Por Adriana Meyer
 Los directivos de la casa
matriz del gigante informático IBM avalaron el contrato firmado en 1994 con el Banco
Nación en un grado mucho mayor al que reconoció la filial local. Esto se desprende de
las declaraciones de los gerentes Marcio Kaiser y Peter Rowley ante la Comisión de
Valores de los Estados Unidos (SEC), a las que Página/12 tuvo acceso exclusivo. “Lew
escribía al país diciendo que yo había dado mi aprobación con estas, estas y estas
consideraciones”, relató Kaiser. La investigación de la SEC contiene las
auditorías que realizó la casa central en su filial argentina, donde aparecen variadas
irregularidades.
Por ejemplo, un 85% de las compras fueron adjudicadas a un “proveedor único y
exclusivo”, lo que demuestra que los jefes del Norte sabían que en América latina
las compras sin licitación eran un procedimiento habitual. Tal fue el caso de CCR, la
empresa por donde se habrían canalizado las coimas. Sin embargo, Estados Unidos acaba de
rechazar el pedido de extradición de Rowley, solicitado por el juez Adolfo Bagnasco, en
la causa local. El caso terminó en un escándalo cuando el periodista Santiago Pinetta
publicó la historia que dio inicio al expediente en el cual los funcionarios del Nación
ya confesaron haber recibido “gratificaciones” por la “alegría de
IBM”. Y la Justicia rastreó la huella de 9 millones depositados en el exterior, de
los 21 que admitieron haber cobrado.
Cuando en setiembre pasado Bagnasco y el fiscal del caso, Carlos Cearras, abandonaron la
capital estadounidense, llevaban en sus valijas los testimonios de quienes eran en 1994
los gerentes para América latina de la Big Blue. Este diario obtuvo de fuentes cercanas a
la investigación, aunque no judiciales, una copia de las trescientas páginas que
reproducen los testimonios prestados bajo juramento ante la Securities and Exchange
Commission (SEC). Allí Kaiser reconoció que los análisis previos a la aprobación del
contrato incluían a los subcontratistas. Es decir que la misión de los hombres de la
casa matriz era supervisar a CCR. Los interrogatorios no sólo fueron extensos sino
incisivos. La señora Delane Olson, abogada de la SEC, acorraló a los directivos de la
Big Blue hasta ponerlos muy nerviosos, pero sin perder la cortesía. Otro protagonista de
esas audiencias fue el abogado de los testigos, que interrumpió innumerables veces el
acto e intervino en todo momento indicándoles a sus clientes qué decir ante cada
pregunta. Y en los últimos tramos del testimonio de Rowley participó por la SEC Linda
Thompsen, la misma funcionaria que en noviembre se llevó varios kilos de documentación
fotocopiada del juzgado de Bagnasco.
A las 11.20 del 10 de junio de 1998, el testigo Peter Rowley ingresó a las oficinas de la
SEC, ubicadas en 450 de la calle quinta, en Washington D.C. Cuando estalló el caso,
Rowley reportaba a su presidente, el brasileño Robelí Libero, como lo hacían los
gerentes de cada país latinoamericano. Rowley visitaba Argentina varias veces por año.
En junio, declaró que el proyecto Centenario “parecía una real oportunidad de hacer
mucho dinero, el contrato más grande que había tenido IBM Argentina”. Pero
reconoció que era una iniciativa “de alto riesgo”, pues se asociaba con los
programas informáticos Hogan, que eran “complejos” y “de precio
fijo”. Si bien la responsabilidad era de la filial local, contrataron al especialista
en América latina Steven Lew, encargado de tomar la propuesta y buscar a los expertos en
ofertas de precio fijo. Rowley admitió que su responsabilidad era leer y firmar los
informes de auditoría.
La abogada Olson tuvo que refrescarle la memoria, mostrándole una prueba esencial: la
Auditoría Interna Corporativa de Compras de IBM Argentina, fechada el 17 de noviembre de
1992, en la que aparece su nombre. Ese documento marcó la necesidad de “concentrar
la atención en violaciones en la conducción de negocios detectadas durante la auditoría
de la administración de inventarios de IBM Argentina”. Rowley negó haber tenido
conocimiento de que durante setiembre de 1993 se advirtieron irregularidades tales como
facturas que no fueron aprobadas, una facturaque tenía una sola aprobación y algunas que
tenían condiciones de pago distintas de lo normal. Tras un receso a la hora del almuerzo,
Rowley reconoció una nota del presidente de IBM América latina a los cuatro ejecutivos
de línea en la que alertaba que “aún más inquietante ha sido la creciente cantidad
de violaciones de la conducción de los negocios advertidas en las auditorías”. La
nota está fechada en marzo 1994, un mes después de la firma del polémico contrato por
el Proyecto Centenario.
Casi dos meses después fue el turno de Marcio Kaiser. A las 9.05 del 30 de julio de 1998,
atravesó las puertas de la SEC. En representación de ese organismo, nuevamente la
señora Olson le preguntó si recordaba quiénes le reportaban durante el período
1993-1994, en la línea de servicio de Integración de Sistemas. Kaiser dijo que recordaba
“muy claramente el nombre de Steve Lew”, y que mantenía contacto telefónico
cada diez días con Juan Carlos Martínez, que era el gerente de Servicios en Argentina.
Martínez acaba de ser beneficiado con la ratificación de la “falta de
méritos” que le había dictado Bagnasco.
En base a una entrevista que ya habían mantenido con Steven Lew, las abogadas de la SEC
pudieron determinar que Kaiser aprobaba la propuesta en el aspecto técnico, pero había
delegado en él la facultad de aprobar revisiones de “integración de sistemas”.
El testigo aseguró que en el otoño de 1993 “los directores de América latina
habíamos ido a la Argentina para una revisión de presupuestos, y en ese momento se nos
informó que IBM Argentina estaba trabajando en una oferta muy grande para el Banco
Nación. Y tanto a mi jefe, Peter Rowley, como a mí se nos pidió que prestáramos
especial atención a esa oferta por el volumen y para asegurar el cumplimiento de la
operación dentro de un plazo adecuado. (Ricardo) Martorana y (Gustavo) Soriani nos
pidieron que alguien de mi personal viajara para revisar la propuesta. Resultó ser Steve
Lew, que era el contacto principal con la gerencia de Argentina respecto de este asunto y
en cuya capacidad yo confiaba”. Acto seguido le muestran unos mensajes de correo
electrónico que contienen la propuesta del Nación y Kaiser reconoció que aprobó la
oferta.
“¿Los análisis de Integración de Sistemas incluían a los subcontratistas?”,
preguntó la abogada de la SEC. “No, no lo recuerdo, respondió Kaiser.”
“Por qué no se toma un minuto para mirar las páginas 91500 y 915901?”
“Sí..., los productos de terceros, no recordaba eso, está justamente aquí... y
también los servicios.”
| Protagonistas Peter Rowley, Steve Lew, Marcio Kaiser (foto) y Robelí Libero son los cuatro
ejecutivos de IBM vinculados con el escándalo. Rowley es australiano y en 1993 era el
vicepresidente de Operaciones de IBM Latinoamérica. El norteamericano Steve Lew era
gerente de Integración de Sistemas de IBM Latinoamérica. Los otros dos ejecutivos
–que hoy no están ligados a IBM– son los brasileños Marcio Kaiser y Robelí
Libero. Kaiser fue director de Servicios de IBM Latinoamérica entre noviembre de 1990 y
febrero de 1995, y actualmente es titular de Oracle Brasil. Libero se jubiló en 1996 y
vive en Miami. Las extradiciones de Rowley y Lew fueron negadas por Estados Unidos,
mientras que Brasil tampoco otorgó las de Kaiser y Libero.
El caso de la SEC
La SEC investiga si la empresa informática IBM
–International Business Machines Corporation– violó la Ley Federal de Valores,
pero los hechos que se revelen en ese proceso también podrán constituir delito según
las leyes federales, estaduales, civiles o penales. A la Comisión de Valores
norteamericana sólo le interesa determinar si IBM usó dinero para sobornos y en sus
balances lo hizo figurar como compras. De comprobarse esto, la empresa habría engañado a
los accionistas. Ese organismo controla que todos los operadores de bolsa operen con la
misma información. Determinados delitos tienen sanciones penales, pero lo más usual es
que se apliquen cuantiosas multas. Por otra parte, la Justicia norteamericana podrían
investigar si la Big Blue violó la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero. La
investigación preliminar que impulsa el fiscal Kerry Lawrence corre paralela a ésta y es
él quien decidirá si hay elementos suficientes como para iniciar un juicio y elevará
sus conclusiones a la secretaria de Justicia Janet Reno. Mientras tanto, el Departamento
de Justicia consideró que Bagnasco no tiene elementos suficientes para probar que hubo
cohecho y por eso negó la extradición de Lew y Rowley. |
En la Side se preguntan quién será el
espía
Las revelaciones que hizo Página/12
sobre los represores que trabajan en el organismo generó sumarios y pesquisas internas.
Anzorreguy mantiene a varios
“famosos” represores en la Side.
Dice que los heredó del Tata Yofre. No es el caso de Ruffo. |
|
Por Sergio Moreno
En la Side no hay paz.
Las revelaciones que realizó Página/12 entre el 28 de marzo y el 19 de abril pasados,
sobre la participación de varios agentes de la dictadura en el máximo organismo de
inteligencia civil que tiene el Estado argentino, han generado un revuelo mayúsculo en la
dependencia, amenazas de desplazamientos y de sumarios internos. Ocurre que cuando este
diario dio a conocer que el jefe de los espías, Hugo Anzorreguy, había contratado al ex
miembros de la Triple A y mantenía en sus cargos a ex torturadores y secuestradores,
también reveló el número de legajos con que se los clasifica en la secretaría. Entre
lo que los espías consideraron una “seria filtración de datos clasificados” y
la desazón del Señor 5, Hugo Anzorreguy, al aparecer públicamente apañando y
pagándoles el sueldo a estos personajes, en “La Casa” –como denominan
internamente a la Side– todos quedaron bajo sospecha.
Página/12 hizo público que Anzorreguy acoge entre sus hombres a:
 Eduardo Ruffo:
ex miembro de la Triple A, lugarteniente de Aníbal Gordon y ex torturador del campo de
concentración Automotores Orletti. Fue condenado, ya en democracia, por el secuestro de
Guillermo Patricio Kelly y la falsificación de la partida de nacimiento con la que
encubrió la apropiación de la menor Carla Rutilo Artés.
Coronel (R)
Rubén Víctor Visuara: ex jefe operativo de la banda de Gordon y de Automotores Orletti
–oportunidad en que fue superior del actual jefe del Cuerpo de Ejército II, general
Eduardo Rodolfo Cabanillas, denunciado por el poeta Juan Gelman como partícipe mediato
del secuestro de su hijo, nuera y su nieto o nieta–. El número de legajo de Visuara
en la Side es 55.791.
Coronel Oscar
Pascual Guerrieri: grupo de tareas del II Cuerpo de Ejército y, como tal, torturador en
los campos Quinta de Funes y Granadero Baigorria. Fue sindicado, junto con el subcomisario
de la Bonaerense y actual intendente de Escobar, Luis Patti, como responsable del
secuestro en 1983 de los militantes peronistas Osvaldo Cambiasso y Eduardo Pereira Rossi.
Guerrieri figura en la planta de la secretaría como personal transitorio con el número
de legajo 55.732.
Rafael López
Fader: ex integrante del Batallón 601 (inteligencia del Ejército) durante la dictadura y
miembro del grupo que realizó el primer secuestro del empresario Osvaldo Sivak en 1979.
La revelación de que estos represores trabajan para Anzorreguy revulsionó la sede del
espionaje criollo no sólo por dar a conocer a la opinión pública cuál es el tipo de
agente que recluta el Señor 5, sino porque, además, este diario informó los números de
legajo interno de dos de ellos. Según entienden los espías, el acceso a esa información
“clasificada” significó una filtración no menor en la inteligencia criolla.
Pero más allá de la preocupación por las filtraciones, Anzorreguy está atormentado por
su exposición pública como jefe de estos sujetos. El Señor 5 de la Side ha tratado,
desde que se hizo cargo del organismo, de mantener la imagen que había construido desde
sus días de abogado laboralista progresista y democrático, con buenos vínculos con la
UCR e, incluso, con el Frepaso. Anzorreguy sorteó, con mayor o menor elegancia, las
acusaciones y sospechas que recayeron sobre sus agentes –sus características, pasado
e idoneidad– en diversas oportunidades, pero fundamentalmente a partir de los
atentados a la embajada de Israel y la AMIA. “Hugo”, como lo llaman sus
íntimos, supo realizar operativos espectaculares más allá de que el tiempo diluyera su
efectividad. Tal es el caso del apresamiento de la iraní Nashrim Mohtari. Pero su
aparición como empleador de ex torturadores se le antoja un trago demasiado áspero como
para que pase por su garganta sin producir escoriaciones.
El Señor 5 suele justificar la presencia de estos elementos en la secretaría con dos
argumentos: 1) que los heredó de la gestión anterior, esto es, la de Juan Bautista
“Tata” Yofre, ex periodista menemista hoy autoexiliado en el ostracismo de un
pueblito cordobés, y 2) es preferible tenerlos adentro “para poder manejarlos y
vigilarlos”. Esta teoría que abonan los allegados de Anzorreguy sostiene que
“si los echamos quedan fuera de control y se van a dedicar a extorsionar y a
secuestrar”. Ninguno de estos dos argumentos da explicación, por ejemplo, a por qué
Anzorreguy contrató a Ruffo a principios de este año.
El asunto cobra mayor dimensión si se tiene en cuenta que Anzorreguy tiene abiertos dos
frentes internos no menores:
Su pelea en el
gabinete: tanto el ministro del Interior, Carlos Corach, cuanto el secretario general,
Alberto Kohan, anhelan el sillón del Señor 5. Para enfrentar, hasta ahora, los embates
de sus colegas, Anzorreguy apeló a la influencia de uno de sus patrocinadores, Emir Yoma,
y de la UCR. No son pocos los radicales que sostienen que “es mejor que se quede Hugo
hasta el cambio de gobierno y no nombren a algún monstruo que ponga a la Side a operar a
full contra nosotros en la campaña”.
La interna de
“La Casa”: el coronel (R) Juan Carlos Igounet llegó a la subsecretaría de
inteligencia interior –es el actual Señor 8– gracias a los largos años en que
se desempeñó como edecán de Carlos Menem. Su nombre sigue siendo barajado como el
candidato más factible para reemplazar a su actual superior ante un hipotético cambio de
mano antes de las elecciones de octubre.
Además de la batalla que está dando hacia adentro para permanecer en el cargo,
Anzorreguy debe hacer frente al embate –amortiguado por el oficialismo– que
proviene del Congreso. Si bien el presidente de la Comisión de Seguridad Interior, Rafael
Bulacio, se dio por satisfecho con la respuesta que el Señor 5 dio por escrito (ver
aparte), queda pendiente un pedido de informes presentado por los diputados frepasistas
Carlos “Chacho” Alvarez y Alfredo Bravo para que responda sobre Ruffo, los
criterios de incorporación de personal y la lista de agentes orgánicos e inorgánicos
con que cuenta su organismo.
ANTE LA COMISION DE SEGURIDAD INTERIOR DE
DIPUTADOS
Las vagas evasivas de Anzorreguy
“El
señor Eduardo Alfredo Ruffo prestó servicios como agente civil de inteligencia, en la
SIDE, desde el 1º de mayo de 1972 hasta el momento de su baja operada el día 13 de
febrero de 1978”, les respondió el jefe de la SIDE, Hugo Anzorreguy, a los diputados
de la Comisión de Seguridad Interior. De esta manera negó la presencia del ex torturador
de Orletti en la planta de personal de La Secretaría.
En su vaga desmentida dirigida al titular de la comisión parlamentaria, el tucumano
Rafael Bulacio, Anzorreguy no le respondió sobre las revelaciones de Página/12 acerca de
que el ex lugarteniente de Aníbal Gordon cobraba con dinero de los fondos reservados y no
figura como personal del plantel básico de la SIDE, sino entre los llamados agentes
inorgánicos, debido a sus antecedentes criminales. El jefe de los espías tampoco dio
explicaciones sobre las reuniones de trabajo que Ruffo mantiene en el bar ubicado en el
local 114 de las Galerías Pacífico con el agente que utiliza el seudónimo Francisco
Ablanello, ni tampoco dice nada sobre la presencia en la SIDE de los coroneles Rubén
Víctor Visuara y Oscar Pascual Guerrieri reconocidos represores de la última dictadura
militar.
El titular de la comisión se dio por satisfecho con la explicación del Señor 5 y
decidió suspender su citación parlamentaria, que estaba prevista para el 27 de este mes.
En su nota a Bulacio, Anzorreguy le dice que “dada mi formación jurídica y
política, he sujeto mi gestión en materia de recursos humanos a las normas pertinentes,
velando así para que los recaudos de idoneidad e integridad moral fueran acabadamente
cumplidos en orden a la incorporación de personal”.
La nota del jefe de la SIDE tiene fecha 15 de abril; en ese momento este diario no había
revelado la presencia en La Secretaría de los torturadores Visuara y Guerrieri. El Señor
5 adeuda una explicación pública sobre la presencia de estos genocidas en el máximo
organismo de inteligencia civil, del Estado democrático. Cuando recibió la nota de
Anzorreguy, el diputado Bulacio tampoco conocía la presencia de estos genocidas en la
estructura de la SIDE. En ese momento el legislador tampoco era el candidato a intendente
de la ciudad de San Miguel de Tucumán, por un frente respaldado por el PJ tucumano.
|
