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Por Julio Nudler  “Antes de fin de
año se podrá elevar la jubilación mínima de 150 a 190 pesos, y a 200 a partir del año
2000”, dijo ayer Roque Fernández tras la reunión del gabinete nacional en Olivos.
Según el ministro de Economía, serán beneficiados unos 400 mil jubilados del antiguo
sistema, que rigió hasta 1994. El esquema, basado en una propuesta de Carola Pessino,
secretaria de Equidad Fiscal, que debería lograr el apoyo del Parlamento, propone además
la reducción de la PBU (Prestación Básica Universal) para los trabajadores que se vayan
jubilando con haberes relativamente altos, y su supresión completa para los del tope. De
allí saldría teóricamente el dinero para subir la mínima del viejo régimen. Sin
embargo, a los analistas previsionales no les dan las cuentas, y sospechan que todo se
reduce a una jugada política. Como la elevación del piso no tiene financiamiento y
debería ser pagada por el próximo Gobierno, la medida obligaría a la Alianza o a
Eduardo Duhalde a absorber el costo político de anularla. En el proyecto de Pessino, al que aún le faltan los números, la PBU sería en realidad sustituida por una Prestación Básica Solidaria. Este adjetivo ya había sido utilizado al imponerse el principio de caja para la Seguridad Social, que en el fondo dispuso que los jubilados que le ganaran juicios al Estado cobrarían sólo en la medida en que al sistema previsional le sobraran recursos tras atender el pago de jubilaciones y pensiones. De modo que cada vez que el Gobierno apela al término “solidaridad” es porque se dispone a perjudicar a alguien. La iniciativa de Carola y Roque –ambos oriundos del CEMA– cayó mal entre los entendidos, incluyendo las AFJP, porque es un nuevo manoseo a un sistema que, como el previsional, debería ser permanente, ya que implica un contrato intergeneracional. “Si dos veces por semana aparecen en los diarios proyectos para modificar el régimen y cortar beneficios –se quejó una fuente, que pidió reserva–, nadie va a querer seguir aportando al sistema. Es lo mismo que sabotearlo.” Es importante recordar que los aportantes no pueden hacer valer ningún derecho adquirido porque, según la jurisprudencia, los derechos se adquieren recién en el momento de jubilarse. El régimen abolido en 1994 prometía como jubilación un 82 por ciento del sueldo al momento del retiro, pero no lograba pagarlo. Con el nuevo sistema, un asalariado promedio, con un sueldo de unos 800 pesos, puede esperar cobrar algo menos de un 60 por ciento. Alrededor de un 30 lo recibirá como resultado de la capitalización de sus aportes (en la hipótesis de una rentabilidad promedio del 5 o 6 por ciento anual a lo largo de treinta años), y el resto por la PBU. Suprimida ésta, la jubilación esperable sería de apenas un 30 por ciento, por lo que desalentaría la contribución a un sistema que ya sufre altísimos niveles de evasión. Fuentes próximas a Pessino insisten en que aún no hay números precisos, aunque trascendió que la PBS, que reemplazaría a la PBU, declinaría respecto de ésta a partir de las jubilaciones de 700 pesos. Pero si así fuera, el ahorro fiscal sería muy pequeño en el corto plazo, y sólo se acercaría a los $ 300 millones anuales dentro de unos 15 años. En ese momento quedarían muy pocos jubilados del viejo sistema a los cuales beneficiar. Por ahora la economía oscilaría entre 20 y 30 millones en un año, mientras que el aumento prometido a 400 mil pasivos costaría 208 millones. Como número comparativo, la rebaja de un punto en la contribución patronal al sistema le hace perder al fisco $ 500 millones anuales. Aunque es obvio que a la PBU no se le puede sacar tanto jugo, la iniciativa puede servir, manipulando un poco las cifras, para respaldar los argumentos en favor de una nueva quita en los porcentajes de aporte empresario. En cuanto a la elevación de la edad jubilatoria de las mujeres a 62 años, asimismo anunciada ayer por Fernández, tampoco tendría un efecto fiscal significativo. Aunque hay consenso en la razonabilidad de tender a igualar la edad de retiro para los dos sexos, suena contradictorio que al mismo tiempo otra área de Gobierno, como Trabajo, impulse la prejubilación cinco años antes de lo debido para damas y caballeros.
INFORMES CONTRADICTORIOS SOBRE EL NIVEL DE
EMPLEO Por Pablo Ferreira
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