que usted necesite”, le respondió. Después Patti le preguntó por el uso de la picana eléctrica en los interrogatorios. “No, eso no. No se puede”, contestó el juez. Borrino no procesó a Patti por la privación ilegal de la libertad que surge de la misma instrucción. Es decir que no fue un obstáculo a la flexibilización de procedimientos que la policía reclamaba ya entonces para su tarea. Sólo quiso poner límites, sin los cuales, los medios desvirtúan cualquier fin. No fue la primera causa por hechos de violencia ilegal en contra de Patti. En 1973 fue acusado de acribillar en un metegol a tres adolescentes sospechados de una violación. La denuncia fue publicada en un diario local, cuyo director, Tilo Wenner, fue secuestrado durante la dictadura. En 1976 fue imputado por torturas al detenido Julio Di Battista, en San Isidro. En 1983 fue nuevamente sobreseído, esta vez por duda, en la causa por las torturas y el homicidio en Zárate de Osvaldo Cambiasso y Eduardo Pereyra Rossi. Según el parte oficial habían caído en un enfrentamiento con la policía pero varios testigos vieron el secuestro en un bar. El peritaje de la Morgue Judicial estableció que antes de la muerte habían sido golpeados, picaneados y atados con cuerdas, y que los disparos mortales fueron efectuados a quemarropa. Cuatro peritos oficiales y dos médicos forenses de la justicia nacional lo corroboraron. La Cámara de San Nicolás calificó como “de débil contextura la credibilidad” de la conducta de Patti. Añadió que ella, “en cuanto a la argumentada gestacióny dinámica del suceso resulta sospechosa”. También dejó constancia de que varios testigos modificaron en forma extraña sus primeras afirmaciones. Pero lo sobreseyó. Otra denuncia de Patti como torturador fue recogida por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas. En el legajo Nº 2530 figura como “Patty o Patti, (a) El loco. Oficial integrante de sección o grupo en la comisaría de Tigre”. Según el testimonio recogido “a esa regional iban a parar los detenidos en las escuelas secundarias y de ellos se ocupaba el tal Patti. Sabe por dichos de terceros que esa misma persona había tenido participación en un tiroteo en que murieron unos chicos de la secundaria, en Boulogne”. Uno de los detenidos en agosto de 1990 por el robo a la municipalidad de Merlo denunció que Patti lo había torturado, y el paso de corriente fue comprobado por el peritaje.
|
