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Por Susana Viau  El abogado Jorge Sandro
defiende a Gregorio Ríos, ex custodio de Alfredo Yabrán y acusado de instigar el crimen
de José Luis Cabezas; José Licinio Scelzi hace lo propio con el jefe del Ejército,
general Martín Balza, involucrado en la causa por la venta ilegal de armas a Ecuador y
Croacia. Ambos pertenecen al grupo de letrados-lobbistas de llegada instantánea al poder
y honorarios inaccesibles para los bolsillos de un ex policía y un general que se jacta
de comer en el autoservicio marplatense Montecattini. La lista de bufetes influyentes es
extensa: los hay especializados en derecho de familia, penal, administrativo, comercial,
de acuerdo a la necesidad del cliente. Muchos de sus titulares son o han sido profesores
universitarios, otros proceden de la magistratura. La constelación de despachos VIP se
ordena según un patrón satelital desde cuyo centro se reparte el juego y se asigna a
cada imputado su defensor: el estudio de los hermanos Hugo y Jorge Anzorreguy, jefe de la
Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y conjuez de la Corte Suprema,
respectivamente. Con los códigos en una mano y la agenda telefónica en la otra son
partícipes necesarios de lo que se da en llamar la Patria Judicial.Los alumnos de la Facultad de Derecho se sorprendieron agradablemente al saber que el titular de Derecho Penal y ex integrante del prestigioso estudio de Ernesto Galante (al que también estuvieron ligados Jorge Sandro y Julio Maier), Marcelo Sancinetti, preparaba un seminario sobre “dolus generalis”, una suerte de delito en dos actos que el profesor ilustraría con un ejemplo: un asesinato a tiros con incineración del cadáver. En el ejemplo de Sancinetti la víctima no muere, sin embargo, a causa de los disparos sino por la posterior acción del fuego. ¿Homicidio doloso o culposo? That is the question. A los jóvenes estudiantes no se les escapó la similitud del caso propuesto con el asesinato del reportero gráfico José Luis Cabezas. La cuestión, un mero ejercicio en el que cada cual pondría a prueba el ingenio y el manejo de la jurisprudencia, se tornó vidriosa al trascender que Sancinetti estaba redactando al mismo tiempo un dictamen a pedido del estudio de Jorge Sandro, a cargo ahora de la defensa de Gregorio Ríos, ex jefe de la custodia de Alfredo Yabrán. No es misterio la larga relación que une a los Anzorreguy con el ex juez de sentencia y ex camarista del Crimen (el más joven, se afirma, de la historia judicial argentina) Jorge Sandro con su socio, el ex juez de instrucción Carlos Espinosa. Sandro intervino ya en el caso del Sanatorio Güemes, patrocinado también por Jorge Anzorreguy, durante una investigación que llevó a la cárcel al juez Remigio González Moreno, acusado de cohecho. El magistrado que emitió la orden de detención de González Moreno fue Luis Velasco, pero en la comisión que realizó el procedimiento estuvo su secretario, Juan José Galeano. Galeano fue promovido a juez poco después y hoy es quizá el hombre de mayor confianza de Anzorreguy en el fuero federal. Sandro asesoró ocasionalmente a Alfredo Yabrán y desbancó a José Licinio Scelzi de su condición de abogado externo de IBM en el pico de las denuncias contra la corporación. Como se ve, la talla de los clientes de Sandro supera con mucho el target de Ríos. Lo mismo puede decirse de Sancinetti quien, a diferencia de su colega, ha mantenido hasta ahora una prudente distancia con los tejes y manejes que enlazan a personajes públicos con el Código Penal. Sorpresa y media Ni siquiera el propio jefe de Ríos, el finado Alfredo Yabrán, pudo sustraerse a la seducción de los abogados del poder. En jaque perpetuo por las acusaciones del ex ministro de Economía Domingo Cavallo, Yabrán contrató los servicios de Pablo Argibay Molina, un penalista de alto perfil y demasiado susceptible a involucrarse en las defensas mucho más de lo que exige la práctica profesional. Socio del estudio de Carlos FontánBalestra (hijo del tratadista de derecho penal e integrante del directorio de Telefé), Argibay Molina fue defensor del ex ministro José Luis Manzano, del presidente Carlos Menem, de la ex presidente del PAMI Matilde Menéndez y, finalmente, de Yabrán. Su peligroso nivel de exposición en la representación extrajudicial de sus defendidos, sobre todo en los platós de televisión, condujeron a su separación formal del estudio Fontán Balestra donde sí permaneció, en cambio, el joven José María Figuerero, ex secretario de la cámara federal penal que compartía con Argibay las visitas a Tribunales. Pablo Argibay Molina se transformó así en el asesor letrado full-time del empresario postal, una dedicación que, sobre el final de su vida y enfrentado al inminente procesamiento, Yabrán no retribuyó: puso su destino legal en manos del ex miembro del tribunal del juicio a las Juntas Militares, Guillermo Ledesma. La intervención de Ledesma en la defensa de un individuo acompañado por una deplorable imagen pública causó un impacto mayúsculo, casi comparable al provocado por la noticia de que el ex juez federal Néstor Blondi se había convertido en defensor del traficante de armas prófugo en Sudáfrica, Diego Palleros. De un modo u otro, el estupor suele rodear cada nueva designación, ya sea porque no se corresponden los perfiles de defensor y defendido, bien porque responden a signos políticos contradictorios y también porque el bolsillo del imputado se condice poco y nada con el status del abogado elegido. Pero o la necesidad tiene cara de hereje o la oferta es suculenta. El caso de la defensa de Amira Yoma es paradigmático en esa última alternativa. Pese a la relación de los Yoma con Alfredo Iribarren, titular del estudio homónimo, fue su asociado Mariano Cúneo Libarona quien tomó la defensa de la ex jefa de audiencias. Hijo de un fiscal de la Cámara del Crimen, Cúneo Libarona se había graduado con notas brillantes en la Facultad del Museo Social; luego había sido secretario en un juzgado de instrucción. Más tarde se incorporó al estudio Iribarren, que no pasaba por su mejor momento: la exacerbada tendencia al lobby de Iribarren, se dice, habría provocado la separación de sus antiguos socios Jorge Landaburu y Alejandro Carrió, que hicieron rancho aparte abriendo el despacho al que hoy concurren con sus tribulaciones las grandes empresas internacionales con negocios en el país. La delicadísima situación procesal en la que se encontraba Amira obligó a multiplicar los recaudos: uno de ellos fue la contratación como consultor del estudio Maier (ligado al radicalismo, al tope en el ranking del derecho penal) que, se murmura, habría cobrado alrededor de 850 mil dólares por la asesoría. Se insiste en tribunales que es el penalista José Licinio Scelzi quien en realidad diagrama la defensa de todos los militares investigados por la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia. Supervisaría, por ejemplo, la tarea del abogado Marcelo Nardi, defensor del general Antolín Mosquera, ex funcionario de Fabricaciones Militares. Nardi dio un paso arriesgado al embestir contra la Sala II de la Cámara Federal que había apercibido al juez Jorge Urso por demoras en la causa, ordenándole mayor celeridad en la instrucción y avanzar en la escala de responsabilidades, entre ellas la de Emir Yoma. Nardi argumentó entonces “prejuzgamiento” y recusó a los camaristas Horacio Cattani, Eduardo Luraschi y Martín Irurzun, los más indóciles de los jueces de alzada. La maniobra se articulaba, casual o intencionadamente, con las tácticas tendientes a pasar el tema a manos de la Corte y “Scelzi por su ubicación y sus relaciones con la magistratura no podía pedirlo, pero sí podía hacerlo Nardi”, se especula. Lo cierto es que el curioso parecido de Nardi con el ceremonioso estilo del defensor de Balza no pasó desapercibido y fue blanco de las punzantes ironías que se cruzan en los pasillos de Comodoro Py donde Nardi ha sido rebautizado como “el falso Scelzi”. Aseveran las fuentes que Scelzi habría estipulado los honorarios de esa “defensa integral” en 2 millones de dólares y sólo 350 mil corresponderían a la factura por su dictamen sobre la cuestión de la competencia de la Corte Suprema. Una suma que el general Balza no podría pagar y de la que tampoco podrían hacerse cargo las adelgazadas finanzasdel Ejército. Scelzi niega: “Es un disparate, una versión deleznable, una verdadera infamia”, enfatizó y calificó la cifra de “retribución exorbitante”. Sin embargo admitió que sus honorarios no son pagados por ninguna estructura del Estado sino con el sueldo del general. “Fue un acuerdo privado –dijo Scelzi– basado en la discreción y la austeridad, porque el general me planteó que no estaba en condiciones de pagar montos importantes.” El penalista prefirió no responder cómo se cotizarían sus servicios en caso de que el cliente no se llamara Martín Balza. “No están tabulados” contestó. “En el caso del general, lo importante es el respeto que me merece su figura, la afinidad ideológica.” No obstante, la contratación de José Licinio Scelzi como patrocinante del general Martín Balza dio que hablar en las mesas de los bares que circundan la Plaza Lavalle y no sólo por el precio de su asistencia. Es que Scelzi tuvo participación resonante en la defensa de personajes de la extrema derecha y esa historia no sintoniza con el talante democrático que Balza procura cultivar. Los memoriosos puntualizan que durante el proceso seguido al general Otto Paladino y a su cuñado, César Enciso, miembros ambos de la Triple A, el encendido alegato de Scelzi acerca de los razones que guiaban el accionar de la banda terrorista le habría valido una severa reprimenda de la Cámara. Scelzi, en ese plano, no se economizó: fue defensor, asimismo, de los sublevados carapintadas del 3 de diciembre y del suicidado capitán de navío Horacio Estrada, ex jefe de los grupos de tareas de la ESMA y enredado en la causa por la venta ilegal de armas. Es cierto, también fue contratado como abogado externo de IBM al estallar el escándalo de las coimas en los contratos con el Banco Nación y la DGI. Pero su estrategia no fue del agrado de la Big Blue, que decidió cambiarlo por el perfil más audaz de Jorge Sandro. La influencia de los hermanos Anzorreguy en la digitación de los abogados de las grandes causas (grandes por su relevancia política o por el poder económico de los representados) es más que una sospecha. Sin ir más lejos, el canciller Guido Di Tella es asesorado por Carlos Daray. Los hermanos Carlos y Roberto Daray tienen estrechos contactos con el jefe de la SIDE. Al punto que Carlos Daray fue el encargado de resistir, en las puertas del cuartel central de los espías, en la calle 25 de Mayo, la orden de allanamiento del organismo que llevaban los empleados del juzgado de Mariano Bergés.
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