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 Erman
González confirmó ayer, con una sola declaración, dos propósitos del Gobierno respecto
del régimen jubilatorio: eliminar la PBU (Prestación Básica Universal) y, aún más,
acabar definitivamente con el sistema de reparto, que hasta el momento se mantiene como
opción para quienes no desean adherir al sistema de capitalización individual. Que el
ministro de Trabajo haya ratificado estas intenciones tiene especial significado, porque
ya no se trata de proyectos impulsados por cerebros ultraliberales provenientes del CEMA,
como son Roque Fernández (Economía) y Carola Pessino (Equidad Fiscal).Los trabajadores sufrirán así una doble consecuencia. Por un lado, perderán la posibilidad de elegir entre un sistema y otro, lograda cuando el Parlamento impuso esa disyuntiva, no contemplada en la reforma original que elaborara Cavallo. Además, los asalariados deberán contar con jubilaciones más reducidas, al suprimirse la PBU (hoy establecida en 200 pesos mensuales), que sólo subsistirá, bajo otra denominación, para los haberes más bajos. Quizá porque estas innovaciones dolorosas deben adornarse siempre con algún elemento seductor, Erman sugirió que, una vez eliminado el régimen de reparto, el Estado buscaría algún mecanismo (habló de una “garantía”) para que puedan ser incorporados al sistema los trabajadores en negro, y para que los autónomos que no alcancen los 30 años de aportes, o carezcan de regularidad en sus contribuciones, puedan tener derecho a algún beneficio. “Llegó la hora de reflexionar sobre el futuro del actual régimen. Tenemos un sistema mixto, pero estamos viendo el camino para que el privado sea el único”, afirmó el ministro. Al inaugurar el Primer Seminario de Beneficios Previsionales, González dio implícitamente su respaldo a la eliminación de la PBU, que figura como un compromiso con el FMI, al mencionar que “aun en ese caso se está pensando en reemplazarla por una prestación compensatoria social”. Sin embargo, según Erman la desaparición de la PBU afectaría sólo a quienes se incorporen al sistema previsional después de sancionada la ley que disponga esa supresión, para no afectar la seguridad jurídica de los incorporados hasta ahora. No obstante esta afirmación del ministro, la jurisprudencia lo contradice, porque ha establecido que los derechos del trabajador respecto de su retiro sólo se convierten en adquiridos en el momento de jubilarse. Por ende, tanto la PBU como cualquier otro beneficio contemplado en la legislación puede –según el criterio de los jueces– abolirse hasta un día antes del pase a situación pasiva sin afectar “derechos adquiridos”. Esta manera de ver las cosas favorece los retoques a un régimen que, como el previsional, debería mantenerse estable en el largo plazo. La nueva reforma que impulsará el Ejecutivo busca responder a la desfinanciación del sistema. A partir de la reforma de 1994, el Estado perdió como recurso los aportes de los trabajadores, que pasaron a las AFJP, y luego fue efectuándoles quitas a las contribuciones patronales como modo de reducir los costos de producción, para aumentar la competitividad y combatir el alto desempleo. Aun habiendo resignado estos ingresos, el Estado debe atender el pago de las jubilaciones otorgadas previamente a la reforma (agosto de 1994), más la PBU y la Prestación Complementaria, que también rigen para el sistema de capitalización. Como las cuentas no cierran, y la Nación absorbió además deficitarias cajas provinciales, el FMI presiona para cerrar esta fuente de desbalance fiscal, buscando formas de recortar los beneficios a cargo del erario.
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