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Por Horacio Verbitsky  Si el que informa es un
radical, la iniciativa la llevó Chacho Alvarez. Si relata la reunión un miembro del
Frepaso, quien condujo las deliberaciones fue un insólitamente decidido Fernando De la
Rúa, mientras su compañero de fórmula padecía un ataque de asma que casi le impedía
hablar. A una semana de haber reciclado la ex Alianza para el Trabajo, la Justicia y la
Educación en Alianza por la Seguridad & otros rubros, los socios se recriminan uno al
otro por el paso en falso. “Fue la desdichada coincidencia de un conservador y un
pragmático”, define uno de los asistentes al encuentro del viernes 9, la que sembró
confusión y alarma entre los garantistas radicales y los progresistas del Frepaso, que
aun quedan. Unos y otros están azorados por el papel preponderante asumido en el tema por
la ex menemista, ex cavallista y ex duhaldista Patricia Bullrich, autora de
una”Convocatoria Nacional por la Emergencia en Seguridad”, el documento base
sobre el que se elaboraron las propuestas para combatir “el flagelo” del delito.El mismo vocablo se usó para definir movimientos políticos como la guerrilla, o adicciones, como la que provoca el consumo de ciertas sustancias estupefacientes. En ambos casos, tal denominación fue acompañada por declaraciones de guerra. La militarización de problemas sociales o políticos complejos es el camino más corto y estridente hacia el fracaso. Lo más notable es que radicales y frentistas declaran en privado falta de entusiasmo por la tónica represiva que está asumiendo la Alianza y la explican por necesidades electorales. Algunos llegan a decir que De la Rúa y Chacho están tranquilos porque saben que no cuentan con número suficiente en el Congreso como para que sus desvaríos se plasmen en leyes. Ni Menem ni Duhalde son oponentes que puedan subestimarse de ese modo. Ambos ya levantaron la apuesta, colocando a la Alianza en una disyuntiva espantosa: o aceptar el desafío y parecerse cada día más a su adversario, o cederle el paso, pero ya legitimado por el torpe discurso represivo de quienes se suponía identificados con otros valores. La explicación que puede escucharse muy cerca de la conducción de la Alianza es asombrosa. La coalición estaba trabajando en la cuestión social, dicen. El jueves 8 la fórmula presidencial junto con el economista en jefe, José Luis Machinea, presentaron en el hotel Castelar un proyecto de transformación del Banco Nación en fuente de financiamiento para pequeñas y medianas empresas (PYMES) y economías regionales. Creían que así generarían un hecho político importante, pero casi todos los medios ignoraron la cuestión. “Si uno se guía por los medios, mientras éramos azotados por la rrreelección, no había crímenes. Terminó la rrreelección y salieron los delincuentes a la calle. La temeridad de los medios ha instalado la agenda del terror colectivo, de impredecibles consecuencias”, sostiene un allegado que habló bajo condición de anonimato. El anuncio de los créditos para PYMES sólo fue reproducido en “Diario Popular” y “La Razón” y apenas mereció un título de un noticiero. En cambio, todas las pantallas chorreaban sangre y olían a pólvora, continúa el testigo de las súbitas decisiones de la Alianza. Al ver eso, a la mañana siguiente, resolvieron cambiar el orden de prioridades y formular el primer anuncio ese mismo día, durante la primera caravana bonaerense. En este punto, las fuentes radical y frentista coinciden: fue Chacho quien argumentó la necesidad de “acompañar el reclamo de la sociedad”. Durante la reunión de emergencia de ese día, varios participantes se refirieron a la etiología social de la violencia. Un asistente dijo que debía preverse que se generalizaran los homicidios en ocasión de robo. Otro dijo que “si tenemos que vivir con este índice de desempleo habrá que acostumbrarse a este índice de violencia”. Alvarez y su asistente cuyano, Alberto Flamarique replicaron que nada de eso podía decirse. No estaban buscando un diagnóstico, sino un latiguillo de campaña. Pasado el apuro inicial seproducirá un documento más estructurado que los 14 puntos difundidos la semana pasada. Este miércoles una comisión integrada por los radicales Ricardo Gil Lavedra, José Cafferata y Melchor Cruchaga, los frentistas Nilda Garré y Santiago Díaz Ortiz, y la variable señorita Bullrich, deben entregar un programa integral. Entre otras medidas más o menos obvias, incluirá la creación de un Consejo de Política Criminal, la reorganización policial basada en la descentralización y el control político y la participación comunitaria. Uno de los datos impactantes que manejan indica que sobre un presupuesto de 680 millones de dólares, la Policía Federal sólo destina a equipamiento 0,85 millones al año. Las reuniones sobre seguridad de la Alianza Bonaerense son aún más complicadas, porque los miembros de la fórmula se profesan una aversión indisimulable. Durante la reunión del lunes pasado, a la que Melchor Posse introdujo a varios punteros de barrio, los especialistas radicales cuestionaron el nuevo Código Procesal. Ese texto instituyó el proceso acusatorio (fiscal que dirige la investigación policial y acusa, defensor que responde, juez de garantías que cuida la legalidad del procedimiento y tribunal que sentencia). Basándose en críticas razonables a su deficiente implementación, los radicales plantearon la necesidad de regresar al viejo sistema inquisitivo (juez de instrucción que delega la investigación en la policía y luego sentencia) y hasta llegaron a plantear la reincorporación de algunos comisarios de la mejor maldita policía del mundo. También cuestionaron el desmembramiento policial en 18 jefaturas departamentales. Pero Graciela Fernández Meijide les pidió que se limitaran a elaborar planteos generales aptos para el discurso electoral. Cuando un penalista radical planteó reducir a 14 años la edad de imputabilidad, Graciela lo interrumpió:”Ahorrate palabras, porque esas cosas yo no las voy a defender”. En una declaración publicada el jueves por “Clarín”, luego de insistir en la cuestión económica y social, Graciela reiteró que “debemos continuar con el nuevo Código Procesal Penal” del que sólo criticó que no se hubieran creado “rápidamente los tribunales y los cargos de jueces y fiscales adecuadamente preparados”. Se rehusó también a bajar la edad de la imputabilidad, “porque primero descenderemos a 14 años, luego iremos a 12 y finalmente a 10, que es la edad de los chicos que limpian los parabrisas de los coches por monedas”. Principiantes y suicidas Ni conservadores ni pragmáticos se conmueven por valores o principios. Sólo miden conveniencias, y de muy corto plazo. Por eso llama la atención el travestismo de la Alianza en un partido de la ley y el orden, cuestionable también por su dudosa eficacia. El presidente Carlos Menem con su propuesta de .limpiar las calles. y su convocatoria a las fuerzas paramilitares encargadas de custodiar las fronteras y las costas, y el candidato Eduardo Duhalde con la propuesta de someter a consulta popular el ablandamiento de garantías en aras de una presunta eficacia policial, pasaron por encima de la Alianza. Esos principiantes de la Alianza no les van a ganar en promesas irresponsables justo a ellos, que llevan diez años de decir cualquier cosa y hacer cualquier otra. Al menos tres episodios previos siguieron pautas similares: 1 Durante la disputa por la candidatura de la Alianza, el Frepaso ofreció tantas garantías al establishment económico que se desdibujó, desalentó a sus simpatizantes y no atrajo a ningún sector significativo nuevo. Colocó la competencia en el terreno que más le convenía a De la Rúa y lo favoreció. (Ni Chacho ni Graciela admiten esta lectura de los comicios de noviembre último. Ambos prefieren creer que la derrota obedece al presunto carácter conservador de la sociedad). El perfil de los decepcionados que se alejaron es variado. Incluye desde jóvenes que seidentifican con el movimiento por los derechos humanos hasta el cincuentón burgués ilustrado Gustavo Caraballo, quien pidió la baja por maternidad con esposa nueva. 2 A raíz de la presión del gobierno nacional, que señalaba al modesto Código de Convivencia Urbana como responsable de la inseguridad, la Alianza se dispuso a reformarlo. Pero Menem se le anticipó y repuso por decreto los derogados edictos policiales. La Alianza había perdido legitimidad para resistir esa intrusión. 3 La consulta procuraba impedir que Duhalde capitalizara la oposición a una nueva hipotética candidatura presidencial de Menem. Ocurrió lo contrario. Dada la falta de credibilidad popular ante un riesgo tan remoto, la Alianza debió agradecer que el Superior Tribunal la obligara a suspender la consulta. La caravana convocada en su reemplazo sólo atrajo a los cuadros organizados de la UCR. El despropósito fue tan manifiesto que al arrancar la caravana los candidatos pronunciaron acalorados discursos anti rrreeleccionistas y al concluir, dos horas después, dieron la cuestión por terminada e instaron a ocuparse de otros temas. El increíble resultado que consiguieron al agitar el inverosímil fantasma menemista fue blanquear a Duhalde, quien desde octubre de 1996 (recordar el jarrón de Coppola) trataba de tomar distancia del jefe de los Restos del Estado, sin conseguirlo. En el primer caso, el candidato radical batió a la candidata frentista, en los dos restantes, la Alianza cedió posiciones ante el PJ. No es un pecado menor que la Alianza devolviera el control absoluto de las calles a las estructuras corruptas de la policía. De ese modo evitó la profundización de una crisis que hubiera propiciado una reforma a fondo de la Policía Federal, imprescindible si se trata de mejorar las condiciones de seguridad y de adecuar sus estructuras para que acompañen un proceso democrático. Durante un año, De la Rúa había presionado en tal sentido, porque ésas son sus convicciones. Pero no había podido imponerlas, por la resistencia del Frepaso. Luego de la integración de la fórmula presidencial, fue Alvarez quien disciplinó a su propia gente para llevar a la práctica la voluntad del candidato. En la reunión del viernes tuvo incluso palabras despectivas para las dos eminencias jurídicas de aquel Frepaso innovativo y cuestionador que hoy desea olvidar: el penalista Raúl Zaffaroni, por su papel inspirador del Código de Convivencia, y el procesalista Alberto Binder, por haber intervenido en la disolución de la ex banda armada “Policía Bonaerense”. Zaffaroni le respondió con una visionaria columna publicada aquí el miércoles donde sin nombrarlo se refiere a los “políticos suicidas que creen sacar partido subestimando a quienes advierten el peligro de las policías desbocadas”, y que “acaban asombrados cuando sus familiares o ellos mismos son secuestrados”. Binder no se dio por enterado. El viento punitivo No es que el justicialismo carezca de contradicciones, sino que tiene décadas de práctica en convivir con ellas. En la última ha aprendido, incluso, a procesarlas sin el empleo de armas de fuego, pese a todos los vaticinios en contrario de los especialistas en prever el pasado. Ni siquiera el fraude denunciado en las elecciones internas de la Capital Federal y El Chaco parece conmover esa singular aptitud para la unidad de los contrarios. En la cuestión de seguridad, a las diferencias entre el gobierno nacional y el de Buenos Aires, se suman las que se aprecian dentro de cada uno de ellos. No es lo mismo Carlos Arslanián que Orlando Caporal, ni Raúl Granillo que Miguel Toma, aunque los dos últimos hayan coincidido en una lista en las elecciones internas del domingo. Los partidarios de la mano dura y la tolerancia cero no son una originalidadargentina, como el dulce de leche o el tango. Por el contrario, sólo son silbidos del viento punitivo que comenzó a soplar en Estados Unidos y ahora está barriendo Europa. A ello alude Prisons de la misère un libro aún inédito del investigador de la Universidad de Berkeley y el Colegio de Francia, Loïc Wacquant. En un anticipo publicado en la edición de este mes de Le Monde Diplomatique Wacquant describe la “redefinición de las misiones del Estado que, en todos lados, se retira de la arena económica y afirma la necesidad de reducir su rol social y de incrementar y endurecer su intervención penal”. Allí como aquí, “la seguridad se define en términos físicos y no de riesgos de vida (salarial, social, médico, educativo, etc.)”. El “nuevo sentido común penal dirigido a criminalizar la miseria y de esa manera normalizar la precarización laboral, se incubó en Estados Unidos y se internacionalizó a instancias de la ideología económica y social fundada sobre el individualismo y la mercantilización”. Consiste en el “desvanecimiento del Estado económico, la disminución del Estado social, el refuerzo y la glorificación del Estado penal”. Su promoción por todos los medios es difícil de resistir: “el ‘coraje’ cívico, la ‘modernidad’ política, hasta la audacia progresista obligarían a adoptar los clichés y los dispositivos de seguridad más deformes”. Se trata de “apaciguar los temores de la clases media y alta mediante lapresión permanente sobre los pobres en los espacios públicos”. En Gran Bretaña la penetración de las ideas norteamericanas se expresó en el libro colectivo Tolerancia cero. El servicio de policía en una sociedad libre. El título resume su filosofía política: “Libre quiere decir liberal: no intervencionista arriba, en materia fiscal y de empleo, pero intrusivo e intolerante abajo”. Las clases populares son “apretadas entre las pinzas del subempleo generalizado y la precarización laboral por un lado, y el retroceso de la protección social y la indigencia de los servicios públicos por otro”. Al explicar la reforma penal de 1998, la más represiva de la posguerra, Tony Blair dijo queconsideraba “justo ser intolerantes con los sin techo en las calles”. El gobierno socialdemócrata francés justificó la redefinición de la problemática social en términos de seguridad, con palabras que pueden escucharse también en Buenos Aires. Se trataría de “impedir que las clases medias se inclinen hacia soluciones políticas extremas”. (Aquí, Mariano Grondona precisó “el fascismo”, pero no se le ocurrió nada mejor que citar a Von Clausewitz para describir la “batalla electoral”). El nuevo sentido común penal llegado de Estados Unidos contempla “la represión acrecentada de los delitos menores y las simples contravenciones, el incremento de las penas, la erosión de la especificidad del tratamiento para la delincuencia juvenil, la inteligencia sobre la población y sobre los territorios considerados de riesgo, y la desregulación de la administración penitenciaria. Todo ello está en perfecta armonía con el sentido común neoliberal económico-social, al que completa y sostiene, al prescindir de toda consideración política y cívica para extender al ámbito del crimen y el castigo el modo de razonamiento economicista (el imperativo de la responsabilidad individual, cuyo reverso es la irresponsabilidad colectiva), y el dogma de la eficiencia del mercado”.
El corazón de la manzana Por HV
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