Por Martín Granovsky
 Aunque Martín Balza dijo
que el general Eduardo Cabanillas está en condiciones técnicas de reemplazarlo, la
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos pidió ayer su relevo inmediato como jefe del
Cuerpo de Ejército II. La APDH estudió el legajo de Cabanillas y llegó a una
conclusión: solo pudo ascender a general, y después a general de división, porque la
foja de servicios enviada por el Ejecutivo al Senado “omitió datos esenciales”.
El más esencial de todos, que Cabanillas fue uno de los jefes del campo de concentración
Automotores Orletti.
Cabanillas había sido acusado por el poeta Juan Gelman en una carta abierta publicada en
Página/12 como responsable mediato del robo de su nieto o nieta, nacido o nacida en
cautiverio en 1976. La nuera de Gelman, María Claudia Irureta Goyena, fue secuestrada por
una patota del Ejército cuando estaba embarazada, junto con Marcelo Gelman, el hijo del
escritor.
Naturalmente ni el secuestro ni la actividad del entonces capitán Cabanillas figuran en
el legajo. Pero la APDH descubrió que fueron suprimidas, “voluntaria e
involuntariamente”, las pistas que podrían llevar a la verdadera actividad de
Cabanillas.
En un texto que firman, entre otros, José Miguez Bonino, Adolfo Gass, Alfredo Bravo y
Simón Lázara, el organismo humanitario informa que, según el legajo, Cabanillas tuvo
cinco destinos durante la dictadura militar:
 Escuela
Superior de Guerra, como cursante.
Secretaría de
Inteligencia del Estado, sin datos, es decir sin indicación de función o, como dice el
legajo en jerga militar, “rol de combate”.
Otra vez la
Escuela, como cursante.
Estado Mayor
del Ejército, como auxiliar.
Escuadrón de
Exploradores, como jefe.
Cabanillas revistó en comisión en la SIDE entre el 20 de agosto de 1976 y el 27 de enero
de 1977. El propio general acaba de reconocer en una entrevista con el diario “La
mañana del sur” que operó en Operaciones Tácticas 18, como era conocido Orletti en
el vocabulario de la represión. Y los lectores de este diario ya conocen, por las tres
cartas de Gelman publicadas aquí, que Cabanillas admitió en un expediente militar de
1977 su desempeño en Orletti.
Tanta información posterior torna aún más sospechoso el ocultamiento de datos. Pero
además, si Cabanillas no realizó ningún curso como oficial de inteligencia, ni como
capitán tenía ninguna especialización en ese campo, ¿por qué fue enviado en comisión
a la SIDE? Su actividad en Orletti sirve para contestar la pregunta. Respuesta: en lugar
de desplegar tareas de inteligencia exterior, Cabanillas fue designado por la SIDE para
cuestiones operativas. Para ejecutar órdenes y supervisar, por ejemplo, Orletti, un
centro clave en la Operación Cóndor que fue posible por la coordinación represiva de
Chile, Argentina, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Brasil.
“La omisión de información implica la sustracción de elementos claves para quienes
debían adoptar una decisión sobre el futuro de un oficial superior”, dice la APDH
sobre el legajo del general en el Senado, y da a entender que el ascenso de Cabanillas es
un proceso viciado. Por eso pide a Balza que lo releve.
Hasta ahora, el jefe del Estado Mayor del Ejército no quiso pasar a disponibilidad al
jefe del Segundo Cuerpo. Gelman le recordó que entre otras herramientas a su alcance
estaba el tribunal de honor, que podría analizar la conducta del general, pero Balza
eligió una estrategia encaminada a que fuese solo la Justicia, y no el Ejército, la que
decidiera el futuro de Cabanillas.
Balza concentró en los últimos días sus ataques en los dinosaurios como Cristino
Nicolaides, a quien llamó ayer “mentiroso”. También pidió que la crítica por
las violaciones a los derechos humanos se dirigiera a losdinosaurios y no a los oficiales
en actividad. La mayoría de éstos, según el jefe del Ejército, no participó de la
represión.
Sin embargo los datos públicos sobre Cabanillas prueban que el general ya era, como
capitán, un dinosaurio, y que luego sobrevivió y fue creciendo en democracia simplemente
porque el pliego ocultaba el dato más importante de su carrera.
Si Balza no revisa su decisión, todo quedará en manos del juez Adolfo Bagnasco, a cargo
de la causa de Orletti. El fiscal Eduardo Freiler pidió hace dos semanas la citación de
Cabanillas. El juez aún no la concretó.
Todavía hay un dinosaurio entre nosotros.
EL PLAN SISTEMATICO PARA ROBAR BEBES
Las Abuelas refuerzan su acusación
Por A. M.
Los abogados que
representan a seis Abuelas de Plaza de Mayo en la causa por el robo de sus nietos durante
la dictadura presentaron ayer ante la sala I de la Cámara Federal su respuesta a las
apelaciones presentadas por los defensores de los siete militares procesados por el juez
Bagnasco. Intentan evitar que ese tribunal beneficie a los represores y ordene su
libertad. La mayoría cumple arresto domiciliario. Este diario tuvo acceso al capítulo
introductorio del voluminoso escrito, en el que se analiza “el aparato de poder”
en el marco del cual se produjo este aberrante delito.
Según el equipo de abogados encabezado por Alberto Pedroncini, para abordar el objeto
procesal de la causa “es necesario distinguir tres campos: el dominio del aparato
general del Estado, el plan criminal considerado como metodología del poder estatal y la
práctica criminal respecto de menores, en su gran mayoría nacidos en los centros
clandestinos de detención durante el cautiverio de sus madres”. Esto es lo que se
les imputa a los jefes militares procesados.
“El soporte principal de esta práctica criminal fue el centro clandestino de
detención donde fueron conducidas las mujeres que habían sido previamente secuestradas
por sospechárselas vinculadas a ‘la subversión’”. Su ingreso a esos
infiernos sellaba el destino de la madre y del niño. La madre sería suprimida,
“porque ello era necesario para llevar a cabo la apropiación de su hijo sin huellas
de su origen”. El niño no sería inscripto con su verdadera identidad.
Esta práctica sistemática –que tiene su génesis en el plan criminal que probó el
Juicio a las Juntas de 1985– se llevó a cabo con recursos materiales y humanos del
Estado: la Escuela de Mecánica de la Armada, del Hospital Militar de Campo de Mayo, otros
hospitales de la provincia de Buenos Aires y el personal médico que trabajaba en ellos,
además de los grupos de tareas.
El aparato jurídico-político del Estado fue utilizado para “frustrar la acción de
los jueces intervinientes en los miles de recursos de hábeas corpus que se interponían a
favor de personas desaparecidas”. Cesada la acción militar, ese poder fue utilizado
para otorgar impunidad mediante el ejercicio de funciones de gobierno, que produjeron
medidas como el “Documento Final sobre la Subversión y el Terrorismo”. Los
abogados le recomendaron al tribunal que tengan en cuenta los informes de la Secretaría
de Derechos Humanos y los legajos de la Conadep.
| Libro sumado a una causa El sargento “arrepentido” Víctor Ibáñez deberá presentarse
nuevamente ante el juez Alfredo Bustos, quien investiga el destino final de Mario Roberto
Santucho y Benito Urteaga. Los abogados de las familias de los líderes del Ejército
Revolucionario del Pueblo pidieron que Ibáñez amplíe su declaración a raíz de los
datos que aportó para la investigación sobre Campo de Mayo desarrollada en el libro
Campo Santo, del periodista de Página/12 Fernando Almirón. El libro, además, fue
incorporado a la causa. El coronel (R) José Eduardo Valladares, actualmente a cargo del
Archivo General del Ejército, debía concurrir a declarar ayer pero se excusó diciendo
que estaba “muy ocupado” y deberá testimoniar el 4 de mayo. |
LO QUE BALZA DICE QUE LE DIJO CABANILLAS
“Trabajaba en unas oficinas”
El
general Martín Balza aseguró ayer que el general Eduardo Cabanillas “está en
condiciones de ser jefe de Estado Mayor del Ejército”. “Ocupa el sexto lugar en
el orden jerárquico. Es general de división y todos los generales de división están en
condiciones de serlo. Pero eso lo va a decidir el próximo presidente” de la Nación,
dijo Balza. El jefe del Ejército reiteró, durante un reportaje transmitido ayer por
Radio Mitre, que es la Justicia federal y no el Ejército la que debe ocuparse de
establecer la responsabilidad de Cabanillas en la apropiación ilegal del nieto o la nieta
del poeta Juan Gelman y en otros delitos de lesa humanidad.
Durante la entrevista radial con Néstor Ibarra, Balza repitió casi textualmente los
argumentos utilizados en la carta de respuesta a Gelman, publicada por Página/12 el 11 de
abril. El poeta había solicitado la intervención del jefe del Ejército para descubrir
el destino de su nieto o nieta, ya que Cabanillas –actual comandante del Segundo
Cuerpo– fue el subjefe del centro clandestino Automotores Orletti, donde estuvieron
detenidos ilegalmente el hijo y la nuera de Gelman. El puesto ocupado por Cabanillas en el
centro clandestino fue revelado por el mismo general en un sumario interno realizado por
el Ejército.
Balza volvió a decir ayer que el comandante del Segundo Cuerpo le aseguró que
“nunca estuvo en Automotores Orletti”. “Me dijo que trabajaba en unas
oficinas. Manifestó que nunca presenció ni supo de acto delictivo alguno y que no tenía
ningún conocimiento relacionado con el secuestro del hijo del señor Gelman ni sobre la
nuera que estaba embarazada”, relató. Ante estas afirmaciones Ibarra le reiteró lo
que una periodista de este diario le había señalado en la conferencia de prensa que
Balza brindó el viernes pasado: que existe una contradicción entre lo que Cabanillas
declaró ante la Justicia militar y lo que le dijo a él. Balza, entonces, repitió que la
Justicia Federal es la encargada de investigar a Cabanillas. Recordó que el juez Adolfo
Bagnasco ya tiene en su poder el sumario administrativo en el que el comandante del
segundo cuerpo aseguró que se desempeñó como subjefe de Automotores Orletti. El juez
había requerido este documento con el propósito de ordenar la citación de Cabanillas.
El jefe del Ejército –quien dijo que es “muy probable” que se retire a fin
de año– insistió también en la inexistencia de listas de desaparecidos, tema por
el que fue citado el viernes pasado por Bagnasco. “Si algo ha quedado o no, no lo
sé. Lo que sé es que en reiteradas oportunidades ordené buscar todo antecedente sobre
listas, mensajes y documentos de cualquier tipo relacionados con la lucha contra la
subversión. El resultado hasta ahora ha sido negativo. Lo cual quiere decir que en el
Ejército no hay documentación”, aseguró Balza. Y agregó que por ese motivo no le
consta que hubiera existido un plan sistemático para apropiarse de los hijos de
desaparecidos.
El general Cristino Nicolaides, quien firmó en noviembre de 1983 la orden de
incineración de todo material relacionado con la represión ilegal, había dicho que el
Ejército tenía actualmente listas de desaparecidos. Balza lo criticó y calificó la
disposición de destruir los documentos como “intrínsecamente inmoral, porque nos
impide dar la respuesta que la sociedad reclama”. Para cerrar la polémica sobre la
existencia o no de archivos, el general dijo que los secretarios generales de las tres
Fuerzas Armadas y los comandantes en jefe del último gobierno militar son quienes deben
aclarar que hicieron con las listas.
Balza respondió además preguntas vinculadas con la venta de armas a Croacia, otro
proceso judicial en el que está involucrado. Aquí también dijo que confiaba en la labor
de la Justicia para resolver el tema. De todos modos, se encargó de recalcar que
Fabricaciones Militares –el organismo que intervino en la maniobra– no está
vinculado con el Ejército sino que entre el `83 y el `96 dependió del ministerio de
Defensa y luego pasó a estar bajo la órbita de Economía. El jefe del Ejército
consideró”vandálico” y “criminal” el hecho de que la explosión de
la fábrica de armamento de Río Tercero fuera intencional, tal como revelaron las
pericias la semana pasada. El general desplegó la misma estrategia sobre el tema de las
armas y sobre los desaparecidos: se distanció del asunto, lamentó lo ocurrido y afirmó
que a él no le corresponde hacer la investigación.
| Elsa Nocetm, objetivo Como indicio de la supervivencia de documentación relacionada con la
represión, el periodista Néstor Ibarra leyó al aire una de las órdenes de secuestro
elaboradas por los militares. “Filiación: FAR Monto. Objetivo primario: Elsa Alicia
Nocetm, de 21 años. Objetivo secundario: quien se encuentre con él. Grado de
peligrosidad: mínimo”. El papel forma parte de los documentos que los militantes de
derechos humanos pudieron rescatar en estos veintidós años y está incluido en la causa
que lleva adelante el juez Adolfo Bagnasco. Un par de horas después de la lectura, llamó
al programa el hermano de Elsa Alicia Nocetm, desaparecida desde que fue secuestrada en la
ciudad de La Plata. La familia no había tenido ninguna pista sobre el destino de esta
joven estudiante de Psicología. Ayer obtuvieron la prueba de que Elsa Alicia fue
secuestrada por un grupo de tareas del área 113. |
La carta de la APDH al jefe del
Ejército, completa
“Buenos Aires, abril 27 de 1999
Señor Jefe del Estado Mayor Ejército Argentino Teniente General Don
Martín Balza
Presente
De nuestra mayor consideración:
Tenemos el agrado de dirigirnos a usted, en nombre de la Asamblea Permanente por los
Derechos Humanos, en referencia a la situación planteada en torno al comandante del
Segundo Cuerpo de Ejército, General de División Eduardo Rodolfo Cabanillas.
Al respecto debemos señalar:
1) Se ha planteado una compleja situación cuya resolución es esencial en el esfuerzo que
se ha venido realizando en los últimos tiempos, para replantear la doctrina militar y
asumir la correcta versión de los dramáticos sucesos del pasado, en los que se destaca
la sistemática violación de los derechos humanos y la utilización del recurso del
terrorismo de Estado.
2) El señor Jefe del Estado Mayor, en una actitud que respetamos y valoramos, porque
advertimos las dificultades que esto puede haber ocasionado, subrayó reiteradamente sus
críticas enérgicas a ese pasado y a la metodología represiva a la que calificó de
inmoral. En el mismo sentido, el señor Jefe del Estado Mayor condenó la doctrina de la
obediencia debida, advirtiendo que ella no podría encubrir los hechos aberrantes, el
secuestro, la tortura, el asesinato y la apropiación de menores.
3) El Comandante del Segundo Cuerpo, General Cabanillas se encuentra incurso en estas
definiciones. La situación se agrava en cuanto se advierte que, si bien este oficial
pasó oportunamente por los filtros de la Comisión de Acuerdos del Senado de la Nación y
de los procedimientos públicos que posibilitaban su examen, esta circunstancia se
encuentra envuelta en el manto de la sospecha.
4) Hemos tenido a la vista el legajo enviado al Senado con los antecedentes del General
Cabanillas para su último ascenso. Con solo mirarlo se advierte que voluntaria o
involuntariamente fueron omitidos datos esenciales. En efecto, en el resumen, durante el
período de vigencia de la dictadura militar, figuran cinco destinos. La Escuela Superior
de Guerra en dos oportunidades; el Escuadrón de Exploradores; la SIDE, y el Estado Mayor
del Ejército, en una oportunidad. Cuatro de los destinos tienen precisos los roles
cumplidos: dos como cursante; uno como auxiliar; y otro como jefe. Sólo el destino de la
SIDE aparece con un escueto ‘sin datos’, omisión que sería incomprensible si
no fuera tan evidente y tan direccionada.
5) El período ‘sin datos’, agosto de 1976 - enero de 1977, pertenece al tiempo
en que el hoy General Cabanillas, con el grado de capitán, prestó servicios en la
‘OT 18’, conocido como ‘Automotores Orletti’. En el expediente
instruido en la justicia militar, que es ya públicamente conocido, el entonces capitán
Cabanillas, admitió su rol en ese centro de detención clandestino, al igual que sus
vinculaciones con la banda de Aníbal Gordon, y su relación con oficiales de fuerzas
armadas latinoamericanas que actuaban en el marco del ‘Operativo Cóndor’.
6) El propio General Cabanillas, en recientes declaraciones a un diario patagónico que no
son ignoradas, ratificó su presencia en rango decisorio en un centro clandestino de
detención, al que –por otra parte– se trasladaron mujeres embarazadas y donde,
ya está probado por la justicia, se apropiaron de menores.
7) El General Cabanillas, con excepción de los datos que han sido públicos, guardó un
llamativo silencio, sólo interrumpido por ladistribución de material que defendía los
actos condenados ya por la justicia y que el actual mando del Ejército ha considerado
incompatibles con el honor militar y el respeto por la democracia.
8) Esta es una cuestión extremadamente grave. La omisión de información implica la
sustracción de elementos claves para quienes debían adoptar una decisión sobre el
futuro de un oficial superior. La circunstancia de que la justicia ya comprobó en la
‘OT 18’ el funcionamiento de un Centro Clandestino de Detención tristemente
conocido como ‘Automotores Orletti’; y que algunas de las denuncias acerca de
apropiación de menores en ese lugar y período son coincidentes con la presencia
decisoria del entonces capitán y hoy General Cabanillas en el lugar, también fueron
comprobadas por la justicia, tornan incompatible la presencia de este oficial superior en
el mando militar, a la vez que contradictoria, su presencia en ese destino, con la
doctrina establecida por usted.
9) Por estos motivos, requerimos al señor Jefe del Estado Mayor el relevo del General
Cabanillas de su cargo de Comandante del Segundo Cuerpo de Ejército, por no reunir las
aptitudes necesarias para el ejercicio del mando militar en el marco democrático.
Igualmente, estimamos imprescindible la adopción de medidas de investigación
administrativa para verificar las responsabilidades por la omisión de información
consignada en el pliego de acuerdo remitido al Poder Legislativo de la Nación en
cumplimiento de la expresa cláusula constitucional.
Saludamos a usted con nuestra mayor consideración y respeto.”
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