Por Carlos Rodríguez
Desde hoy,
por lo menos 30 móviles identificables de la Gendarmería y de la Prefectura
se sumarán al patrullaje preventivo que realizan por las calles de la ciudad de Buenos
Aires los patrulleros de la Policía Federal. El secretario de Seguridad Interior, Miguel
Angel Toma, en diálogo con Página/12, subrayó que tanto Gendarmería, como la
Policía y la Prefectura tienen estado policial y por ende la obligación de actuar frente
al delito, a cualquier hora y en cualquier circunstancia. De ese modo, Toma
confirmó que la incorporación de las dos fuerzas al sistema de seguridad metropolitano
será tanto en lo preventivo como en la represión de cualquier hecho
delictivo. Por otra parte, Toma anticipó que se reunirá con el ministro de Economía,
Roque Fernández, para pedirle que se excluyan a las áreas destinadas a la
seguridad del recorte presupuestario de 1.500 millones de dólares acordado con el
FMI.
Toma puntualizó que el tema de la seguridad tiene una prioridad absoluta para
el gobierno y en consecuencia el recorte presupuestario se debe hacer por otro
lado. El secretario de Seguridad participó de una reunión realizada ayer en el
Salón de los Escudos de la Casa de Gobierno para poner en marcha las medidas dispuestas
en el encuentro del jueves del Consejo de Seguridad Interior. De las deliberaciones,
presididas por el ministro del Interior, Carlos Corach, participaron los directores de la
Gendarmería, Timar Mussumeci, y la Prefectura, Jorge Maggi, y el subjefe de la Federal,
comisario Mario Data. Jefes de las tres fuerzas volvieron a reunirse por la noche
para coordinar operativamente el accionar conjunto a fin de mejorar el
accionar preventivo y represivo.
El secretario de Seguridad, ante la consulta de este diario, fue muy contundente al
afirmar que la ley equipara muy claramente la función de las tres fuerzas.
Cuando se le comentó que, a pesar de la cuestión legal, realizan funciones muy
distintas, insistió: Tienen jurisdicciones distintas, pero tienen la misma
responsabilidad.
¿Para usted es lo mismo custodiar la frontera, o el puerto de Buenos Aires, que
hacer vigilancia en un banco? preguntó Página/12.
¿Quién custodia Puerto Madero? Lo hace la Prefectura, que actúa como policía de
esa zona, que los sábados por la noche reúne más gente que la city porteña durante
todo el día. ¿Y quién hace control poblacional y de vehículos en las rutas nacionales?
Lo hace la Gendarmería.
Sin embargo, consultas realizadas por este diario permitieron determinar que en la
Policía Federal había cierto desconcierto sobre cómo se dividirán la tarea. Para
nosotros sería muy difícil hacer un operativo en un barco, en el puerto, mientras que
eso es un juego de niños para los prefectos. Hay un dicho que señala muy claramente
zapatero a tus zapatos, fue el comentario de una alta fuente policial
que dijo reflejar el sentimiento de la fuerza. Yo creo que ellos van a colaborar en
la prevención, pero nosotros vamos a intervenir en la represión de los hechos, salvo en
los casos concretos como la zona del puerto, donde Prefectura tiene desde siempre el
control jurisdiccional.
Toma tiene su propia visión de las cosas: Detrás de nuestra decisión no hay
ningún intento de quitarle jurisdicción a nadie, ni de agregarle a otros jurisdicciones
que no tienen. Lo único que buscamos es coordinar, colaborar y sumar al trabajo común de
la prevención y de la represión de los delitos. El viceministro del Interior,
Jorge Matzkin, sostuvo que desde hoy se va a poder observar la presencia de
Gendarmería y Prefectura en las calles de la ciudad.
El secretario Toma aclaró que las dos fuerzas no van a tener nuevos puestos
fijos, salvo los 1.600 que ya tienen como custodios de templos y escuelas judíos y
musulmanes. En las calles se verán por lo menos 30 móviles de las dos
fuerzas. Se aclaró que hay vehículos que ya realizan tareas de enlace entre esos 1.600
puestos fijos, pero hasta ahora se utilizaban autos no identificables. Los
autos oficiales, en los que irántres efectivos, además de la labor habitual recorrerán
distintas zonas como refuerzo de los patrulleros policiales. El ministro Corach acotó que
custodiarán zonas específicas donde hay necesidad de incrementar una
presencia disuasiva para prevenir la comisión de delitos.
El jefe del Gobierno porteño, Fernando de la Rúa, insistió en que es
importante la convocatoria a Gendarmería y Prefectura fundamentalmente en la
provincia de Buenos Aires, porque ahí está el colchón más importante de droga, al
igual que de distribución de armas, y estas dos fuerzas son las más capacitadas para
combatir estos problemas. La intervención de las dos fuerzas de seguridad será
automática en la Capital Federal, pero en las provincias sólo intervendrán si las pide
expresamente cada gobierno. A pesar de la opinión de De la Rúa, el gobernador Eduardo
Duhalde desecharía la presencia de gendarmes y prefectos en las calles de la provincia,
por el posible efecto negativo que tendría la militarización del territorio.
Carlos Chacho Alvarez, por su parte, también apoyó el refuerzo de la
seguridad como medida paliativa, pero pronosticó que ni la Gendarmería
ni la Prefectura están preparadas para esa tarea. En definitiva, estuvo de acuerdo
con el manotón de ahogado frente a los reclamos de seguridad, pero aclaró: Esto no
debe confundirse con una estrategia que pueda resolver el problema.
La mano dura provincial
El Gobierno bonaerense promulgó ayer una ley que modifica duramente el Código Procesal
Penal de la provincia: restringe las posibilidades de excarcelación de un imputado y
aumenta las posibilidades de suspensión de la libertad (en los casos de condenas en
suspenso). La excarcelación de una persona podrá ser denegada si el acusado no tiene una
residencia estable, si el delito fue cometido por un grupo donde hubiera menores de 18
años, si se trata de un reincidente, si hay indicios de que el imputado tratará de
eludir la acción de la Justicia o entorpecer la investigación, o si sobre él pesara la
sospecha de que representa un peligro cierto de lesión de bienes jurídicos o de
reiteración delictiva.
Más flores para Patti
Los mimos del menemismo a Luis Patti no paran. Ayer el encargado de profesar su
admiración por el estilo del ex comisario acusado de torturas fue el jefe de Gabinete,
Jorge Rodríguez. A punto de partir hacia las zonas inundadas de Santa Fe, rescató como
ejemplo de seguridad al partido de Escobar, en mejor situación en materia de
seguridad gracias a la conducción política del afamado ex policía
bonaerense. Cuando los periodistas que lo rodeaban le recordaron a Rodríguez lo publicado
por Página/12 el martes pasado la Justicia continúa investigando a Patti por una
causa de torturas a dos detenidos, el jefe de Gabinete consideró que se trataba de
otro tema, que va por la vía judicial.
Si bien Rodríguez reconoció que Patti no está a cargo de la seguridad de Escobar, y por
lo tanto no ejerce ninguna mano dura, consideró que el hecho de que sea él
el intendente de ese partido, logra que se vea que hay seguridad. Rodríguez
cree que de esa forma los escobarenses se dan cuenta de que están en mejor
situación que en otros partidos como es el caso de Vicente López o San Isidro
(ambos radicales). |
CRITICAS A LA IDEA DE PLEBISCITAR LA MANO DURA
Es una reacción histérica
La propuesta del
legislador justicialista Carlos Soria para someter a consulta popular el endurecimiento de
la legislación en materia de seguridad sólo contaría con el apoyo del gobernador
Eduardo Duhalde. Legisladores de la oposición la calificaron de reacción
histérica y despropósito. E incluso hubo resistencia dentro del bloque
duhaldista, donde un legislador justicialista calificó de incoherencia la
posibilidad de enfrascarse nuevamente en la idea de una consulta popular, después de la
frustrada propuesta para la reelección del presidente Carlos Menem.
La diputada del Frepaso Nilda Garré opinó que la iniciativa del presidente de la
comisión de Asuntos Constitucionales, Carlos Soria, es consecuencia de una
reacción histérica. Y aclaró que la Constitución especifica que materias
penales, constitucionales, fiscales y tratados internacionales no pueden ser motivo de
consulta popular. Además, informó que no puede haber dudas al respecto, ya que el
artículo 39 se refiere a la consulta popular de manera suficientemente explícita.
Por su parte, Federico Storani, titular del bloque radical de la Cámara baja expresó que
la posibilidad de hacer una consulta popular es un despropósito, porque en un tema
tan técnico y complejo como es la legislación penal, que lleva años de estudio de los
especialistas, es completamente innecesario. Por otra parte, agregó: Mucho me
temo que, de contrabando, se quiera meter alguna ley que sea imposible apoyar por nosotros
porque tendría un criterio puramente represivo.
Dentro del bloque duhaldista de la Cámara de Diputados también hubo disidencias. Un
legislador que no quiso ser identificado sostuvo que es una incoherencia
haber estado cuestionando una consulta popular hace 15 días (sobre la reelección
presidencial) y ahora proponer otra. Sin embargo, la diputada duhaldista Sara
Liponezky de Amavet apoyó la propuesta de Soria y expresó que una consulta de este tipo
sería útil para poner en sintonía la labor del Congreso y lo que la gente está
dispuesta a aceptar.
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