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 El viernes
de la semana próxima, el presidente del Banco Central Pedro Pou deberá responder a la
larga mano de la Justicia. Ayer, fue citado a prestar declaración indagatoria por el juez
federal Gabriel Cavallo en la causa en que se investiga la responsabilidad del directorio
del Banco Central en el cierre del Banco Patricios. La acusación que pesa sobre Pou es
abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. También fue
citado a comparecer ante el juez el ex titular del Patricios, Alberto Spolski, por el
delito de administración fraudulenta.La causa que instruye Cavallo fue originada en una denuncia realizada a principios de enero por los diputados socialistas Alfredo Bravo, Jorge Rivas y Héctor Polino. En la presentación de los legisladores, de más de 100 carillas, se describen una serie de supuestos ilícitos atribuidos a las autoridades del Central durante el proceso de liquidación del Banco Patricios y del Mayo. “El resultado del indebido accionar del BCRA derivó en los siguientes perjuicios: quebrantos que, en conjunto, ascendieron a los 414 millones de pesos, perjuicios a ahorristas por unos 327 millones, redescuentos transitorios por iliquidez (que el BCRA no ha podido recuperar hasta el presente) por 384 millones de dólares”, detalla la denuncia. El análisis del juez se basa en los informes de peritos judiciales, que revelan que el directorio de la autoridad monetaria no actuó con suficiente rigurosidad en el control del Banco Patricios durante los dos años previos a su caída, en marzo del ‘98. Y, para peor, que luego permitió que el Banco Mayo absorbiera al Patricios, pese a que ya sabía que el primero se encontraba en serios problemas. “El Banco Central desprotegió a la masa de ahorristas al no efectuar en tiempo pertinente y en forma necesaria todos los actos de control” del Patricios, asegura uno de dichos informes. En tanto, agrega que “no se aprecia una actitud preventiva y eficiente frente a una situación de gradual insolvencia e iliquidez”. En el mismo sentido, se dice que meses antes de que Pou autorizara la compra del Patricios por parte del Banco Mayo, este último estaba lejos de cumplir los requisitos de capitales mínimos, lo cual ponía en serio riesgo su solvencia. Cavallo también le preguntará a Pou por sus supuestos dichos en contra de los “bancos éticos”, que el funcionario siempre desmintió. El juez quiere saber si efectivamente el titular del Central infringió la ley antidiscriminatoria al trazar un patrón de limpieza de los bancos judíos del sistema financiero. La sala primera de la Cámara Federal porteña ordenó que se unificaran en manos de Cavallo la causa del Patricios con las denuncias por la caída del Banco Mayo, que llevaba hasta ahora el juez Adolfo Bagnasco. De esta forma, todo indica que a partir de la semana próxima Pou se convertirá en un asiduo visitante de las oficinas de Comodoro Py.
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