|
Por Eduardo Tagliaferro
La noticia del conchabo de Ruffo en el aparato de inteligencia del Poder Ejecutivo motivó la citación de Anzorreguy ante la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, alarmada por el prontuario del ex torturador de Orletti y miembro de la banda parapolicial Triple A. Pero lo que a simple vista resultaba una actitud incomprensible y riesgosa del ex abogado laboralista que regentea desde hace años los 2000 empleados de planta, la nube de "colaboradores" y fastuosos fondos reservados, parece ser una política destinada a confiar "las tareas reservadas" a destacados genocidas que hicieron carrera antes y durante la última dictadura militar. El coronel Visuara se desempeña como jefe de la custodia del quinto piso del cuartel central de la SIDE, en la calle 25 de Mayo, donde precisamente se encuentra la oficina del "Señor 5". Visuara, un coronel santafesino graduado como oficial de Estado Mayor, comenzó sus actividades en la SIDE durante en 1976, cuando fue designado como responsable de los inorgánicos que dirigían el centro clandestino de detención "Automotores Orletti", ubicado en el barrio de Floresta. Aprovechando su relación con la máxima jerarquía de la SIDE, Visuara puso en práctica una política de pleno empleo familiar e hizo nombrar a su hija María Lidia como miembro del personal del organismo oficial. En 1983, el coronel, cuyo legajo dentro de la SIDE es el 55.791, debió alejarse de "La Secretaría". Aunque por poco tiempo: logró ser reincorporado a las filas de la SIDE cuando Carlos Menem llegó a la presidencia. Además de cumplir con las guardias rotativas sobre las que recae la responsabilidad de custodiar a Anzorreguy, Visuara completa sus ingresos dedicándose al negocio de la seguridad privada. En sus agencias reclutó personal de la SIDE y llegó a tener entre sus clientes al canal estatal de televisión, ATC. Antecedentes no le faltan: durante los "años de plomo" tuvo bajo su mando a la banda de Gordon y al actual jefe del II Cuerpo de Ejército, el general Eduardo Rodolfo Cabanillas, acusado por el poeta Juan Gelman de ser autor mediato de la desaparición y posterior asesinato de su hijo, de su nuera, así como de la apropiación de su nieto --o nieta-- nacido en cautiverio (ver aparte). Un hombre de acción El coronel Oscar Pascual Guerrieri, por su parte, fue designado como director 51 (de Planeamiento) durante la gestión de Juan Bautista Yofre y, si bien esa dependencia no tiene hoy peso real dentro de la estructura oficial de la SIDE, sí ostentó en el pasado cercano un fuerte predominio dentro de "La Secretaría". Guerrieri figura como personal contratado en la planta transitoria de la SIDE, con el legajo número 55.732, y buscó inútilmente enrolarse como asesor, primero del vicealmirante Pedro Anchézar, y posteriormente del actual "8" (inteligencia interior), el coronel Juan Carlos Igounet. Al igual que Visuara, Guerrieri consiguió emplear a su hijo Leonardo como personal contratado, y por esa extraña coincidencia que suele unir el destino de los pesados del Proceso, alterna sus tareas en la SIDE con las actividades de vigilancia: uno de sus trabajos particulares más importantes es el de realizar la custodia del secretario general del gremio bancario, Juan José Zanola. Guerrieri encubrió sus actividades en la represión ilegal bajo el nombre de guerra de Jorge Rocca. La ley de Obediencia Debida lo liberó de las responsabilidades penales por la detención y desaparición de Raquel Negro, quien se hallaba embarazada cuando fue capturada por los hombres del II Cuerpo de Ejército. El coronel, por esos años, revistaba en el destacamento de Inteligencia Militar del Batallón 121 de Rosario, del que llegó a ser jefe en septiembre del año '81. En mayo de 1983, Guerrieri fue sindicado junto al ex subcomisario de la Policía Bonaerense, Luis Abelardo Patti, como responsable del secuestro en un bar rosarino y posterior asesinato en la zona de Pilar, de los militantes peronistas Osvaldo Cambiasso y Eduardo Pereira Rossi. La foja de servicios o, mejor dicho, el prontuario del coronel Guerrieri lo muestran como un hombre de acción. Entre la gran cantidad de hechos delictivos que le achacan sus pares de la SIDE, figura el asalto a los tribunales rosarinos, en el que un supuesto "grupo de desconocidos" robó documentación que comprometía a personal del Ejército en la violación de los derechos humanos. Esta documentación había sido conseguida por los jueces de Rosario y miembros de la Conadep local en allanamientos a unidades militares y domicilios civiles. Con el grado de coronel, Guerrieri se retiró del servicio activo en el año '87 y, a pesar de que la suerte lo ayudó a eludir sanciones judiciales, la "mala fortuna" signó su paso por la Escuela Nacional de Guerra, estampando una mancha imborrable en el legajo: el escurridizo Guerrieri fue sorprendido al intentar comprarle los exámenes a un suboficial de la imprenta, lo que le impidió graduarse como oficial de Estado Mayor y lo obligó a abandonar la Escuela. Estos antecedentes no le impidieron ser convocado para la generosa estructura de la SIDE y participar de los grupos que intervinieron en la "investigación" del atentado a la embajada de Israel y a la AMIA. Trabajo sucio Si bien los agentes de contrainteligencia dependen formalmente del Señor 8, en los hechos responden al mando directo del jefe de la SIDE. El hermano del actual Señor 8, el abogado Oscar Igounet, fue el defensor del ex capitán Rafael López Fader, un ex agente del Batallón de Inteligencia 601, que también fue reincorporado a la estructura de la SIDE. El abogado Igounet utilizó la influencia de su hermano Juan Carlos cuando éste se desempeñaba como edecán del presidente Carlos Menem para lograr un indulto presidencial para su defendido, quien estaba siendo juzgado por su participación en el primer secuestro del empresario Osvaldo Sivak. López Fader había sido detenido en 1979, pero la suerte y el poder estaban de su lado y logró "fugar". Como es obvio, con esas cartas credenciales y alguna recomendación, López Fader aplicó sus conocimientos a las tareas de contrainteligencia que la CIA llevaba adelante en Centroamérica y eran apoyadas generosamente por el ex dictador Leopoldo Fortunato Galtieri y los generales Guillermo Suárez Mason y Ramón Camps. La CIA, que tiene menos melindres que los organismos internacionales de derechos humanos, condecoró a López Fader por su comportamiento en Honduras.
|