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Por Romina Calderaro Desde Salta  “Hace
veinte años que mi hijo vivía ahí. Un día, salió con el caballo y cuando volvió ya
no había nada. Habían quemado la casita, con los muebles y todo, para que se vaya”,
contaba ayer Fausta, una mujer morena de 52 años. Su caso no fue excepcional: los ex
trabajadores del Ingenio San Isidro denuncian que todas sus viviendas fueron quemadas, sus
huertas arrasadas y sus animales robados. Antes de eso habían quedado sin trabajo.
Ocuparon, como pudieron, una fracción de treinta hectáreas y viven a la buena de Dios
mientras esperan justicia. Ayer cuatro diputados nacionales de la Alianza viajaron a
Salta, donde denunciaron la “situación de pobreza y marginación” de los casi
mil (ex) trabajadores del Ingenio San Isidro y reclamaron “medidas urgentes”
para solucionar su situación.Hasta hace diez años, el Ingenio San Isidro, del departamento salteño de Güemes, empleaba a dos mil obreros que vivían dentro de la finca junto a sus familias. Hace tres meses, el lugar se convirtió en un asentamiento de ranchos y casas de material a medio construir sin luz, gas, ni baños. La debacle comenzó en 1991, con la caída del precio del azúcar. La empresa se presentó en convocatoria de acreedores y al poco tiempo los trabajadores se convirtieron en desocupados. No fueron indemnizados, pero llegaron a un acuerdo: a cambio del dinero que les correspondía por los años de servicio, el ingenio les daría el título de propiedad de las casas y un pequeño terreno para armar una huerta propia. La tragedia comenzó hace unos meses, cuando la empresa Emaisa, adquirente de la subasta, desalojó a los habitantes de todos los lotes. El Ingenio San Isidro comenzó a funcionar en 1760 bajo el mando de los Cornejo, una familia tradicional de la provincia, descendiente de aristócratas peruanos. Funcionó sin mayores problemas hasta 1991. Hoy, ha reducido su funcionamiento al mínimo: no tiene más de 50 empleados, que trabajan a razón de catorce horas diarias y se llevan a su bolsillo, por esa jornada, siete pesos. Así explicó ayer el delegado de la comisión interna de los desocupados de esa empresa, Néstor Castro, a los legisladores aliancistas de la Comisión de Trabajo que viajaron a Salta para proponer medidas paliativas a la crisis y reunirse con la gente del asentamiento. Alicia Castro, Luis Brandoni y Horacio Pernasetti también se entrevistaron con funcionarios del Ministerio de Trabajo de Salta para pedir que se subsidie a los desempleados, pero no obtuvieron una respuesta concreta. Las cifras indican que la desocupación, sólo en Salta Capital, en 1998 era del 14 por ciento, y en ciudades como Tartagal, Orán y Güemes alcanzó en el mismo período el sesenta por ciento. Cuentan los habitantes de Güemes que la inseguridad aumentó al ritmo del desempleo. Los ex trabajadores del ingenio, en tanto, tratan de rehacer su vida. Lo primero que hicieron fue tratar de reconstruir sus casas. Por ahora, el asentamiento tiene casas de ladrillos a medio construir –la mayoría sin techo–. Los que todavía no pudieron comprar material se tienen que conformar con vivir en ranchos de chapas. A diferencia de lo que ocurre en Buenos Aires, esta villa contrasta fuertemente con la hermosura del paisaje cordillerano. Aunque es otoño, es un día veraniego en Salta y no se puede creer tanta pobreza en un lugar tan imponente. Los habitantes del asentamiento no tienen luz, ni gas, ni baño. La mayoría de ellos son desocupados, y menos del diez por ciento goza del beneficio de un plan Trabajar (contratos temporarios de trabajo contra el pago de $ 100 o 150 mensuales). Sin embargo, en el asentamiento puede verse más de un afiche que postula la reelección de Juan Carlos Romero (PJ), el actual gobernador de la provincia. “El intendente nos prometió que nos iban a dar estas tierras. También nos habían dicho que nos iban a facilitar los ladrillos, pero por ahora los tuvimos que comprar nosotros”, cuenta a este diario una abuela que vive en el asentamiento. Hernán Cornejo, el último dueño de la empresa, dice que la quiebra que se decretó “fue política y no económica”. Denuncia “manejos oscuros destinados a perjudicar a la empresa y a sus trabajadores”. La Justicia salteña negó validez a los convenios que firmaron los trabajadores, por lo que hasta el momento el problema continúa, y no hay garantía de que los desocupados puedan cobrar un seguro. Mientras tanto, según denunció Pernasetti, la empresa “estaría contratando trabajadores en negro, en condiciones mucho más precarias que las que tenían los anteriores”.
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