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Henry Kissinger y Mariano Cavagna Martínez,
que mediarán en el reclamo de 1500 millones de pesos planteado por el consorcio que
realizó la obra civil de la represa binacional, gozan de la prerrogativa de establecer
sus propios honorarios. Cómo
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Por Cledis Candelaresi  Los
árbitros de Yaciretá, el lobbista Henry Kissinger y el ex juez de la Corte Suprema
Mariano Cavagna Martínez, tienen entre manos una misión trascendente, no sólo por la
envergadura de los reclamos sino por la posibilidad de cobrar suculentos e imprecisables
honorarios. La resolución de la Entidad Binacional Yaciretá que designa al ex camarista
en lugar de Héctor Masnatta reforzó las atribuciones de los mediadores y omitió toda
base para calcular sus remuneraciones. Si éstas, como se previó originalmente, se
hubiesen fundado en el Reglamento de Arbitraje Internacional, habrían asegurado para cada
laudador 900 mil pesos, libres de gastos. Como esto podría parecerles poco, ahora no se
sabe cuánto cobrarán.Masnatta fue postulado con firmeza por la Cancillería y el ministerio de Economía. Finalmente, el 28 de agosto pasado, el Comité Ejecutivo de la EBY, a cargo de Jorge Pedreira, lo designó como árbitro en representación del Estado argentino “por su amplia experiencia y su calidad de integrante de Organismos Internacionales de Conciliación y Arbitraje, entre ellos del Tribunal Arbitral Internacional de Salto Grande y de la Comisión de Conciliación del Tratado de Límites con Chile”. La misma resolución –que requería el aval del Consejo de Administración de la entidad binacional– disponía que el Comité Ejecutivo de la EBY debía “preacordar” los honorarios y los gastos sobre los parámetros de la Cámara de Comercio Internacional. Según la grilla prevista por la Corte Internacional de Arbitraje de la CCI, sobre un reclamo que suma 1500 millones a cada árbitro le correspondería, como se indicó arriba, alrededor de 900 mil pesos. Pero la resolución 903 del 9 de febrero cambió ésta y otras condiciones, ampliando las atribuciones del árbitro. Esta norma –emitida ya con Raúl Reali como director ejecutivo y cuando Yaciretá había sido transferida de la órbita de Economía a la de la Secretaría General de la Presidencia– ignoró el respaldo que Guido Di Tella y Roque Fernández habían otorgado a Masnatta. En su lugar nombró a Cavagna Martínez, quien ya dio sobradas pruebas de ser un fiel soldado del presidente, como cuando resignó su lugar en la Suprema Corte para permitir una negociación con el radicalismo. En alusión a los honorarios, la 903 sólo sostiene que se tomarán en cuenta “los usos y costumbres aplicables a los arbitrajes internacionales”, sin ninguna mención expresa a la Cámara de Comercio y, por consiguiente, a la escala impuesta por ella. Gianfranco Rizzo, gerente general de Eriday, el consorcio constructor que plantea el reclamo, dio una pauta ante Página/12 de la amplia facultad que insinúa aquella norma. “Los árbitros fijarán sus propios honorarios y hasta decidirán quién debe pagarlos: si el Estado o nosotros”, explicó el empresario. Esta última resolución amplía otras atribuciones de los laudadores. La de agosto, por ejemplo, proponía la creación de un grupo de trabajo binacional de apoyo al arbitraje, que debería expedirse por escrito “sobre los aspectos económicos de los reclamos en cada oportunidad”. Pero esa especie de equipo de contralor finalmente no se creó. La contratista asegura que todo está dentro lo previsto y de un marco de legalidad. A punto tal que si Kissinger y Cavagna no arribaran a un entendimiento, los reclamos sobre Yaciretá podrían quedar en manos de la Organización de Estados Americanos.
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