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Por Adriana Meyer  A partir de hoy
la Sala I de la Cámara Federal tendrá todos los elementos para decidir si permite la
continuidad de la causa que investiga la presunta existencia de un plan sistemático para
la apropiación de los hijos de los desaparecidos durante la dictadura. Los abogados que
representan a las seis Abuelas de Plaza de Mayo querellantes en este proceso presentarán
ante ese tribunal sus argumentos para rechazar las apelaciones que interpusieron los siete
militares que el juez Adolfo Bagnasco procesó en diciembre por considerarlos autores
mediatos de ese delito. Los organismos de derechos humanos exigieron "que los jueces
argentinos no frustren una vez más la posibilidad de juicio y castigo", porque dicen
conocer "las amenazas que se ciernen sobre este proceso".De hecho, los camaristas Horacio Vigliani y Luisa Riva Aramayo podrían entender que los delitos imputados a los ex jefes militares --artículos 146 y 139 del Código Penal, es decir, sustracción, retención y ocultamiento de menores y alteración de su estado civil-- están prescriptos porque fueron cometidos hace más de quince años, y de ese modo quedaría sin efecto todo lo actuado no sólo en la causa de Bagnasco sino también en todas las que tienen el mismo objetivo. También podrían considerar que estos hechos ya fueron juzgados en el Juicio a las Juntas de 1985, es decir, que es válido aplicar en estos casos el principio de cosa juzgada. O simplemente fallar a favor de alguna de las apelaciones a favor de Emilio Massera, Reynaldo Bignone, Rubén Franco, Cristino Nicolaides, Jorge "Tigre" Acosta, Antonio Vañek y Héctor Febres. "Estos delitos --cometidos con carácter sistemático y parte del plan criminal ejecutado por la dictadura militar-- son los únicos que no quedaron protegidos por las injustas leyes de impunidad, cuya nulidad estamos reclamando", argumentaron los organismos. "Al cumplir el menor la edad de diez años, pasó a ser sujeto pasivo del delito de privación ilegal de la libertad, que es un delito continuo y permanente, de modo que --no habiendo aparecido las víctimas-- no comenzó a correr la prescripción", argumentaron los abogados de las Abuelas en una síntesis de sus memoriales. Paradójicamente, el general Martín Balza utilizó el viernes en su declaración testimonial ante Bagnasco citas textuales que también fueron incluidas en el dossier documental que le entregaron los organismos de derechos humanos el mes pasado, cuando, al igual que el escritor Juan Gelman y ese magistrado, le pidieron respuestas al actual jefe del Ejército. En el caso del fragmento del libro El último de facto del ex presidente Reynaldo Bignone, la cita es de la misma extensión y se refiere a las listas de desaparecidos, como aquello que sus compañeros jefes militares decidieron no confeccionar por la "inconveniencia" de tener que responder a las incómodas preguntas sobre el destino de esas personas y el porqué de su asesinato. Estos y otros fragmentos de la declaración de Balza están incluidos en la presentación de hoy ante la Cámara Federal. Riva Aramayo y Vigliani ya solicitaron al juzgado el voluminoso expediente de la causa que ya lleva acumuladas 30 mil fojas, de modo tal que están en condiciones de abocarse al estudio de la situación. No tienen plazos para resolverla salvo que alguna de las partes plantee una queja. Cuentan además con los memoriales presentados por cada uno de los abogados de los imputados, y con la causa derivada por la Cámara Federal de San Martín en la que está procesado el ex presidente de facto Jorge Videla, como autor mediato de la apropiación de seis hijos de desaparecidos.
LA CAUSA POR LOS RESTOS DE SANTUCHO Y URTEAGA
Víctor Ibáñez es quien, en calidad de testigo, involucró a Valladares en la muerte de Santucho y Urteaga, y en la desaparición de los miembros de la guerrilla Domingo Menna, su esposa Ana Lanzilloto de Menna y la compañera de Santucho, Liliana Delfino. Según su testimonio, Valladares cumplía funciones como secretario administrativo del general Santiago Riveros, jefe de Inteligencia de Campo de Mayo, y manejaba documentación que podría contener datos determinantes para la causa. Santucho y Urteaga murieron el 19 de julio de 1976 en Villa Martelli, como reconocieron los jefes de la junta militar durante el juicio de la década pasada, pero Menna, Delfino y Ana Lanzillotto --quien habría llegado a dar a luz a un hijo en un centro de reclusión-- no murieron durante la detención y nunca más fueron vistos. Los restos de Santucho y Urteaga nunca fueron localizados, a pesar de que se hicieron excavaciones donde estaba el Museo de la Subversión, frente a la puerta 4 de Campo de Mayo. Sus familiares, como parte de la investigación, solicitaron a través
de sus representantes letrados Manuel Justo Gaggero y Elena Mendoza que el juzgado reitere
su citación al jefe del Ejército, teniente general Martín Balza, por considerar que sus
declaraciones ante el juez Adolfo Bagnasco son de importancia. Gaggero aclaró que este
pedido se sustenta en la reciente declaración de Balza en la causa en la que se investiga
el secuestro sistemático de bebés durante la última dictadura militar, en la cual
"aparentemente habría manifestado que alguna información sobre muertos y caídos en
combate figuran en los archivos del Estado Mayor del Ejército". También requerirán
que se certifiquen las copias de las declaraciones de Riveros, del ex presidente Jorge
Videla y del ex jefe de la Policía Bonaerense Fernando Verplaetsen, para iniciarles
acciones por falso testimonio. |
