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Diputados les arrojó una soga a los productores

El paro agropecuario ya le arrancó algunas medidas al Congreso. Las zonas en emergencia y la cría de animales recibirán exenciones.

Los productores frutihortícolas de Río Negro y Neuquén ocuparon ayer las calles de las ciudades.
El tractorazo sureño fue el preámbulo de la medida de fuerza de la semana próxima.

Diputados dio ayer media sanción a un proyecto oficialista, con el que los que los legisladores intentan apuntalar el esfuerzo de Economía para evitar el paro agropecuario. La iniciativa propone la eximición del impuesto sobre los intereses para las zonas en emergencia y la deducción de Ganancias del valor de los animales destinados a cría. Las medidas para el campo, que Roque Fernández anunció el martes en esa misma cámara, no conformaron ni al justicialismo ni a las entidades del sector, que ayer ratificaron la medida de fuerza.
La Alianza intentó infructuosamente que se votara una propuesta “complementaria”, pero un cuarto intermedio promovido por el justicialismo la condenó a un futuro incierto. Entre otros pretendidos estímulos, Roque anunció una rebaja del 25 por ciento en el costo del peaje, la refinanciación de deuda bancaria con garantía de títulos públicos y el subsidio de dos puntos a la tasa de interés para los préstamos al sector. Pero los propios legisladores oficialistas consideraron insuficiente el paquete.
Durante la sesión especial que el PJ promovió para ayer, se votó el proyecto de Oscar Lamberto y del titular de bancada, Humberto Roggero, que postula deducir del Impuesto a las Ganancias el valor de las vacas y hembras porcinas. El propósito es alentar una recomposición de stock, ya que, en épocas de crisis, existe tendencia a liquidar las hembras. Con ésta se fusionó otra, promovida por Lamberto, que exime de los Impuestos a la Ganancia Mínima Presunta y a los Bienes Personales a los contribuyentes radicados en las zonas amparadas por la Ley de Emergencia Agropecuaria.
La vicepresidenta de la Comisión de Agricultura, la justicialista Marta Cardozo, asumió un rol más combativo respecto de Economía. Ayer difundió un dossier en el que cuestiona uno a uno todos los anuncios de Fernández, y acusa al Gobierno de querer desentenderse de los males del campo.
Con similar énfasis, el titular de la Sociedad Rural Argentina, Enrique Crotto, aseguró que con las medidas de Economía “no se puede levantar el paro”, que ratificó para los días 19, 20 y 21 de este mes. “Es más: creo que vamos a tener más adhesiones”, acotó.
Las declaraciones del ruralista fueron pronunciadas en el mismo momento en el que los productores frutihortícolas de Río Negro y Neuquén realizaban una masiva movilización por las calles de las principales ciudades patagónicas, demandando auxilio oficial para el sector. El tractorazo sureño fue casi un preámbulo de la medida de fuerza que todo el campo planifica para la semana que viene y que el Gobierno no consigue evitar. “Las medidas no son óptimas, pero es lo máximo que el Gobierno puede conceder sin poner en riesgo la estabilidad económica”, sentenció ayer el recién asumido secretario de Agricultura Ricardo Novo.

CONFLICTO CON LAS TERMINALES POR EL PLAN CANJE
Las concesionarias en emergencia

La cámara de concesionarios automotores se declaró ayer en estado de emergencia económica. Los empresarios más poderosos del sector advirtieron que si las terminales rechazan una serie de planteos tendientes a mejorar su rentabilidad, la fuente de trabajo de 20 mil personas correrá peligro.
El marco de fondo del enfrentamiento –ahora declarado– entre vendedores y productores de autos es la implementación del Plan Canje II.
Los concesionarios se resisten a ceder parte de sus ganancias, que aseguran son las más bajas de la historia, para abaratar los costos de ese programa, mientras que las terminales demandan que aporten 3 de los 10 puntos porcentuales de rebaja de los vehículos promocionados.
Tras el fracaso de las negociaciones con ADEFA (terminales automotrices), la Asociación de Concesionarios (Acara) planteó ayer públicamente las controversias que mantiene con la industria. Abel Bomrad, presidente de la entidad, recordó que a principios de los 90 los concesionarios aceptaron bajar en 2 puntos su rentabilidad, en pos de reducir los costos de los vehículos y afianzar la reconversión del sector. “En este marco, las terminales nos exigen que vendamos productos de una sola marca, tengamos talleres propios y ofrezcamos financiación con cero por ciento de interés. Pero, a la vez, permiten la aparición de centros de venta multimarca, sin talleres propios, y con una estructura de atención al cliente mucho más económica”, se quejó Bomrad, quien pide igualdad de condiciones.
Otro de los motivos de la “emergencia económica” enumerados por los dirigentes de Acara es la “insoportable presión impositiva que sufre el sector”. Del 14 por ciento de margen que les queda a los concesionarios sobre la venta de cada una unidad, el 40 por ciento lo deben destinar al pago de impuestos. Descontando otros costos, las agencias de autos obtienen una ganancia neta sobre la colocación de cada vehículo “que, en el mejor de los casos, ronda entre el 1,5 y el 2 por ciento”, aseguró Bomrad. “Si nuestros pedidos no son atendidos, la continuidad laboral de 20 mil personas se verá amenazada”, concluyó.

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