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Por Cledis Candelaresi  “No somos piratas
negros”, se esmera en aclarar Gianfranco Rizzo, quien desde hace veinticinco años
maneja en Argentina los prósperos negocios de Impregilo, una de las principales
contratistas del país, y líder del grupo que construyó Yacyretá. En diálogo con
Página/12, el empresario desmenuzó el conflicto que hoy embreta al Gobierno por esa
presa: aunque la sociedad que integra junto a la francesa Dumez, Eriday, ya cobró 1800
millones, le reclama al Estado otros 1500 millones. Henry Kissinger y Mariano Cavagna
Martínez difícilmente puedan resolver este conflicto con su inminente arbitraje. Para el
hombre que negoció con el gobierno desde las condiciones de Salto Grande al tendido del
Acceso Norte, la última palabra la pronunciará Carlos Menem en Anillaco, fuera de las
formalidades.–¿Cuál es la deuda que Eriday reclama al Estado? –Tenemos un contrato de 1500 millones de dólares a valores de 1980, que, actualizados, significarían unos 2300 millones. Por capital son 270 o 280 millones de dólares, más la actualización. Hay más de 50 reclamos. Pero sólo 8 cubren más del 85 por ciento de la deuda que exigimos al Estado. –¿Por qué conceptos? –El más conocido es el del desagio: desde 1985 hasta hoy por cada 100 pesos que facturo, me pagan 93 y medio. En términos de capital, a lo largo de la obra nos descontaron unos 55 millones de dólares, sólo por este concepto. Otro es la consecuencia de la hiperinflación. En 1989, durante la híper, estábamos trabajando a pleno con una facturación de entre los 15 y 20 millones por mes. La EBY (Entidad Binacional Yacyretá) siempre se atrasaba en los pagos. Cuando cobrábamos, cobrábamos menos. –¿Cuál es, entonces, el reclamo total? –La deuda actual de la EBY supera los 1500 millones. Porque otro de los problemas fue la tasa de actualización. En 1987 se acordó que para las deudas en moneda argentina –que representan la mitad del mix de monedas– se aplicaría la tasa de descuento de los certificados publicada todos los meses por el Banco de la Nación Argentina. Esa es la que se usó. –¿Pero cómo puede ser que haya saltado de 790 millones a 1500 en seis meses? Un informe de La Auditoría General de la Nación sostiene que en junio los reclamos de Eriday llegaban a 790 millones... –La Auditoría nunca nos auditó. Se limitó a preguntarnos por carta, desde 1995, cuál era nuestro estado contable con la entidad binacional. Respondimos detallando cuál era nuestra facturación normal, pero también que teníamos una deuda no consolidada por reclamos, que en aquella fecha ascendía a 790 millones. Y no la actualizamos más. Todos los años respondemos que existen los reclamos referidos en aquella primera nota. Actualizar el monto es un “trabajo chino” de diez personas durante tres meses. Si la Auditoría hubiera tenido mandato para negociar, yo pondría toda mi gente para hacer ese cálculo. Pero no siendo así... Como el año pasado terminamos la obra, sí hicimos el cálculo, agregando 5 o 6 reclamos más. El más pesado, por unos 200 millones, es porque no aceptamos un índice de actualización de nuestros costos, en base al precio del acero. No somos unos “piratas negros”, ni los más vivos de los vivos, que inventamos reclamos a último momento. Desde el comienzo del contrato nos opusimos a utilizar esa fórmula de ajuste, pero el Gobierno insistió. –Si los reclamos están fundados en compromisos escritos: ¿por qué Jorge Pedreira (presidente del EBY hasta diciembre) dijo que sólo el 20 por ciento era procedente? –Estamos en un tema complejo, donde hay muchísimo dinero en juego en el denominado monumento a la corrupción. Nosotros tenemos que encontrar “el paladín de la verdad” dispuesto a sacrificarse y firmar que acepta un reclamo. Después, este funcionario tendrá que soportar el festival de los medios de prensa, empezando por Página/12. ¿Por qué Pedreira no firmó un reconocimiento, aunque sea del 20 por ciento? Porque no se animó areconocer ni 300, ni 100 millones ni nada. Si no lo firmó un funcionario anterior, ¿por qué lo haría el que sigue, que se encuentra con un monto que crece por la actualización y por la deuda que se sigue devengando? Hay un efecto combinado bola de nieve y Poncio Pilato. Además, hay una cláusula importante en el contrato que alienta esto. –¿Cuál cláusula? –Sobre la solución de controversias. Cuando el contratista hace un reclamo, la entidad debía tomar posición en 75 o 90 días. Si lo reconoce, aun parcialmente, tiene que pagar. Si no es igual a lo que pedimos, podemos esperar que la obra finalice y exigir un arbitraje por la diferencia. Nosotros mandamos quinientas cartas al Estado exigiendo resolver la cuestión y advirtiendo que llegarían a pagar por actualización varias veces el monto del capital. Del otro lado: silencio. Obviamente, nosotros no vamos a perdonar un peso de actualización. –¿Por qué cree que el ex ministro Domingo Cavallo eludió un arbitraje, argumentando que el Estado argentino tenía todas las de ganar? –Porque no quería pagar. –¿De quién fue la idea de someter el tema a arbitraje ahora? –Nuestra. Terminamos la obra el 31 de mayo y, puntual como la muerte, yo pedí la certificación de fin de obra. Pero el EBY certificó recién el 25 de septiembre. En octubre yo designé a Henry Kissinger. Ellos a Cavagna Martínez lo designaron recién en febrero. Perdimos varios meses, y tampoco renunciamos a la actualización de esos meses. –¿Por qué Kissinger? –Por dos razones. Pensamos que un árbitro internacional entendería inmediatamente nuestro razonamiento contrario al desagio. Cualquier abogado extranjero necesita una larga explicación para entenderlo. Después, dentro de la categoría de los árbitros internacionales pensamos que debía ser un hombre fuerte. No sólo por el monto involucrado, sino...(risas) para soportar eventuales presiones. Kissinger no va a sostener montos que no sean razonables a nuestro favor. Pero tampoco se va a someter a presiones de Argentina o Paraguay para castigarnos. –¿Cree que Menem lo presionó durante la reunión que tuvo con él en Anillaco en diciembre? –No creo. El Presidente conoce bien la situación, porque algunas cartas con nuestros reclamos se las hicimos llegar a él. Pero creo que ningún funcionario se animó a decirle con toda crudeza: “Esta gente tiene razón”. Sin embargo, tenemos documentación que demuestra que todos los reclamos fueron, en alguna oportunidad, reconocidos aunque sea conceptualmente. Bien sea por el ingeniero consultor, el departamento técnico, el consejo de administración de la entidad, o por la Secretaría de Energía. –¿Cuándo estaba a cargo de quién? –De Carlos Bastos. –¿Qué y cuánto les reconoció Bastos? –Yo tengo la carta de Bastos donde nos reconoce el desagio y la comida ofrecida al personal de obra, que no estaba en el contrato, pero que la Uocra nos exigió con huelga y a punta de pistola. En total, Bastos nos admitió 115 millones. Pero, para nuestra sorpresa, rechazó unos ajustes por hiperinflación, adicionales a los que ya habíamos cobrado. Lo rechazamos en 24 horas porque era totalmente insuficiente. Fue cuando le mandamos una carta a Cavallo y a Menem pidiéndole que intervinieran. –¿Cómo se explica que habiendo tantas dificultades para cobrar, el costo total de Yacyretá haya saltado de 1500 millones presupuestados originalmente a más de 12 mil millones gastados en la actualidad? –Acá hay una gran confusión... Nosotros cobramos, por todo concepto, inclusive ampliación de plazos, 1800 millones. El resto fue para otras cosas. Por ejemplo, 5000 millones para cubrir costos financieros. –Ustedes recibieron un tratamiento ventajoso, cobrando reintegros sobre lo que invertían... –No fue un tratamiento preferencial. Se trata de un régimen creado por la ley 20.852, por la que el Estado trató de incentivar la compra de insumos argentinos. Por Yacyretá cobramos 90 millones. Pero estos reintegros se pagaron en casi todas las obras públicas: Alicurá, Piedra del Aguila... –¿Por qué cree Menem relevó a Jorge Pedreira, que tenía una posición crítica hacia los reclamos de ustedes, por Raúl Reali? –Entiendo que Pedreira tuvo una diferencia con el consejo de administración por la designación del árbitro estatal: él lo quería a Héctor Masnatta en lugar de Cavagna Martínez. Pedreira es un hombre muy ligado a Roque Fernández, y trabajó mucho en el tema. Incluso, sacó algunas certificaciones atrasadas. Hizo la limpieza chica. Pero la grande, no quiso o no pudo hacerla. –¿Qué cree que pasaría si fuera a la Justicia? –En realidad, ya fuimos a la Justicia a plantear el tema del desagio, aunque no la cuestión de sustancia, porque no queríamos resignar la posibilidad de ir a arbitraje. Planteamos que el desagio era una modificación contractual resuelta por un director del EBY y, según contrato, todo cambio en los contratos debe surgir del acuerdo entre Argentina y Paraguay. Pero la Justicia consideró que el tema debía ser sometido a arbitraje: todo queda en manos de “San Kissinger” y “San Cavagna”.
COMO TRABO IMPREGILO LA CONCESION
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