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Por Maximiliano Montenegro  En la misma semana en que
se aseguró una banca de senador hasta el 2001, en una elección plagada de denuncias de
fraude y compra de voluntades, el ministro del Interior, Carlos Corach, consiguió un
aumento en las partidas que controla desde sus oficinas de 12 millones de pesos. Esos
fondos, según consta en las planillas oficiales, deberán ser gastados exclusivamente en
“bienes de consumo”: productos alimenticios, vestimenta e impresiones. En el
Presupuesto ‘99, el ministro tenía asignado por este concepto sólo 491 mil pesos,
por lo que multiplicó por 24 los recursos disponibles para este fin. Para financiar la
campaña política en la Capital, Corach no puede echar mano de los controvertidos Aportes
del Tesoro Nacional (ATN). Pero parece haber encontrado otra fuente de la fortuna.En el Ministerio del Interior dicen que esos millones extra servirán para pagar las elecciones generales del 24 de octubre. Sin embargo, los comicios ya estaban presupuestados en la partida “Relaciones interiores”, también del ministerio, por un monto de 100 millones de pesos. Incluso, este mismo rubro ya se había excedido el año pasado en 50 millones de pesos, por encima de lo presupuestado, pese a no haber habido elecciones de carácter nacional. Nadie duda del peso de Corach dentro del Gobierno. Pero ahora está claro que su poder se extiende más allá de la presión que ejerce el Fondo Monetario Internacional para recortar el gasto público, a la que no escaparán el resto de sus colegas en el gabinete. Por el decreto 344/99, que lleva fecha del martes 6 de abril, pero fue publicado el lunes último en el Boletín Oficial, Corach logró un aumento en su presupuesto de 12 millones de pesos. Más precisamente, los fondos irán a financiar las llamadas “actividades centrales”, que en la jerga presupuestaria significan las actividades directas del ministro. Para “actividades centrales”, en el Presupuesto ‘99 Corach tenía asignados 43.831.718 pesos. Es decir: sus recursos se incrementaron casi en un 30 por ciento. Pero la nueva disponibilidad de fondos frescos es mucho más grosera si se tiene en cuenta que, hasta ahora, buena parte de ese presupuesto iba a ser destinado a sueldos y gastos fijos. Por ejemplo: 17,5 millones para pagar al personal y 25,4 millones para solventar “servicios no personales” (servicios técnicos y profesionales, pasajes y viáticos, alquileres, gastos de infraestructura, etc.). En tanto, la partida bienes de consumo (productos alimenticios, textiles y vestuario, papel e impresos) sólo insumía 491 mil pesos. Los 12 millones con que contará ese concepto a partir de ahora implica multiplicarla por 24. Para acentuar el contraste con la austeridad que impondrá el ajuste al resto de los ministerios, el mismo decreto determina recorte de gastos y la suspensión de obras públicas por un monto de 130 millones de pesos. Más aún, el fin de semana pasado, mientras todavía se negociaba la magnitud del ajuste, el Ministerio de Economía filtró el borrador de decreto para dar la impresión de que el tijeretazo exigido por el organismo ya estaba en marcha. En ese decreto se detallan recortes en el gasto de Jefatura de Gabinete por 23 millones de pesos, en Economía por 21 millones, en Cancillería por 10,3 millones y en el Ministerio de Trabajo por 1,8 millón. Por ejemplo, en el área de Economía, se suspendió la ejecución de obras viales previstas en diversas provincias: la ruta 14 en el tramo Dos de Mayo-San Pedro; el mantenimiento preventivo de la ruta 40 en Neuquén, y la reconstrucción de las rutas 11, entre Famatina y el límite con Catamarca, 130 en Entre Ríos, 250 en Río Negro, 38 en el límite con Catamarca, entre otras. Como es sabido, Corach maneja discrecionalmente, y sin ningún tipo de control judicial o parlamentario, una caja de más de 500 millones de pesos anuales, para distribuir en la forma de aportes a provincias, municipios e ignotas asociaciones sin fines de lucro, amigas de la Rosada. Sin embargo,según explicó un funcionario, que pidió reserva de identidad, el ministro no podría financiar con ATN una campaña electoral en la Capital. Actualmente, el reparto de ATN en el interior es motivo de denuncias en el Senado, promovidas por legisladores radicales y duhaldistas. Pero el principal impedimento del oficialismo para desembarcar como Papá Noel en la Capital es instrumental: por ley, para entregar un ATN a una entidad privada, debe ser el gobierno provincial o municipal el encargado de recibir los fondos para derivarlos luego, mediante decreto, a su destinatario final. Por ahora, nadie imagina a Fernando de la Rúa firmando resoluciones para que cobren los punteros de Corach.
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