OPINION
El huracán neoconservador
Por Simón Lázara * |
Estamos
sometidos a la presión de un viento huracanado: envueltos en una profunda crisis de
seguridad pública, apretados por el crecimiento numérico y cualitativo del delito,
sufrimos un generalizado reclamo de resolver este dramático problema aplicando mano dura
policial, dureza estatal y leyes más duras. Estas ideas impregnan hoy a casi toda la
sociedad argentina, incluidos los sectores populares, cerrando los espacios para otras
formas de ver y encarar los problemas que se padecen.
Nada de esto es demasiado nuevo. En 1989, amparado por la innegable crisis del Estado de
Bienestar, la impotencia para resolverla y las limitaciones para defenderlo, el
neoconservadorismo se lanzó al asalto del poder y al remate del vasto e ineficaz aparato
estatal. En ese momento, quienes alertábamos sobre los riesgos de las privatizaciones
masivas e incontroladas y nos preguntábamos acerca de los verdaderos objetivos y
beneficiarios de tal política éramos mirados como defensores de la ineficiencia, el
clientelismo y la corrupción. Diez años más tarde hay consenso generalizado sobre el
significado de la brutal transferencia de activos e ingresos que implicó ese proceso, de
la falta de controles y de la concentración del poder y la riqueza, junto con la
exclusión social, la marginalidad y la pobreza.
Hoy, quienes alertamos contra la falsa dureza somos calificados despectivamente como
“hiper-garantistas” y defensores de los delincuentes. Y, preocupados por las
encuestas de opinión y fuertemente condicionados por algunos medios de comunicación,
muchos otros, que deberían mantener la cabeza algo más fría, aceptan discutir desde esa
lógica perversa. Por eso esta semana la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos
convocó al ministro de Justicia y Seguridad de la provincia, León Arslanian, quien es
miembro de la Mesa Directiva del organismo, y al secretario de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, Enrique Mathov.
Algunas cosas quedaron en claro. Primero, que la discusión pública y muchas posturas
gubernamentales procuran omitir las causas económicas y sociales de la crisis. Segundo,
que no hay verdaderamente un discurso común. Tercero, que las disputas partidarias y
electorales empujan al rincón a las ideas de política de Estado. Cuarto, que los
problemas planteados por las vinculaciones policiales con el delito o las complicidades
corporativas con la impunidad no están, como debieran, en el centro del debate. Quinto,
que los medios que actúan como prensa amarilla exacerban las pasiones. Sexto, que no hay
políticas comunes nitro las diversas áreas estatales que deben enfrentar la acción
operativa o llevar adelante políticas de prevención y desisten.
Pero sobre todo, quedó en claro una fuerte coincidencia acerca de que estamos inmersos en
una ofensiva autoritaria y que no podemos eludir el debate de fondo entre quienes queremos
una sociedad abierta, pluralista y democrática y quienes solo se ocupan de los chicos de
la calle cuando cometen algún delito.
* Vicepresidente, APDH. |
|
