Por Horacio Cecchi
 A casi dos meses de
finalizado el inédito “corte del siglo” que dejó a oscuras durante diez días
a 150 mil usuarios, Edesur marcó otro jalón también inédito para sus propios anales y
el del resto de las empresas privatizadas: desistió de recurrir ante la Justicia y
aceptó pagar a los usuarios afectados la indemnización fijada por el ENRE. El monto
total fue estimado por Edesur en 75 millones de dólares, incluyendo a usuarios
residenciales y comercios. Las compensaciones unilaterales que ya pagó la empresa suman
16 millones, que quedan incluidos en los 75 millones. Los pagos se efectuarán en mayo,
previa comunicación personal a cada cliente.
Ayer, después de haberse resistido durante dos meses a pagar la multa fijada por la
resolución 292/99 del ENRE, Edesur comunicó oficialmente que desistía de apelar ante la
Secretaría de Energía o ante la Justicia, con lo que automáticamente aceptó los
términos y montos fijados por el organismo de control.
De todos modos, durante el apagón, el ENRE mencionó que la cifra global de la multa era
de alrededor de 80 millones de pesos, teniendo en cuenta sólo a usuarios residenciales.
Ahora, los 75 millones de los que se habló ayer incluyen también el resarcimiento a los
comerciantes. Es que la 292 sólo habla de los usuarios residenciales. “Son 42
millones de pesos de multa, de los que la empresa ya pagó 16 con el plan
voluntario”, explicó Alberto Devoto, vicepresidente del ENRE. Otros nueve millones y
medio son “por el pago de la fallas de calidad en el servicio, que se descontarán de
las facturas”, aseguró Daniel Martini, vocero de Edesur. El resto, hasta sumar unos
75 millones, corresponde a los comerciantes, que cobrarán la suma estipulada por la
empresa. “Si los usuarios no residenciales no están de acuerdo, y reclaman pérdidas
debidamente acreditadas, Edesur las reconocerá”, señaló Martini.
El lunes 15 de febrero, a las 3.47, la cuarta parte de la ciudad quedó a oscuras. La
noche siguió durante diez días más. Pasados seis días sin luz y cuando los reclamos
corrían el riesgo de caldearse en una pueblada, el organismo de control redactó la
resolución 292/99 que obligaba a Edesur a pagar a los usuarios una multa de 90 pesos por
día de corte, más una suma fija de cien pesos para los que superaron las 24 horas a
oscuras. El 10 de marzo, la empresa rechazó la multa y sólo aceptó la que fijaba el
pago de “fallas en la calidad de servicio”.
Cinco días después y ante las presiones de las organizaciones de consumidores y las
defensorías del pueblo, Edesur puso en práctica su teoría de “pago primero y
reclame después”, y abrió el Plan de Resarcimiento Voluntario. La empresa aseguró
ayer que el 88 por ciento de los clientes residenciales afectados ya pasó por caja. Lo
que cobraban los afectados se veía en sus caras largas: como mucho, la cifra alcanzaba el
60 por ciento de lo que estipulaba el ENRE. A fines de marzo, el organismo de control
convocó a una audiencia pública en la que participó el nuevo gerente general de Edesur,
el chileno Marcelo Silva Iribarne. El anterior, Jaime Manzano Tagle, se había caído de
su asiento al promediar el escándalo de las tinieblas. Además de la salva de abucheos
generalizados que recibió durante los dos días que duró la audiencia, Silva reconoció
la responsabilidad de la empresa, pero a medias, porque en cuanto a la multa fijada por el
ENRE, insistió en que la empresa no reconocería ni un centavo. Hasta el viernes pasado,
oficialmente, Edesur mantuvo su postura.
Pero el lunes, extraoficialmente, en el ENRE ya sabían lo que finalmente fue confirmado
ayer: “Aceptamos pagar la multa extraordinaria de la 292”, fue lo que escucharon
las dos máximas cabezas del ENRE, Juan Legisa y Alberto Devoto, de parte de la gerencia
de Edesur. Las razones oficiales fueron que “el Ente rechazó el pedido de
reconsideración presentado por la empresa y porque Edesur no estaba dispuesta a llevar el
diferendo a instancias judiciales”, según sostuvo un vocero de la empresa.
“Presumimos que los cambios accionarios ocurridos en Edesur determinaron la decisión
de no apelar a la Justicia”, dijo Devoto a Página/12. “A partir de ahora se
trata de una cuestión operativa para decidir cómo efectuar el pago”, sostuvo el
vicepresidente del ENRE. El pago se divide en dos partes. Por un lado, la multa por
“fallas en la calidad del servicio”, que depende del consumo de cada cliente.
Por otro, el pago que estipula la 292, hasta un máximo de 1011,25 pesos por 243 horas de
oscuridad. De esa suma se descontará el monto ya cobrado por quienes se acogieron al PRV.
“La propuesta de cómo se efectuará el pago ya fue conversada”, dijo una fuente
del ENRE. Hoy se deberá presentar por escrito. El plan se desarrollará durante mayo. Los
usuarios residenciales recibirán una nota explicativa. “Se dará la posibilidad de
que elijan: si el pago se va descontando de las próximas facturas o si prefiere cobrarlo
en efectivo”, aseguró Devoto.
| El temor a la rescisión En el Congreso, varios legisladores dijeron que el acatamiento de la
Resolución 292 demostraría que Edesur “teme caer en lo estipulado en el artículo
37 del contrato de concesión”, que determina la rescisión si la concesionaria
incumple “en forma reiterada sus obligaciones”. El ENRE, en su Resolución
293/99, comunicó al Ejecutivo que estaba “configurada” la situación prevista
en el artículo 37, pero a fin de año podría darse un agravante si la multa que paga
Edesur supera el 20 por ciento de su recaudación anual, que ronda los 1000 millones de
pesos. Eso configuraría otro punto del artículo 37. Las fuentes legislativas estimaron
que la deuda de Edesur con los usuarios particulares “estaría entre los 60 y los 90
millones de pesos”. A eso debe sumarse un monto “todavía indefinido” que
les corresponderá a los comercios, industrias y a los profesionales afectados por el
corte. La multa estaría cerca del 20 por ciento señalado. Según el diputado Héctor
Polino, resta determinar “lo que hay que pagar por otros cortes anteriores y
posteriores al apagón”. Además, faltan siete meses para fin de año. |
ESCEPTICISMO EN LOS VECINOS QUE SUFRIERON EL
CORTE
“No creemos más en nada”
¿Vos
pensás que nos van a pagar? Lo dudo”, pregunta y se autorresponde Ana María
Pedroso, dueña de un almacén de Combate de los Pozos 334. La misma duda se enciende en
los rostros de gran parte de los que sufrieron el apagón masivo. Muchos cobraron
“bajo protesto” lo que Edesur pagó voluntariamente –y con cálculos
propios–. Otros se negaron a aceptar sumas que consideraban irrisorias, con la
esperanza de obtener un resarcimiento acorde con las horas vividas a oscuras. La mayoría,
sin embargo, rechazó de plano la idea de iniciar una demanda legal. “No vale la
pena”, dicen sobre la necesidad de invertir tiempo, esfuerzo y dinero para cobrar
“quién sabe cuándo” la diferencia adeudada por la empresa.
“Está sabiamente calculado por la empresa: de 100 personas, 95 eligen cobrar y no
reclamar. ¿Quién va a hacer juicio, con todo lo que eso implica?”, analiza José,
uno de los dueños del bar Marrón Glacé, que sufrió el apagón desde su nacimiento
hasta su muerte y también duda de que ahora esté todo solucionado. Ricardo Napal
Dionisio, esposo de Ana María, tiene su propia teoría: “Es una táctica
empresarial: los tipos te van desgastando, primero te asustan con que no van a pagar nada
y después te dan una suma ridícula para que te conformes con algo”. Por 10 días
sin luz –en los que la energía volvió 29 horas–, Edesur les pagó 119 pesos.
Según Ana María, aceptaron la plata porque “hice el reclamo y cuando volví a los
diez días me dijeron que no estaba tomado. Como me pareció que todo era un cuento,
decidí cobrar”.
Gumercindo Sanjeano Carballo, dueño del Bar Acapulco, de Moreno y Entre Ríos, decidió
no aceptar lo que pagaba Edesur. “Me pasaron 130 horas sin luz, casi la mitad de lo
que fue, y me ofrecían 437 pesos. Es completamente poco”, detalla. Los días que
cerró el bar, la mercadería perdida y el alquiler que había que pagar rigurosamente le
arruinaron el mes de trabajo. Por eso tampoco se conforma con el promedio de 100 pesos por
cada día sin luz que indica el ENRE: “Lo ideal para mí serían 200 pesos
diarios”, se ilusiona.
“Estuvimos desde el primer día hasta el último sin luz y nos dieron 200
pesos.” Los 74 años no le quitan vitalidad a Haideé de Escalada. Vive en el décimo
piso de Combate de los Pozos 445 y gastó más en los días que pasó en un hotel huyendo
de las escaleras –que su marido, enfermo del corazón, no podía subir–, que en
los diez días que estuvo de vacaciones en Gualeguaychú. Guarda celosamente la boleta del
hotel, que marca 70 pesos por noche, para poder reclamar. Y su hija analiza la posibilidad
del juicio. De todas formas, Haideé se conformaría con cobrar 100 pesos por cada uno de
esos calurosos días de febrero.
Para Elvira De Lorenzo, del barrio de Congreso, las cosas están claras: Edesur no hizo
bien las cuentas. “No sé qué cómputos hizo la empresa, a mí me puso 33 horas y en
realidad eran ciento y pico”, se enoja. Cobró 106 pesos con opción a hacer otro
tipo de reclamo pero jamás lo hizo. “Individual no se puede hacer porque por los
costos y el tiempo no vale la pena, habría que hacerlo en grupo, lo cual también es
difícil.” Como muchos, está resignada, y tampoco tiene muchas expectativas sobre el
anuncio de Edesur: “Cuando lo vea lo creo. Después de las que pasamos, ya no creemos
más en nada”.
Después de la rendición |
| “Descomprimir la
presión” Rafael Veljanovich
(Defensor del Pueblo adjunto de la ciudad): “El acatamiento de la resolución del
ENRE de parte de Edesur no es más que una estrategia de la empresa para descomprimir la
enorme presión que sufrió durante la Audiencia Pública. Edesur intentó evitar el pago
por todos los medios, pero se vio acorralada y no tuvo alternativa. No obstante, de no
aparecer otro decreto del Ejecutivo que desconozca el reclamo de los usuarios en la
audiencia, como sucedió con los trenes, esto significaría una solución favorable y
respetuosa de los derechos de los ciudadanos. Queda por garantizar el justo resarcimiento
a los comerciantes (lucro cesante y daño emergente), y definir la propuesta que
formuláramos en la Audiencia: el pago de 400 pesos diarios como piso
indemnizatorio”. |
“Llamado de atención” Sandra González (Presidenta de la Asociación de
Consumidores y Usuarios de la Argentina, ADECUA): “Edesur debería pagar estos dos
meses de retraso con el mismo interés usurario que les cobra a los usuarios: 45 por
ciento mensual. El cambio de actitud de la empresa es un triunfo de los consumidores y un
llamado de atención a todas las empresas privatizadas para que recuerden que los
consumidores tienen obligaciones pero también derechos. Todos los problemas, sin embargo,
no están resueltos porque en el acuerdo no entran los comerciantes. La presión que se
ejerció desde las asociaciones del consumidor está haciendo más fuertes los derechos de
los usuarios. Así como se renegocian los contratos a favor de las empresas deberían
empezar a renegociarse a favor de los usuarios”. |
Llegaron los españoles y mandaron hacer
las paces
El ingreso de Endesa España como
accionista principal de Edesur fue la llave para resolver el conflicto. Un cambio de
imagen. |
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Los
directivos chilenos de Edesur debieron ceder sus lugares a empresarios con imagen
renovada.
La venta del paquete de control de Enersis a Endesa España marcó un cambio de
política empresaria. |
Por Raúl Dellatorre
Afortunadamente para el
ente regulador eléctrico, Edesur se bajó de la lucha de resistencia contra el pago de la
sanción impuesta por aquél. Afortunadamente para el régimen de concesiones de servicios
públicos, Edesur no tensó la cuerda al límite de poner en jaque a toda la política de
privatizaciones. Afortunadamente para el Gobierno, los concesionarios y los reguladores,
apareció Endesa de España y adquirió en Santiago el capital mayoritario de la empresa
controlante de Edesur, Enersis. El dueño español mandó parar: abandonar la disputa,
pagar lo que le reclamaban y empezar a remar contra la corriente para restaurar la
deteriorada imagen empresaria. En los pasillos oficiales, ayer respiraron aliviados.
La determinación del nuevo grupo controlante de desistir de la pelea aplacó las
tensiones ayer en varios frentes, y ahora se espera que lo mismo ocurra con los usuarios.
Esa es, precisamente, la estrategia que se plantea Endesa para recuperar la imagen de
Edesur: hacerse cargo de la empresa sin tener que asumir deudas políticas.
Pero, para ello, necesitan que el ente regulador desista de otra disputa que su propio
presidente, Juan Legisa, había insinuado al declarar que el ENRE iba a obligar a Endesa a
abandonar una de las dos empresas, Edesur o Edenor, para evitar caer en situación de
“abuso de posición dominante”.
Tras la decisión adoptada ayer por Edesur, el ente regulador ya le habría hecho un gesto
a la empresa de su predisposición a congelar el tema. Incluso, trascendió que un
análisis detallado de las facultades del ente y las obligaciones de los concesionarios
llevó al organismo de control a la conclusión exactamente opuesta a lo afirmado por
Legisa: no hay elementos que permitan cuestionar la participación simultánea de Endesa
en ambas empresas. “El servicio de distribución eléctrica es un monopolio natural,
cada empresa es absolutamente monopólica en su respectiva área, y que una misma empresa
esté en las dos áreas no la hace, por ello, más monopólica”, fue el argumento
esgrimido por uno de los especialistas que analizó el tema. Aun a costa de desautorizar a
su propio presidente, el ente regulador habría acordado la paz con Endesa.
En el Gobierno, en tanto, concluyen que el cambio de manos del control de Edesur
desactivó la principal demanda de la oposición aliancista, que había pedido en la
audiencia pública de fines de marzo que el Gobierno “ejecutara las garantías”,
es decir, que otorgara a un nuevo accionista el paquete perteneciente a Enersis. De hecho,
es lo que ocurrió, aunque sin que el Gobierno tuviera que pagar el costo de tirar abajo
la concesión.
Los españoles tomaron el holding chileno –con intereses en varios países de
Latinoamérica– y de inmediato se debieron abocar a resolver el conflicto más
caliente: el escándalo provocado por su filial argentina Edesur. Midieron el costo de
seguir adelante con la resistencia a la sanción del ENRE y concluyeron que más les
valía dar un paso atrás. En la nota enviada ayer por Edesur al ente regulador, por la
que informa que no recurrirá la Resolución 292 (que fija la sanción), condiciona esa
decisión a que el organismo de control “reconsidere la ejecución de las
garantías”. Con ello apuntan no tanto a eliminar el riesgo de una decisión que ya
el gobierno no tomará, sino que pretenden “limpiar el legajo” de la empresa:
eliminar ese aspecto de la sanción equivale a un “cambio de carátula” de la
causa. Ya no se trataría de haberse hecho pasible de una sanción por “faltas
reiteradas” sino por una sola falta (el apagón), aunque prolongada. La diferencia no
es poco sustancial como antecedente.
Lo que aún no puede saberse es si, a futuro, el cambio de manos de Edesur es malo o es
bueno para los usuarios. En principio, habrá quien cuestione la acumulación de poder de
Endesa al tener un pie en cada una de las dos distribuidoras mayores. Pero el hecho de ser
vecinas no le otorga al cliente la posibilidad de cambiar de proveedor. Su única defensa,
en el actual esquema de servicio, seguirá siendo el buen funcionamiento del ente
regulador que vela por sus derechos. Y que no se distraiga en caso de que ambas empresas
ahora vinculadas, Edenor y Edesur, puedan echar mano dealguna práctica que implique
“abuso de posición dominante” en contra de los intereses de los usuarios.
DROMI PIDE MAS CONTROL A LAS EMPRESAS
PRIVATIZADAS
“Hay un Estado ausente”
Por Cledis Candelaresi
El ex ministro de Obras
Públicas Roberto Dromi, quein se define a sí mismo como “partero de las
privatizaciones” del gobierno de Carlos Menem, busca presentarse ahora como un
crítico despiadado de la forma en que el gobierno controla los servicios públicos. Dromi
es asesor presidencial.
"Hay cinco vicios esenciales referidos al tema: falta de control, de regulación, de
defensa del consumidor, y un Estado ausente, que no impide la concentración monopólica
de los adjudicatarios”, sentenció en público el asesor presidencial. Las lapidarias
objeciones también apuntaron a uno de los criterios medulares de las licitaciones
eléctricas: los concesionarios no están sujetos a un plan de inversiones obligatorio.
Difícilmente un político opositor supere a Dromi en la dureza de los cuestionamientos
que esbozó en los últimos tiempos a través de la prensa, y que el martes planteó con
toda crudeza durante una exposición en la Facultad de Derecho sobre las renegociaciones
contractuales. Prueban esto las coincidencias que manifestó el radical Martín Lascano,
titular del ente regulador de agua (Etoss), y reemplazante de Rodolfo Terragno en el
debate que no fue: tampoco asistieron Ricardo López Murphy ni Juan Llach, a quien los
organizadores invitaron tras la renuencia de Domingo Cavallo. Desde su rol de regulador,
Lascano señaló algunas flaquezas oficiales en el área de su competencia: el contrato de
concesión no contempla la posibilidad de renegociarlo y ese organismo de control fue
completamente “marginado” de esta revisión, abierta desde hace más de un año.
Por lo demás, identificó los mismos problemas que quien debía ser su ocasional
contrincante, entre ellos, la falta de participación de los usuarios en el control de los
servicios y la demanda social insatisfecha por este tema.
Dromi avanzó un poco más, sembrando dudas sobre todo el andamiaje institucional de
contralor como si no hubiera pertenecido al Gobierno ni hubiera tenido responsabilidad en
la redacción de pliegos. “Las audiencias públicas son un simulacro. Se hacen cuando
ya hay resoluciones firmadas sobre lo que supuestamente debe debatirse en ese
encuentro”, sostuvo. “Existe el riesgo de politizar el control, en la medida que
el Poder Ejecutivo tiene cada vez más discrecionalidad... No puede revisarse un contrato
omitiendo al Congreso o a los entes. Eso resta seguridad jurídica”, advirtió.
Al ENRE, que ayer se erigió en una especie de ganador de la contienda librada con Edesur,
dedicó críticas particulares. “Adolece de deficiencias jurídicas y su función
política es poco clara, ya que tiene potestades superpuestas con la Secretaría de
Energía”, cuestionó el consejero de Carlos Menem. Pero esta presunta flaqueza de
los reguladores es, a su juicio, tan censurable como la vara con la que se evalúa a los
prestadores del servicio eléctrico.
A diferencia de otras privatizaciones, las eléctricas no impusieron a los concesionarios
la obligación de sujetarse a un plan de inversiones predeterminado. Por el contrario,
Edenor, Edesur y las otras firmas del sector sólo deben cumplir con cierto nivel de
calidad en el servicio (medido, por ejemplo, por la frecuencia de los cortes). Cuánto y
cómo invierten para honrar esa obligación, no es algo que quede bajo el control del ENRE
ni de ningún otro organismo oficial. Por el contrario, queda enteramente librado a la
buena voluntad empresaria.
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