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Por Eduardo Tagliaferro  "No sería
ilógico pensar que fue un sabotaje o un atentado para tapar un faltante de material
bélico." La frase del fiscal que investiga las causas de la explosión de la
fábrica militar de Río Tercero, el 3 de noviembre de 1995, no deja lugar a dudas.
El hecho que produjo más de diez muertes no fue obra de la fatalidad sino consecuencia de
una acción deliberada que podría tener vinculación con la venta ilegal de armas a
Croacia, según explicaron a Página/12 los diputados Horacio Viqueira y Mario
Negri y la viuda de una de las víctimas (ver notas aparte). Ayer se realizó una pericia
intentando reconstruir el hecho. La conclusión fue ineludible: la explosión fue
deliberada seguramente para ocultar pruebas que pudieran comprometer a algunos inculpados
en la venta ilegal de armas. Ese razonamiento concuerda con las pruebas contables que
habían determinado que existía un faltante de 31 mil proyectiles, de los cuales por lo
menos 27.000 habrían sido enviados a los Balcanes, pese al embargo internacional que las
Naciones Unidas habían declarado para la región. Si bien el informe de la pericia realizada ayer por el juez de Río Cuarto, Luis Rodolfo Martínez, será presentado al juzgado el próximo miércoles, el hecho de que los tambores conteniendo trotyl y hexolita hayan explotado sólo con la ayuda de un detonador y un elemento conocido como potenciador no permiten suponer que la explosión del 3 de noviembre haya sido accidental. Desde las nueve de la mañana, el juzgado intentó reproducir las posibles condiciones "accidentales" de la explosión. Primero se arrojó una colilla de cigarrillo sobre los tambores de trotyl y hexolita, y no hubo ninguna explosión. Posteriormente se intentó hacer estallar los tambores con una estopa embebida con alcohol, el trotyl se prendió fuego luego de 20 minutos y a pesar de eso no explotó. Los testigos que estuvieron presentes en la fábrica militar el 3 de noviembre del `95 recordaron que el fuego comenzó apenas nueve minutos antes de que se produjera la explosión. La presencia del fuego siempre resultó incomprensible para quienes intentan entender las causas que podrían haber generado la explosión de la fábrica militar. En tren de conjeturas, algunos testigos entendieron que ésta fue una señal para que los operarios abandonasen la planta. El tercer paso realizado ayer fue intentar hacer explotar los tambores de trotyl con las chispas provenientes de un montacarga. Para reproducir las condiciones que existían en la fábrica militar, se utilizó el mismo montacarga que estaba presente el día de la explosión. El trotyl tampoco explotó. Luego se intento hacer explotar la mezcla explosiva mediante un detonador accionado por control remoto a 300 metros de distancia, en esta ocasión tampoco hubo explosión. Finalmente el perito oficial, Marcos Sales, intentó lograr la explosión mediante un detonador ayudado con un dispositivo conocido como "potenciador", que permitiría producir una mayor descarga alrededor de los tambores de trotyl, y de esta manera reproducir la explosión en cadena ocurrida el 3 de noviembre. Recién así se produjo la explosión. La última prueba permitió al perito oficial ratificar que ninguno de los elementos sospechados como iniciador accidental de la explosión del trotyl son capaces de generarla. Esto determinó a Roberto Masuet, fiscal federal de la causa, a sostener: "Puede inferirse que la explosión en la Fábrica Militar de Río Tercero no fue accidental, aunque sería hilar muy fino decir que fue un sabotaje o un atentado, aunque no sería ilógico pensar que para tapar un faltante de material bélico se hubiera provocado una deflagración intencional". El juez federal Luis Rodolfo Martínez se negó a realizar ningún comentario y, para evitar que las pruebas recogidas ayer puedan inducirlo a una decisión equivocada, solicitó la realización de una nueva pericia, para ser cotejada con la realizada por el perito oficial. Este dictamen estará a cargo de un profesional de los Estados Unidos. Con ese motivo se están estudiando en el juzgado los antecedentes de cinco profesionales norteamericanos. Antes de tomar una decisión, el juez federal convocará a las partes para elegir el perito que tendrá a su cargo la nueva medida de prueba. Las pericias realizadas ayer se efectuaron bajo estrictas medidas de seguridad. Es que el juez Martínez ya había tenido que suspender esta medida probatoria por anormalidades en el material enviado al juzgado desde la unidad de Fabricaciones Militares de Azul. En esa ocasión la mezcla de hexolita enviada al juzgado federal contenía grandes porcentajes de aluminio, una sustancia sumamente combustible al contacto con el aire y que hubiera favorecido la explosión y con ello la hipótesis de un posible accidente, cosa que prácticamente quedó descartada luego de la pericia de ayer. Las denuncias presentadas entonces por la querella dieron origen a una nueva causa judicial, que compromete a los funcionarios encargados de enviar y custodiar el material con el que se iba a realizar la frustrada pericia. Descartada la hipótesis del accidente, de probarse que la explosión de la fábrica militar se debió a un acto de sabotaje o a un atentado, las principales sospechas recaerían sobre los funcionarios de Fabricaciones Militares involucrados en la maniobra que permitió la venta ilegal de armas a Croacia, y no dejaría de ser un mazazo para el gobierno nacional, que desde un primer momento sostuvo que se trató de un accidente. Y podría agravar la de por sí compleja situación procesal de Luis Sarlenga, el empresario menemista que dirigía Fabricaciones Militares cuando se produjo la explosión, y del entonces ministro de Defensa Oscar Camilión. Fue un atentado, aunque nadie se animó a decirlo así. Es que aun cuando ya quedan pocos espacios para la sorpresa, no deja de resultar escandaloso llegar a la conclusión de que la fábrica militar en la que se concentraban las armas que se embarcaron rumbo a Croacia en el año `93 haya explotado intencionalmente.
OPINAN DIPUTADOS Y LA VIUDA DE UNA VICTIMA Por E.T.
Holder Dalmasso era maestro de la escuela ENET 1 General Savio, ubicada en Barrio Libertador a unos 300 metros del epicentro de la explosión. Luego de desalojar a los cuatrocientos alumnos emprendió su camino a casa, y fue sorprendido por la lluvia de proyectiles que comenzó a caer en los barrios aledaños a la planta de explosivos. "Si uno piensa que la explosión fue accidental, se resigna en pensar que Dios lo quiso así, pero resulta incomprensible que un hombre o varios hayan querido que la vida de mi marido y todo un pueblo hayan tenido la suerte que tuvieron sólo para encubrir responsabilidades penales", continuó la abogada de Río Tercero, cuya apelación en los primeros meses del '97 permitió modificar el estado de la causa. En ese momento el juez de Río Cuarto había dado por terminada la instrucción judicial y estaba a punto de elevar la causa con la figura penal de "estrago culposo".
CRONOLOGIA DE LAS EXPLOSIONES DE RIO TERCERO
La ciudad fue sometida a varios * El 3 de noviembre de 1995, una explosión en cadena destruyó cinco de los seis polvorines de la Fábrica Militar de Río Tercero. En poco menos de media hora, 20 mil proyectiles salieron despedidos y sometieron a la ciudad a un bombardeo en tiempo de paz. * Hubo 7 muertos y más de 300 heridos el día de la tragedia. Otras cuatro personas fallecieron como consecuencia de las heridas. * Sobre una población estable de 44 mil habitantes, alrededor de 6 mil personas fueron evacuadas o autoevacuadas. Poco más del diez por ciento de la gente emigró de la ciudad por temor a nuevas explosiones. * 2000 viviendas fueron afectadas total o parcialmente. * Se retiraron 24 mil explosivos de los alrededores de la Fábrica Militar en los días sucesivos a la tragedia. * Veinte días después, las autoridades de la Fábrica Militar aseguraron que "no existe ninguna posibilidad de una nueva explosión". Al día siguiente, el 24 de noviembre, empezaron a estallar proyectiles almacenados. Ocho mil personas huyeron aterrorizadas. * El Estado pagó 73 millones de dólares en indemnizaciones. * Se registraron alrededor de 7000 demandas por daños psíquicos y morales. Durante el primer año posterior a la explosión, el Programa de Salud Mental municipal atendió a 5460 personas. * Los entredichos sobre las responsabilidades enfrentaron al entonces ministro de Defensa, Oscar Camilión, y el jefe del Ejército, Martín Balza. El ministro dijo que el Ejército "sí tiene que ver" en esa fábrica, por cuanto hay oficiales en actividad destinados allí. Balza, en cambio, rechazó el argumento porque la fábrica "depende de Defensa". * Cuatro militares y dos civiles fueron imputados por el fiscal Roberto Masuet por "negligencia". El gerente de producción, coronel Carlos Franke; el director, coronel Jorge Cornejo Torino; el subdirector a cargo de la fábrica el día de la explosión, teniente coronel Nicolás Quiroga, y el mayor Marcelo Gatto, responsable de la división Producción Mecánica. Los dos civiles imputados fueron el ingeniero Roberto Rubiolo, jefe de seguridad e higiene industrial, y Néstor Omar Gaviglio, jefe de la planta de carga y complemento. * En febrero de 1996, el director de la Fábrica Militar, coronel Julio Ferro, consideró que "no hay que descartar que hayan sido producto de un atentado" las explosiones de noviembre. * El ex ministro Camilión dijo en junio del año pasado a La Nación que "de ninguna manera fue un atentado. Nosotros siempre manejamos la hipótesis de accidente".
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