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Por David Cufré  Obras
públicas, programas sociales y de viviendas serán afectados por el recorte de gastos
convenido entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional. Roque Fernández encarará
en las próximas dos semanas engorrosas negociaciones con sus pares en el gabinete para
determinar qué otras partidas serán suprimidas. El objetivo es llegar a una poda de
gastos de 1000 millones de pesos con respecto a lo presupuestado para este año. Tal como
anticipó Página/12 el último sábado, la misión del FMI resolvió flexibilizar las
exigencias fiscales a Economía, permitiendo que el déficit alcance a un máximo de 4950
millones de pesos en 1999, 2000 millones por encima de la meta acordada a fines de 1998.
Aun así, el Gobierno deberá disminuir sus erogaciones para alcanzar ese límite, con la
consecuente postergación de inversiones en el campo social.Roque Fernández recibió ayer por la mañana a la misión del FMI, encabezada por la jefa del Departamento para el Hemisferio Occidental, Teresa Ter Minassian. El encuentro fue de carácter casi protocolar, dado que el nuevo acuerdo con el organismo había sido definido entre el viernes y el domingo por otros funcionarios de Economía. En el Palacio de Hacienda reconocen que fue la negociación más relajada de todas las que mantuvieron desde que Roque asumió como ministro en julio de 1996. Los delegados del FMI advirtieron que el contexto político, con elecciones presidenciales en pocos meses, y económico, con caída de la actividad en la región y precios en baja para los productos que exporta argentina, impedían plantear exigencias que, en los hechos, resultarían incumplibles. Los términos del nuevo convenio –que debió realizarse debido a que la crisis brasileña hundió las proyecciones previas de Economía– se sustentan sobre una estimación de caída del PBI de 1,5 por ciento para este año. El segundo de Roque, Pablo Guidotti, señaló ayer que antes de que termine el mes deberá quedar definido cuáles serán las partidas que no se ejecutarán para cumplir con el recorte del gasto. La tijera pasará primero por el programa nacional de viviendas. Guidotti explicó que fondos del Presupuesto que se destinan al Fonavi serán cancelados, debido a que quedará sin efecto la garantía que el Estado otorga a ese programa. Una parte del financiamiento del Fonavi surge de la recaudación del impuesto a los combustibles. Si el gravamen aporta menos de lo que el Fonavi necesita para realizar obras –algo que ocurre en la actualidad–, el Estado cubre la diferencia con recursos del presupuesto. Por este año, esa garantía desaparecerá. La eliminación de partidas también alcanzó al plan del Ministerio de Trabajo para mejorar el funcionamiento de la Policía del Trabajo, cuerpo encargado de detectar el empleo en negro. La cartera que conduce Antonio Erman González se había propuesto incrementar el número de inspectores y coordinar acciones de control con la DGI, a la vez que suscribió un acuerdo con las provincias para llevar un registro nacional de empresas infractoras. Ese programa se quedó sin fondos antes del arribo de la misión del FMI. La aspiración de González de recuperarlos, para lo cual tenía planeada una negociación con Economía, parece ahora improbable de concretarse, atendiendo a que el gobierno profundizará la reducción del gasto. Además de las metas cuantitativas, Economía asumió otros compromisos. El único que tiene plazo es la aprobación por parte del Congreso de la ley de Convertibilidad Fiscal, que pone un tope al déficit. Los legisladores deben definir cuál será ese máximo, que ni éste ni el próximo gobierno podrán exceder. El proyecto deberá estar aprobado en agosto. En cambio, figura como objetivo el sólo hecho de remitir al Parlamento –sin plazos para su sanción– los proyectos para convertir al Banco Nación en una sociedad anónima; el que modifica la carta orgánica del Banco Central; la nueva coparticipación de impuestos, y el reemplazo de la PBU por unaPrestación Básica Solidaria, que percibirán sólo los jubilados de menores ingresos.
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