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Por Cledis Candelaresi  El gobierno apeló a un
decreto de necesidad y urgencia para que la Secretaría de Recursos Naturales pueda
avanzar en la construcción del anal Federal, sueño que Carlos Menem acaricia desde hace
años. La norma permitirá a la dependencia de María Julia Alsogaray ofrecer avales del
Tesoro Nacional para contratar obras llave en mano por 423 millones de dólares, de los
cuales 415 serán absorbidos por el acueducto, que tiene por destino final la provincia de
La Rioja. Con este recurso legal extremo el Poder Ejecutivo consiguió burlar al Congreso,
que en diciembre pasado se negó a autorizar esta prerrogativa para la funcionaria. Al
mismo tiempo, cargó a la futura administración con la obligación de pagar el
emprendimiento.“El Canal Federal tiene el mismo sentido que la conquista del desierto: convertirá en productivas tierras áridas”, justificó ante Página/12 Miguel Solé, secretario de Control Estratégico de la Jefatura de Gabinete. Jorge Rodríguez y su equipo probaron tener un gran interés en habilitar este mecanismo de contratación cuando el Congreso discutía el Presupuesto para 1999. Entonces, trató que los diputados oficialistas anexaran a ese proyecto una planilla que le permitiría a María Julia contratar obras por el sistema llave en mano por valor de 871 millones de pesos. El esfuerzo resultó vano, ya que ni siquiera los legisladores del propio palo estaban totalmente convencidos de respaldar semejante decisión. El titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Oscar Lamberto, recibió dos notas solicitando aquel añadido. Una firmada por el propio Jorge Rodríguez y otra por Solé. Bajo esta presión, los diputados del PJ llevaron el tema al recinto, pero la oposición de parte de la propia bancada y de la Alianza le impidió votarlo. En ese frustrado anexo, el Ejecutivo planteaba avalar cuatro contrataciones diferentes: el Canal (415 millones), desagües para el Gran Buenos Aires (36 millones), el acueducto Chaco (150 millones) y el proyecto para el desarrollo de la Alta Cuenca Río Bermejo (270 millones). El decreto de necesidad y urgencia 21/99 dejó en pie sólo las dos primeras obras, con un recorte importante para la segunda: se destinarán 8,5 millones para realizar desagües pluviales en el municipio de Vicente López, a cargo del radical Enrique García. “Esto (por el decreto) se hace al sólo efecto de que haya una mayor garantía jurídica y el costo financiero baje”, explica Solé. Con la contratación llave en mano, el Estado comienza a pagar la obra una vez que ésta esté concluida. Los contratistas consiguen el financiamiento pero, al hacerlo con avales del Tesoro, se supone que podrían conseguir condiciones más benévolas y, por lo tanto, la obra terminaría resultando menos onerosa para el fisco. Claro que, por su condición de garante, el Estado asume el riesgo de tener que afrontar el pago de la obra antes de lo previsto, en el supuesto que la contratista dejase de pagar. Pero, en cualquier caso, transfiere la carga para el próximo gobierno. Quizás por esto –y con la esperanza de que el próximo mandato será suyo–, es que los legisladores de la oposición pusieron el grito en el cielo cuando se enteraron que los oficialistas intentarían autorizar esa maniobra en el recinto. Con un decreto de necesidad y urgencia, el Ejecutivo allanó el camino. Si estuviera constituida la Bicameral que la Constitución prevé como jurado de esas normas especiales, la norma habría requerido aval parlamentario. Pero como ese cuerpo legislativo aún no se conformó, los legisladores difícilmente puedan hacer algo para impedir el favor a Recursos Naturales. El decreto 21 tampoco impacta en el Presupuesto Nacional de este año, ya que permite gastar a cuenta de futuros ejercicios. De esta manera, el Gobierno también eludió cualquier objeción del Fondo Monetario Internacional.
Industria multo a Wal Mart, Unilever, Sevel y Ford
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