Página/12

OPINION

Ni muy muy ni tan tan

Por Horacio Verbitsky

El general Balza sostuvo ayer que el Ejército estaba mortificado, ya que sólo el 20 por ciento de los cuadros en actividad formaban parte del Ejército durante la guerra sucia. De ellos, unos pocos “casos muy puntuales” han sido objeto de denuncias por su actuación en la represión del Estado Terrorista. Respecto de quienes llamó “los camaradas en situación de retiro que estaban en aquel entonces en servicio” dijo que “la inmensa mayoría, la inmensa mayoría, tuvo una conducta honorable, tuvieron un comportamiento ético acorde con los valores que debe sustentar el Ejército Argentino y escasos, pocos, muy, muy, muy pocos, cometieron hechos de los que el Ejército se lamenta que hayan sido cometidos” (sic). El muy, muy, muy de Balza fue pronunciado con un tono de indignación que ojalá alguna vez algún jefe del Ejército reservara no para las acusaciones sino para los horrendos crímenes cometidos durante la dictadura militar, que Balza sólo mencionó con gran pudor como “la época a la cual nos estamos refiriendo”. También reiteró que no podía cotejar las contradictorias declaraciones del general Cabanillas en una causa judicial de 1977 con sus afirmaciones actuales porque en un estado de derecho ello corresponde a los jueces. Volvió a negar que existieran en el Ejército copias de las órdenes de operaciones de la guerra sucia, actas o listas de personas desaparecidas.
Si se prescinde del llamativo énfasis y se analiza la información, crecen las dudas:
1. La justicia que Balza dice respetar estableció en 1985 que los Comandantes en Jefe de la dictadura militar ordenaron un plan criminal que comprendía la detención ilegal, el traslado a campos de concentración, la aplicación de tormentos y eventualmente la ejecución clandestina de las víctimas. Según la Cámara Federal que condenó a Videla, Massera & Cía. merced a ese plan criminal “las estructuras del Estado y las Fuerzas Armadas en particular fueron organizadas [de modo de] realizar acciones secretas e ilegales”. Entre ellas “torturar para obtener información y eventualmente matar haciendo desaparecer el cadáver o bien fraguar enfrentamientos armados como modo de justificar dichas muertes”. Es decir que toda la estructura militar estuvo comprometida. Si bien ello no permite afirmar que todos y cada uno de los hombres del Ejército sean secuestradores, torturadores y asesinos, tampoco autoriza a pintarlos como un manso rebaño con unas pocas ovejas negras.

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2. El general Bignone a quien Balza dijo respetar, está actualmente procesado con prisión preventiva y embargo de sus bienes por un millón de pesos, como autor mediato de los delitos de sustracción, retención y ocultamiento de menores y sustitución de identidad. En 1984 ya había sido procesado por el juez Carlos Oliveri por la desaparición en 1976 de los soldados conscriptos Mario Molfino, Luis García y Luis Steimberg. Los también conscriptos del Colegio Militar Sergio García, Hugo Carballo y Juan Britos declararon que luego de ser secuestrados y torturados fueron introducidos al despacho de Bignone, quien les pidió disculpas, les explicó que se había tratado de un error, que ya habían encontrado a quienes buscaban y los compensó con una licencia hasta la baja. En el caso de García, el error fue por homonimia. Bignone quedó en libertad en 1987 por las leyes de impunidad del ex presidente Raúl Alfonsín.
3. Es cierto que Balza no puede juzgar a Cabanillas. Su afirmación de que está sometido a las decisiones de la Justicia como todo el Ejército, difiere del tradicional emblocamiento corporativo. Pero sí puede ordenar que una comisión de honor determine si hay motivo para formarle un tribunal de honor. Por mucho menos sometió a ese procedimiento al Mussolini tucumano Domingo Bussi. El no hacerlo pone en duda la sinceridad de sus expresiones de solidaridad con los abuelos y abuelas que siguen buscando a sus nietos nacidos en cautiverio. Lo mismo puede decirse de su pretensión de que no conoce el nexo que había entre la SIDE y Automotores Orletti. El papel de ingenuo no le sienta.
4. La misma causa que instruye el juez Bagnasco, en la que Balza declaró ayer como testigo, desmiente su afirmación de que no existen copias de órdenes de operaciones o actas vinculadas con la guerra sucia. Al menos una fue aportada por el mismo Balza: es aquella en la que el ex comandante en jefe Cristino Nicolaides ordena quemar toda la documentación. Otras fueron aportadas por los abogados de las Abuelas de Plaza de Mayo, Alberto Pedroncini y David Baigún: son aquellas que se refieren al trato que hay que dar a los niños detenidos en procedimientos militares. Y muchas más siguen entre los cuerpos del juicio a los ex Comandantes, aportadas ya bajo el gobierno de Alfonsín por el Ministerio de Defensa. Es decir que si luego fueron destruidas, no fue en cumplimiento de la orden de Nicolaides que invocó Balza.
5. Balza se abstuvo de mencionar en su conferencia de prensa los rollos informáticos que, a pedido del fiscal Miguel Angel Osorio, Bagnasco secuestró en la jefatura de Inteligencia del Estado Mayor del Ejército el 29 de enero. Yo había presentado la denuncia en el juzgado el 19 de enero, junto con un minucioso plano de cuya exactitud ya no quedan dudas. Entre la denuncia y el allanamiento transcurrieron diez días, y luego del allanamiento el material permaneció allí una semana hasta que comenzaron los peritajes. Hasta hoy los peritos policiales no han logrado descifrar el contenido de una parte de los rollos, que podrían ser copia en soportes magnéticos más modernos de los viejos rollos de las máquinas de hace dos décadas. Pero el Ejército que Balza conduce, tampoco les ha suministrado las claves para hacerlo.
“Tengan plena confianza en el juez que está interviniendo en la causa”, pidió ayer Balza a los periodistas. Y fue la única vez que sonrió en toda la conferencia de prensa.

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