Por Carlos Rodríguez
 Advirtiendo
que no justifica la irascible reacción del joven que quemó a dos policías porque le
habían llevado el auto, el jefe del gobierno porteño, Fernando de la Rúa, admitió que
el contrato de concesión que instrumentó el polémico sistema del cepo es “una
desgracia, como muchas otras que hemos recibido” y se mostró dispuesto a recibir
“cualquier denuncia sobre abusos” porque “si hay abusos o
irregularidades” se podría “revisar la concesión”. El interventor en la
Dirección de Concesiones, Virgilio Loiácono, dijo a Página/12 que pidieron a las
concesionarias que “eliminen o por lo menos minimicen la utilización del cepo,
porque es un sistema muy autoritario”. Loiácono, encargado de la revisión de todas
las concesiones, reveló que cuando asumió el actual gobierno de la ciudad, descubrió
que “el 99 por ciento del texto del contrato de concesión había desaparecido”.
Cuando comenzó la reconstrucción –que no ha concluido– aparecieron “dos
versiones distintas de algunos de los artículos, lo que demuestra el grado de
incertidumbre que existe sobre la letra de ese contrato”.
En agosto de 1996, cuando asumió De la Rúa, Loiácono era titular de la Secretaría de
Producción y Servicios. Desde allí propició la rescisión del contrato que había sido
firmado en el año 1990, durante la gestión del ex intendente Carlos Grosso, y que
tendrá vigencia hasta octubre del año 2000. “El jefe de gobierno con buen criterio
–afirmó Loiácono– señaló la inconveniencia de esa medida, porque daría
lugar a un reclamo judicial de las empresas por una indemnización fabulosa.”
Ayer, mientras el joven Cristian Irigoyen (ver aparte), le pedía disculpas a la policía,
los medios recibieron numerosas quejas contra el sistema de cepos y grúas. Hernán
Isasmendi, abogado de la Defensoría del Pueblo, calculó que se reciben “unas 30
denuncias anuales” por supuestos abusos de las empresas STO (Sistema de Tránsito
Ordenado) y SEC (Servicio de EstacionamientoComputarizado). Loiácono agregó que en el
organismo a su cargo “se reciben muchísimas denuncias contra los cepos”.
“Mi capacidad de asombro no tiene límites”, puntualizó Loiácono al referirse
al contrato con STO y SEC. Ante la falta de una copia en los archivos oficiales, tuvieron
que recurrir a las dos firmas. Así llegó a sus manos “un mismo artículo con dos
redacciones distintas”. Estimó que el problema “no se debe a que alguien se
puso a redactar algo nuevo. Esas dos redacciones deben haber estado hechas desde un
principio”.
Precisó que hasta se han perdido los apartados que establecían el pago de un porcentaje
de las ganancias a la Policía Federal, por intervenir en los operativos de secuestro de
los autos sorprendidos en infracción. Además de cuestionar las irregularidades,
Loiácono se opuso al sistema en sí mismo porque “no cumplió el propósito inicial
de ordenar el tránsito, porque muchas veces el coche en infracción, aunque esté mal
estacionado, provoca menos problemas que la grúa, que se instala en doble mano y trae
más problemas que soluciones”.
“Jamás impulsaría un sistema de estas características”, subrayó el
funcionario. Precisó que han comprobado que “en horas de la madrugada se hacen cinco
operativos con grúas y a las 15, cuando es más necesario, apenas hay uno”. Opinó
que eso se debe a que “a la una de la mañana es más fácil hacer el operativo y
ganar dinero”, dejando de lado “el objetivo real”. Lamentablemente “la
mayoría de las veces no tenemos las pruebas necesarias como para sancionar a las
empresas”.
De todos modos, confió en que las negociaciones con las empresas darán sus frutos y
“al menos reduciremos a lo mínimo el sistema de cepos y de grúas”. Dijo del
cepo que es “tan autoritario como un abogado que ata al cliente a la pata de su
escritorio porque no paga los honorarios”.
El abogado Hernán Isasmendi señaló que muchas denuncias son porque “los usuarios
de parquímetros ponen tres fichas para tres horas y sin embargo sólo les marca una
porque las máquinas funcionan mal”. Eso deriva en unadoble imposición: “Al
usuario le llevan el auto aunque estaba en el parquímetro, aunque haya puesto las fichas
y la policía le cobra la multa aunque estaba estacionado en un lugar autorizado”.
Un infractor entre rejas
“Estoy arrepentido”, dijo Cristian Irigoyen al subcomisario, al entregarse el
jueves en la comisaría 19, luego de su día de furia. Había prendido fuego a una garita
del STO y a dos policías porque le exigían que pagara la multa por el auto llevado por
una grúa. El problema era que el auto se había quedado sin nafta. Tras presentarse el
jueves en la comisaría, quedó detenido por orden de la jueza de instrucción María
Cristina Bértola y luego fue trasladado a los Tribunales, donde pasó la noche. Ayer, el
joven se negó a declarar ante la jueza por recomendación de sus abogados defensores. Uno
de ellos, Darío Debayle, informó que Irigoyen “se encuentra bajo tratamiento
psiquiátrico y su padre está muy enfermo”. La jueza cambió la carátula de la
causa, de “tentativa de homicidio y daños” a la de “incendio, lesiones y
daño”; levantó la incomunicación del joven, pero no permitió su excarcelación,
ya que el delito de incendio está penado con 3 a 10 años de prisión. Horas más tarde,
tomó declaración a cinco testigos del episodio que dieron versiones contradictorias, por
lo que fueron sometidos a un careo.
En tanto, en el hospital Churruca continuaba reponiéndose de las quemaduras de primer
grado el sargento Ernesto Lousto, quien trabajaba en la playa de estacionamiento la noche
del miércoles. Según el sargento, que declarará el lunes en Tribunales, el conductor
“actuó con conciencia de lo que hacía, y en ningún momento perdió el
control”. |
TESTIMONIOS DE VICTIMAS DEL CEPO Y LA GRUA
Tiene razón, pero marche a pagar
Por Cristian Alarcón
A Susana Clur los humores
negros la colmaron también un día como le sucedió al iracundo Cristian Irigoyen. Lo de
ella fue más contenido, no llegó a soltar la furia contra los empleados de la empresa
STO. Aunque mientras veía cómo los autos eran dejados caer por las grúas en el playón
de Figueroa Alcorta y Pueyrredón, pensó en pasar por encima la barrera de salida, harta
ya de ellos. Estaba segura de que había estacionado correctamente. Por eso, después de
pagar voló a los Tribunales de Faltas, en Pellegrini al 200. Ante un juez hizo el
descargo por la infracción. Le anunciaron que debería carearse con el policía que
labró el acta. Lo hizo, y al cabo de tres tardes perdidas recuperó el dinero. El
procedimiento es casi el único que pueden usar los usuarios en casos de multas, cepos o
infracciones irregulares. “No queda alternativa, una vez apresado el auto, hay que
pagar para poder sacarlo, recién entonces iniciar un trámite judicial de dudosa
efectividad”, le explicó a Página/12 el abogado de la Defensoría del Pueblo,
Hernán Isasmendi.
Lo cierto es que el destino de la queja de Clur, es de lo mejor que se ha contado en
finales de ofuscados usuarios. En el caso, la cuestión se definió con el careo al que
fueron sometidos Clur y el policía que la multó en la esquina de Rodríguez Peña y
Marcelo T. de Alvear. Susana salía del Teatro de la Comedia, a media cuadra, cuando, como
estaba segura de haber estacionado sin tocar la zona protegida de una embajada, se
desesperó al creer que le habían robado el coche. Un experimentado la avivó:
“Andá a Figueroa Alcorta, debe estar en la playa”, le dijo. “Yo estaba
verde –cuenta ella –. Pensaba ‘si está mi auto acá, los mato’. Pedí
hablar con el que hizo el acta, obvio que habían cambiado de guardia. Te tratan mal, no
te dan ninguna explicación y como siempre, te piden que pagás o lo dejás y encima te
cobran el estacionamiento diario”.
El abogado Hernán Isasmendi explica que para reclamar, la vía es hacerlo primero en la
empresa y luego ante la autoridad de aplicación dentro del gobierno de la ciudad.
“Pero no queda claro si es la dirección General de Vialidad o el interventor de la
dirección de Concesiones, Virgilio Loiácono.” Lo que para la Defensoría del Pueblo
es “mucho peor”, es lo que reconoció el funcionario a Página/12: no hay
contrato en manos del Gobierno, se ha perdido (ver nota central). “Si no se sabe qué
dice el contrato, es imposible verificar si hay abuso de derecho o no”, opinó
Isasmendi. Desde la Defensoría también sostienen que es posible presentar una demanda
civil, pero sólo si hubo un daño sobre el rodado, o la pérdida de tiempo injustificada
provocó un perjuicio al automovilista. Con todo, el mejor camino sería el que siguió
Clur.
La suerte de Susana no le sonrió a Mariano Cerejido, que se ocupa de uno de los circuitos
de venta y facturación de una megaempresa. Vio el parquímetro con media hora de
utilización libre. Cruzó a un comercio. En segundos le avisaron sobre la inminencia del
cepo. Volvió. Un policía ordenó que se lo quitaran, pero dijo que lo que no se podía
revertir era la boleta de infracción. Era una cuestión de horario. Mariano se regía por
la norma según la cual antes de las nueve AM está aún permitido estacionar en las zonas
concesionadas. El federal le dijo que se quejara al Departamento Central. De la Central lo
mandaron a una comisaría, y de esa a otras dos. “Estuvo cuatro horas vagando para
hacer una denuncia, y cuando llegó, de casualidad, a un juez de faltas, estaban de
feria.”
El tránsito en debate
“El tránsito en la ciudad no ha mejorado por los parquímetros; es obvio –opina
Luis Cerenza, especialista en transporte–. Ahora es más caro y genera que alguien
haga un negocio. No descarto que haya una zona con estacionamiento pago, pero no los
barrios; uno va a comprar los cospeles para el parquímetro y te ponen el cepo.” Para
la consultora en transporte Carmen Polo, “la concesión del sistema de control del
tránsito puede ser buena o mala según cómo se haga; el problema es que la ciudad de
Buenos Aires no ejercita una política de transporte y tránsito activa. Hay una
situación caótica generalizada de altísimo costo, porque el sistema no fue hecho
inteligentemente; no hubo un objetivo de ordenamiento, sino la privatización de una
gestión que podía ser redituable para un sector”. En cambio, para Eduardo Bertotti,
presidente del ISEV, “el sistema ha mejorado el tránsito: la velocidad de
circulación en calles con sistema de estacionamiento medido es mayor que en las que no lo
tienen”. “Pero los porteños lo usan mal y reponen las monedas cada dos
horas”, advirtió. |
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