Por Cledis Candelaresi
El gobierno apeló a un
decreto de necesidad y urgencia para que la Secretaría de Recursos Naturales pueda
avanzar en la construcción del anal Federal, sueño que Carlos Menem acaricia desde hace
años. La norma permitirá a la dependencia de María Julia Alsogaray ofrecer avales del
Tesoro Nacional para contratar obras llave en mano por 423 millones de dólares, de los
cuales 415 serán absorbidos por el acueducto, que tiene por destino final la provincia de
La Rioja. Con este recurso legal extremo el Poder Ejecutivo consiguió burlar al Congreso,
que en diciembre pasado se negó a autorizar esta prerrogativa para la funcionaria. Al
mismo tiempo, cargó a la futura administración con la obligación de pagar el
emprendimiento.
El Canal Federal tiene el mismo sentido que la conquista del desierto: convertirá
en productivas tierras áridas, justificó ante Página/12 Miguel Solé, secretario
de Control Estratégico de la Jefatura de Gabinete. Jorge Rodríguez y su equipo probaron
tener un gran interés en habilitar este mecanismo de contratación cuando el Congreso
discutía el Presupuesto para 1999. Entonces, trató que los diputados oficialistas
anexaran a ese proyecto una planilla que le permitiría a María Julia contratar obras por
el sistema llave en mano por valor de 871 millones de pesos. El esfuerzo resultó vano, ya
que ni siquiera los legisladores del propio palo estaban totalmente convencidos de
respaldar semejante decisión.
El titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Oscar Lamberto, recibió dos notas
solicitando aquel añadido. Una firmada por el propio Jorge Rodríguez y otra por Solé.
Bajo esta presión, los diputados del PJ llevaron el tema al recinto, pero la oposición
de parte de la propia bancada y de la Alianza le impidió votarlo.
En ese frustrado anexo, el Ejecutivo planteaba avalar cuatro contrataciones diferentes: el
Canal (415 millones), desagües para el Gran Buenos Aires (36 millones), el acueducto
Chaco (150 millones) y el proyecto para el desarrollo de la Alta Cuenca Río Bermejo (270
millones). El decreto de necesidad y urgencia 21/99 dejó en pie sólo las dos primeras
obras, con un recorte importante para la segunda: se destinarán 8,5 millones para
realizar desagües pluviales en el municipio de Vicente López, a cargo del radical
Enrique García.
Esto (por el decreto) se hace al sólo efecto de que haya una mayor garantía
jurídica y el costo financiero baje, explica Solé. Con la contratación llave en
mano, el Estado comienza a pagar la obra una vez que ésta esté concluida. Los
contratistas consiguen el financiamiento pero, al hacerlo con avales del Tesoro, se supone
que podrían conseguir condiciones más benévolas y, por lo tanto, la obra terminaría
resultando menos onerosa para el fisco.
Claro que, por su condición de garante, el Estado asume el riesgo de tener que afrontar
el pago de la obra antes de lo previsto, en el supuesto que la contratista dejase de
pagar. Pero, en cualquier caso, transfiere la carga para el próximo gobierno. Quizás por
esto y con la esperanza de que el próximo mandato será suyo, es que los
legisladores de la oposición pusieron el grito en el cielo cuando se enteraron que los
oficialistas intentarían autorizar esa maniobra en el recinto.
Con un decreto de necesidad y urgencia, el Ejecutivo allanó el camino. Si estuviera
constituida la Bicameral que la Constitución prevé como jurado de esas normas
especiales, la norma habría requerido aval parlamentario. Pero como ese cuerpo
legislativo aún no se conformó, los legisladores difícilmente puedan hacer algo para
impedir el favor a Recursos Naturales.
El decreto 21 tampoco impacta en el Presupuesto Nacional de este año, ya que permite
gastar a cuenta de futuros ejercicios. De esta manera, el Gobierno también eludió
cualquier objeción del Fondo Monetario Internacional.
No hay dique para el canal Ningún funcionario podría negar que el gobierno menemista está dispuesto a
avasallar cuanto obstáculo se interponga para construir el Canal Federal, obra cuyo
presupuesto total asciende a 1200 millones de dólares. Antes del reciente decreto de
necesidad y urgencia que modifica el Presupuesto Nacional, dio otras pruebas de su
obstinamiento. La secretaría comandada por María Julia Alsogaray comenzó a licitar las
obras del acueducto por tramos en los últimos meses del año pasado, cuando aún no
estaba claro de dónde surgirían los fondos para costearla. El emprendimiento vio así la
luz a pesar de la tenaz oposición manifestada por Tucumán y Córdoba, dos de las
provincias originalmente involucradas en la traza del canal. La primera se negó a
resignar el agua imprescindible para abastecer el ducto. La segunda advirtió que la obra
impactaría negativamente sobre la laguna de Mar Chiquita, zona declarada como una reserva
ecológica internacional. Finalmente, el costo del emprendimiento resulta alto en
relación con el presunto rédito social: quienes surgen como los principales
beneficiarios son los propietarios de inhóspitos terrenos riojanos. Entre ellos la firma
postal Skycab, propiedad del Exxel Group, que a su vez la adquirió como parte del emporio
de Alfredo Yabrán. |
Industria multo a Wal Mart, Unilever, Sevel y Ford
Sancionadas por falta de lealtad
La
Secretaría de Industria y Comercio impuso sanciones por un total de 70.200 pesos a
catorce empresas que violaron las leyes de Defensa al Consumidor y de Lealtad Comercial.
Wal Mart, Unilever y Sevel recibieron las multas más grandes: de 15.000 pesos en los
casos de la cadena de hipermercados y de la fábrica de artículos de limpieza y de
tocador; y de 10.000 pesos a la terminal automotriz. Las compañías tienen diez días
para apelar la decisión oficial.
En el caso de Wal Mart, la Secretaría detectó la comercialización de productos que no
tenían identificado el país de origen. Y, en algunos casos, la mercadería carecía de
instrucciones escritas en español. Por las mismas razones fueron multados los proveedores
que entregaron esos productos, en 3000 pesos cada uno.
Por su parte, Unilever fue sancionada por promocionar productos mediante un juego de azar
cuya participación estaba sujeta a la compra previa de dos de sus productos. Según la
ley de Lealtad Comercial, las empresas tienen prohibido la entrega de premios o regalos si
eso depende de que el cliente compre la mercadería.
En tanto, Sevel recibió la multa de 10.000 pesos por incumplir con los términos de una
garantía. Según la Comisión de Defensa del Consumidor, la automotriz reparó de manera
ineficiente un automóvil en garantía utilizando repuestos de dudosa calidad. Además, el
cliente se vio perjudicado por haber requerido en repetidas oportunidades el arreglo de
una misma falla. Otra automotriz, Ford, fue multada en 6000 pesos por informar
indebidamente a través de un aviso publicitario.
Por último, la prepaga Freemed fue sancionada en 8000 pesos por rescindir unilateralmente
un contrato con un adherente. Y fue intimada a suprimir esa cláusula por considerarse
abusiva.
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