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Por F.A. Para Guido Di Tella no será sencillo evitar que prospere la solicitud de juicio político que el juez federal Jorge Urso presentó el martes por la noche ante la Cámara baja. Según el magistrado, habría serias sospechas sobre la participación del canciller en la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia, y quiere que la Comisión de Juicio Político suspenda los fueros que protegen al funcionario para poder indagarlo por su presunto ocultamiento de pruebas, falsedad ideológica y por poner en peligro las relaciones amistosas con el Perú. Di Tella no la va a sacar más barata que González, aseguraron ayer en el bloque oficialista al recordar que Erman González evitó ser procesado en el marco de la misma causa luego de someterse a un extenso interrogatorio por parte de los legisladores de la comisión enjuiciadora. Pero a diferencia de aquella oportunidad, ahora los duhaldistas se muestran menos dispuestos a respaldar los entuertos del gobierno nacional y amenazan con dejar a Di Tella en manos de la Justicia. Necesitamos una explicación convincente de Di Tella ante la Comisión de Juicio Político para desestimar el pedido de desafuero del juez Urso, aseguraron ayer en el bloque de diputados justicialistas anticipando los duros días que le esperan al canciller. Los legisladores recordaron que esa fue la estrategia utilizada para bloquear un pedido similar presentado por Urso en contra de Antonio Erman González, también involucrado en el contrabando de armas que se llevó a cabo gracias a un decreto que firmó mientras estaba a cargo de la cartera de Defensa. Pero el paralelismo se detiene en el recrudecimiento de la interna justicialista. Ahora la unidad del bloque se fragmenta sin remedio a la hora de salir en defensa de los funcionarios. Así lo reconoció el propio abogado defensor de Di Tella, Carlos Daray, al señalar que: Los diarios dicen que el oficialismo va a rechazar el desafuero, pero se olvidan que el oficialismo ya no es uno. Hay internas que todos conocemos. El destino de Di Tella está en manos de Eduardo Duhalde, graficó ante Página/12 un diputado recientemente alineado al proyecto político del gobernador. El pronóstico se confirmó ayer por la tarde cuando desde el Parlamento trascendió que los legisladores del duhaldismo estarían dispuestos a votar a favor del desafuero del ministro. De ser así, el destino del canciller estaría sellado. El justicialismo logró hasta ahora imponer su estrecha minoría en la Comisión de Juicio Político para desestimar un centenar de pedidos de enjuiciamiento que pesaban no tan sólo sobre funcionarios del gobierno, sino también sobre numerosos jueces sospechados de responder a los intereses del Ejecutivo, entre ellos el propio Urso. Pero, ahora, los 14 miembros que el PJ tiene sobre los 27 integrantes de la Comisión están divididos en dos grupos bien definidos. El menemismo, integrado por el presidente de la Comisión, César Arias, y los diputados Manuel Baladrón, Arnaldo Estrada, Dolores Domínguez, Ermelinda Gudiño, Oscar Sat, Carmen Caillet y Javier Mouriño respaldará al ministro. El duhaldismo, representado por Carlos Soria, Norma Godoy, Dámaso Larraburu, Diana Gutiérrez, Bernardo Quinzio y Carlos Snopek condicionarán su voto acorde a las indicaciones que lleguen desde La Plata. La Alianza anticipó que apoyará el pedido del juez Urso, ya que entiende la razonabilidad de sus argumentos y la gravedad de las sospechas de las que es objeto el ministro. Se descuenta que Ricardo Bussi, quien también integra la Comisión, se sumará a lo que decidan los menemistas. El panorama preocupa seriamente al gobierno nacional que ayer se abocó a una serie de reuniones informales después del habitual encuentro en Olivos del gabinete nacional. Entre ellas una charla a solas entre Carlos Menem y Di Tella en la que se habría decidido no dar ningún paso hasta ver cómo progresan las cosas en el Congreso. Entre ellas, si el canciller está encondiciones de superar la indagatoria de los legisladores, en la que no sólo deberá responder a la ofensiva de la oposición.
PERIODISTAS REPUDIA LA CENSURA DE UN LIBRO EN
CHILE La
asociación PERIODISTAS repudió ayer la censura previa ejercida por la Justicia de Chile
contra la periodista Alejandra Matus. La ley de seguridad invocada está en abierta
contradicción con la Convención Interamericana de Derechos Humanos, de la que Chile es
signatario, que sólo admite responsabilidades ulteriores, sostuvo PERIODISTAS.
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