Por Alejandra Dandan
 Como corolario de una
semana caracterizada por un in crescendo en materia de reclamos de mayor seguridad, el
presidente Carlos Menem anunció un paquete de medidas destinadas a combatir el delito, o
según su propia definición, “limpiar las calles de la Argentina”. Las medidas
se anunciaron tras una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad Interior. El
plenario consensuó, entre otros puntos, el estado de movilización y disponibilidad de
los 42.500 hombres de Prefectura y Gendarmería Nacional que colaborarán con las
policías provinciales en la represión de delitos. Se pidió al Congreso que acelere el
tratamiento de reforma del Código Penal y se aprobó la tramitación de un crédito de
200 millones de dólares para construir cárceles y financiar la modernización judicial.
Los anuncios fueron tomados con cierto escepticismo por la oposición (ver recuadro). El
gobierno de Eduardo Duhalde, además de manifestar que no existe una situación de alarma
que requiera de tales medidas, las denunció como “políticas represivas”.
El plenario del Consejo fue convocado por Menem, una semana atrás, y ayer congregó a los
máximos representantes en materia de seguridad de las 23 provincias y Capital Federal.
Como primer síntoma de distanciamiento, Duhalde envió sólo un veedor y para el mismo
día apresuró la reunión de su propio Consejo de Seguridad provincial (ver aparte).
Desde temprano, el Presidente plantó medidas que sus ministros se encargarían de afinar
en un encuentro donde la profundización de temas quedó relegada para acelerar la
presentación de las medidas. Durante la apertura, Menem hizo trepar el debate sobre la
“creciente ola de violencia” en el país a una “cuestión de Estado
vinculada con la gobernabilidad”. Según el Presidente, la paz social en riesgo
“afecta la vida cotidiana de millones de argentinos en todo el país, pero sobre todo
dentro del conurbano bonaerense”. Para combatirla, adelantó la movilización de
Gendarmería y Prefectura. El Presidente las puso a disposición de los gobiernos
provinciales “para que cooperen con las autoridades, en primer lugar con el
conurbano”. Pero el camino más próximo a seguir tal vez no sea el territorio
duhaldista. Como Buenos Aires no integra el Consejo de Seguridad deberá existir un
convenio entre el Estado nacional y el bonaerense para implementarlo.
Hasta ahora Prefectura y Gendarmería sólo podían intervenir en las provincias en tres
marcos: con orden de un juez federal, ante un delito federal, o por pedido expreso del
gobernador por una situación excepcional. El secretario de Seguridad, Miguel Angel Toma,
explicó a Página/12 que a partir de ahora “con la orden del Presidente, cuando los
ministros de provincia requieran del apoyo de Prefectura o Gendarmería en su propio
distrito, para cumplir tareas de seguridad, directamente articularán el modo entre el
jefe local y la máxima autoridad de estas fuerzas federales”. Así planteado, estos
efectivos prestarían servicios sólo para objetivos puntuales y después de que sea
requerido.
Sólo en la Capital Federal, ambas fuerzas cumplen ahora roles similares a los que
asumirían en el interior. Como ejemplo, el ministro del Interior, Carlos Corach, habló
de los 1600 efectivos que custodian instituciones judías o musulmanas, por lo cual 1600
policías pueden ahora estar en tareas de prevención.
Si en Salta, ejemplifica Toma, “la policía llama a Gendarmería y dice: `Necesito 3
camiones y 30 hombres para cubrir tal sector por una banda que asaltó un banco, si la
Gendarmería tiene esos hombres inmediatamente los pone a disposición’”.
Los puntos principales del paquete de medidas son:
 Se solicitó al
Congreso la sanción en sesión especial de los proyectos de reforma al Código Procesal
Penal, entre otros el régimen de reincidencias y la reducción de 3 a 2 años de la pena
susceptible de ejecución condicional.
Se pedirá un
préstamo de 200 millones de dólares para la modernización judicial y policial en
materia de comunicaciones, transporte y cárceles.
Se creará una
comisión interprovincial para coordinar el sistema de identificación en tiempo real de
personas por huellas digitales.
Se reclama la
exención impositiva para compras del equipamiento de policías provinciales, fuerzas de
seguridad federales y servicios penitenciarios.
Se convocará a
los ejecutivos de los medios de comunicación para transmitir la preocupación del Consejo
por “el contenido violento de programaciones y textos y su influencia en el
incremento de la violencia en la sociedad”.
| La posición de Duhalde Mientras el Ejecutivo nacional disponía ayer una batería de medidas contra
la sensación de inseguridad, sobre todo en el conurbano bonaerense, el gobierno de
Eduardo Duhalde informaba sobre la caída del 15 por ciento de delitos en su territorio.
En simultáneo, Olivos congregaba el Consejo de Seguridad Interior y la provincia de
Buenos Aires reunía por adelantado a su propio Consejo. Al encuentro nacional, el
gobernador envió sólo un veedor, amparado en que la provincia no integra aquel Consejo
formado por casi todo el resto de las jurisdicciones. “No existe una situación de
inseguridad o de alarma que desborde la capacidad de respuesta que tiene esta
provincia”, aseguraron a Página/12 fuentes del Ministerio de Justicia y Seguridad,
encabezado por León Arslanian. En este sentido, indicaron que “ni siquiera los datos
estadísticos demuestran tal desborde”.
Arslanian presentó un estudio estadístico que demuestra la caída de los delitos en su
provincia: “En el ‘97 se cometieron 28 mil ilícitos, cifras que en el ‘98
fueron reducidas a 23.700”, indicó la misma fuente. Entre los homicidios dolosos,
los datos indican que del ‘97 al ‘98 se pasó de 1186 a 1112 acusados. De todos
modos, desde el Ministerio se admitió que “lo que se registró es un aumento de la
violencia”. En este punto coincidió el procurador general de la Corte, Eduardo
Matías de la Cruz, quien ratificó que “no aumentaron los índices de delitos sino
que ahora son más violentos”. |
EL IMPACTO DEL ANUNCIO ENTRE LOS GENDARMES
“Mejor que en la frontera”
Por Raúl Kollman
“En la fuerza la
medida cae bien, sobre todo entre los gendarmes, que prefieren mil veces estar cuidando
una esquina de Buenos Aires, que estar apostados en el medio del campo, custodiando la
frontera. Pero, en realidad, lo que deberían hacer es incorporar hombres a las otras
fuerzas, en lugar de desproteger las fronteras por las que entran, entre otras cosas, una
parte de las armas que se usan en los asaltos.” El diagnóstico pertenece a un hombre
de Gendarmería cercano a la jefatura, que aceptó hablar con Página/12 sobre el impacto
de los anuncios presidenciales en esa fuerza.
Según el hombre de Gendarmería, la idea es “sacar dos mil gendarmes de las
fronteras y traerlos a las zonas urbanas, porque en este momento es menos noticia la
frontera que el robo que se produce en la esquina”. Agrega que “la Policía
Federal tiene 4000 hombres en sus destacamentos del interior, pero no los quieren traer:
prefieren mantener su influencia en todo el territorio. Esta es una interna vieja de las
fuerzas de seguridad: los policías provinciales no quieren ahí a los federales y los
federales quieren mantener su influencia”.
A los gendarmes, sostiene, la tarea no les molesta: “son gente apta porque son duros,
casi todos nacidos en el interior y que se mueven exclusivamente en las zonas inhóspitas.
Es decir, se bancan todo, no se quejan y vienen de estar en lugares donde tienen pocas
oportunidades de corromperse o de pedir coimas. De manera que al Gendarme le parece casi
un descanso, si bien tienen muchas dudas de que les llegue algún dinero adicional por
meterse en las zonas urbanas. Esa plata nunca llega, dicen que el ministro no firmó la
partida y cosas así”.
Según su análisis, tampoco a los federales les inquieta la presencia de los gendarmes,
“siempre que no se metan en las cosas más rentables. Si es para que hagan guardias,
no hay problemas. Las guardias y custodias no las quiere nadie: son un trabajo ingrato, al
pedo, la gente pasa frío, están molestos, no pueden ir a comer ni al baño, es
psicológicamente muy desgastante”. “La jugada –argumenta sin embargo–
es más un golpe publicitario que una medida efectiva: lo más eficiente sería reforzar
las fuerzas de seguridad y de investigaciones que ya existen. Poner este operativo
tardaría aproximadamente unas tres semanas. Además, la Gendarmería no tiene ni los
vehículos ni las comunicaciones adecuadas.”
El
debate sobre las propuestas |
Fernando De la Rúa
(jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires)
“Movilizar a Prefectura y Gendarmería está bien, porque es necesario cubrir esta
ola de violencia, pero también revela la falta de políticas previas, que condujo a tan
altos índices de delito. Al Gobierno le faltó una política criminal.”
En respuesta al ministro del Interior, Carlos Corach, quien había sostenido que “la
sociedad no va a perdonar la tibieza del radicalismo” en materia de seguridad, De la
Rúa replicó que “quien no resuelve los problemas y se llena con palabras sin
sentido, es un inútil”.
Carlos “Chacho” Alvarez
(candidato a vicepresidente de la Nación por la Alianza)
“Poner la Prefectura y la Gendarmería a luchar contra la delincuencia es militarizar
el conflicto. No se puede tener por mucho tiempo a estas fuerzas en la calle, no se puede
reconvertir a la Gendarmería para que sea policía, y por eso la medida es cortoplacista.
Yo mandaría más policías a la calle, pero mejor pagos y mejor entrenados; reasignaría
partidas presupuestarias para incorporar más efectivos y sacaría de las comisarías a
los que realizan tareas burocráticas que pueden ser hechas por civiles.”
Graciela Fernández Meijide
(candidata a gobernadora bonaerense por la Alianza).
“No veo que sea más eficaz meter más fuerzas de seguridad en las calles, si no
están debidamente entrenadas. No es una cuestión de amontonar, sino de ser eficaz. La
anunciada movilización de Prefectura y Gendarmería puede ser una mera medida
comunicacional, tal vez logre algún efecto disuasivo, o simplemente será algo inútil.
Yo no creo en las soluciones espasmódicas sino en las respuestas serias, que se atienen a
investigaciones serias y que, sobre todo, respetan las instituciones.”
Franco Caviglia
(secretario general del partido Acción por la República)
“En la Argentina no existe un plan nacional de seguridad pública: se cabalga sobre
la coyuntura y según la demanda de la gente. Si parece que no alcanzan los policías en
la calle, bueno, llamemos a los efectivos de la Prefectura y la Gendarmería, o aumentemos
las penas para los delitos, pese a que en muchos países se demostró que esto no
disminuye el delito. Todo aumento de las penas genera más violencia a futuro, porque la
cárcel enseña el oficio de delincuente y el preso, cuando finalmente quede libre, será
mucho más peligroso que antes.” |
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