Por Horacio Cecchi
 Tres jóvenes de entre 22
y 19 años fueron condenados a reclusión perpetua por cinco homicidios, entre ellos un
policía fusilado de doce balazos, una decena de robos, tenencia de armas de guerra, y
otros delitos cometidos hace tres años, cuando dos de ellos eran menores de 16 y 17. El
fallo del Tribunal Oral Nº 1 de Menores cerró un juicio de un mes y medio de duración,
por el que pasaron 135 testigos y fue considerado, si no inédito, al menos con escasos
antecedentes en la historia de los foros porteños. Los jueces tuvieron en cuenta los
frondosos prontuarios, “la cantidad de hechos delictivos” que cometieron y la
“inusual barbarie evidenciada”. La sentencia, que fue severamente cuestionada
por especialistas de la minoridad (ver aparte), se enmarca en una fuerte polémica sobre
la violencia y la inseguridad, y surge en un momento en el que se plantea reducir la edad
imputable de los 16 a los 14 años. En el último párrafo del dictamen, previendo sus
consecuencias, los miembros del tribunal aclararon que la pena “no se halla en
pugna” con la Convención de los Derechos del Niño.
Al Tucumanito la policía lo tenía entre ojos desde hacía tiempo. También a su hermano
menor, Maderita. Y a L.M., al Cuni, y a Rosendo Barroso, el dueño de la “banda del
Rosendo”. Todos paraban en los nudos del Fuerte Apache. Desde ahí desplegaban sus
salidas. “El Rosendo” se quedó en el camino, muerto por las balas policiales en
algún enfrentamiento. El Cuni murió, dicen que suicidado, durante el megaoperativo de la
Bonaerense que tomó por asalto el Nudo 6 del Fuerte Apache, a comienzos del ‘97. El
Tucumanito, o Dante N., por entonces de 20 años, Maderita, o C.N., de 17, y L.M., de 16,
cayeron en la redada. El 19 de abril pasado, los jueces Marcelo Arias, Eduardo Albano y
Claudio Gutiérrez de la Cárcova decidieron dictar sentencia.
El caso no era uno más. A Dante, su hermano y L.M. se les cargaba a cuenta cinco
homicidios calificados, tentativas de homicidio, ocho robos con armas, tenencia de armas
de guerra –”nunca vi un arsenal tan grande, hasta les encontraron una
granada”, aseguró a Página/12 uno de los magistrados–, asociación ilícita,
disparo de arma de fuego y encubrimiento. “Aunque un comisario les reconocía 60
hechos”, sostuvo una fuente del tribunal. Los delitos de los que eran acusados
habían sido cometidos mientras Maderita y L.M. eran menores, en apenas dos meses entre el
‘96 y ‘97. A Maderita no le contaron el haber dado muerte a su padre porque en
ese momento era inimputable: tenía 10 años.
“El juicio fue difícil para todos”, confesó De la Cárcova, del fuero penal
económico y que actuó como subrogante en el caso. “Se hizo a puertas cerradas
porque al cometer los delitos eran menores. Hubo llantos, asistieron la madre y la abuela
de uno de ellos, el padre del policía muerto, y 135 testigos. La mayor parte tenía tanto
miedo que pidió que los acusados no estuvieran presentes cuando les tocara declarar. No
querían verles la cara. Sólo cuatro se animaron. El relato de las víctimas daba cuenta
del salvajismo con que actuaron.” También estuvieron presentes los Swat porteños:
tenían indicios de que en el recorrido desde la U24 de Marcos Paz, donde estaban
detenidos, intentarían liberarlos.
El primer caso probado, ocurrió el 3 de octubre del ‘96, a las 19.15, dos jóvenes a
los golpes arrancaron a Javier Dulcet de su Peugeot 504. Uno de ellos, según declaró
Dulcet, gatilló pero el arma no disparó, lo intentó nuevamente, y la bala impactó en
una puerta de chapa. A las 20.50, el Tucumanito, Maderita, L.M., y El Rosendo tomaron por
asalto la casa de la familia Gazzia, en Liniers, mientras otro, presumiblemente el Cuni
-”según los policías, parece que era el chofer de la banda”, aseguró el juez
Albano– daba vueltas a bordo del Peugeot 504 blanco robado. A Gazzia, que estacionaba
el auto junto a su hijo de 6 años, lo mataron de un balazo en la nuca. A las 22.30 se los
volvió a ver en Villa Lugano, donde sorprendieron a Gustavo Avalos y su novia Andrea
Contreras cuando entraban en su vivienda. Encañonados, los obligaron a entrar en la
casa,donde se encontraba Carmen Lagresta, madre de Avalos. Después de encerrar a los tres
en el baño, robaron todo lo que pudieron y desaparecieron.
El 1º de noviembre, a las 21.10, Maderita y tres colegas asaltaron a Fernando Silva, en
Villa Devoto, para robarle su Fiat Duna, pero el sistema de corte de suministro lo
bloqueó. Regresaron a lo de Silva y le pegaron un tiro en la cabeza. El 16 de noviembre
asaltaron a otra pareja, Carlos Moreno y Andrea Berisso, también en Villa Devoto. Los
hicieron poner de rodillas. Cargaron todo lo que pudieron en el Peugeot 306 de la pareja,
les exigieron dinero y como aseguraron no tenerlo, uno de ellos gatilló dos veces en la
cabeza del hombre, sin que el arma se disparara. El 8 de diciembre, asaltaron a Carlos
Luguercio y su familia, en Liniers. También gatillaron sin éxito en su cabeza. Los
desvalijaron, y al salir, se toparon con el agente Miguel Rojas. Le dispararon doce veces
a quemarropa. Los hechos siguieron hasta que cayeron en el megaoperativo. El 19 de abril
pasado, los jueces dictaron la condena a reclusión perpetua. En los pasillos de Comodoro
Py, un allegado al Tribunal describió el clima en el que deliberaron los jueces:
“Sacaron ese fallo porque si no no salían de acá, la gente los quemaba vivos”.
En el último párrafo del extenso dictamen, los magistrados sorprenden aclarando que la
pena no choca con la Constitución ni con la Convención de los Derechos del Niño. Algo
que algunos especialistas cuestionan.
| Dos muertes sin sentido –¡A éste lo ponemos! ¡A éste lo ponemos! –gritaba uno de los
tres. Le apuntaba a la cabeza a Ricardo Luis Gazzia. A su lado, en el Ford Galaxy su hijo
de seis años miraba la escena sin querer entender nada. En la casa de los Gazzia, otro de
los del trío forcejeaba con Susana, la esposa de Gazzia, que intentaba cerrar la puerta
de entrada. En uno de los dormitorios, estudiaba una de las hijas del matrimonio. Al
escuchar ruidos bajó y vio la escena. Le rogó a su madre que desistiera. Al instante,
escucharon un disparo. “No lo mataron”, pensó Susana. En la audiencia, la mujer
declaró que lo vio caer “lentamente, creí que lo habían golpeado en el
hombro”. Nunca entendieron por qué habían disparado.
Un mes después, el barrio de Villa Devoto estaba alborotado. Cerca de las 21.30, los
vecinos que se acercaban a la vivienda de los Silva se encontraban con un cuadro dantesco.
En la calle, Fernando Silva yacía sobre un charco de sangre, mientras su esposa gritaba
“¡Ayúdenme, ayúdenme, qué le hicieron a mi marido!”. A Silva le habían
disparado en la cabeza. Minutos antes, la banda del Rosendo se cruzó en su camino,
mientras estacionaba el auto frente a su casa. Lo encañonaron, le exigieron que les
entregara el auto. Dentro, su esposa, embarazada abrió la puerta y vio la escena. Silva
le gritó que cerrara con llave y llamara a la policía, mientras discutía con los
asaltantes. Desde dentro, desesperada, la mujer escuchó que arrancaba un auto. Era el
Duna de Silva, que a los pocos metros quedó bloqueado por el sistema de seguridad.
“¡Ahora te mato, hijo de puta!”, gritó Maderita. Bajó del auto, volvió junto
a Silva y le pegó un tiro en la cabeza. |
LA POLEMICA SOBRE LAS PENAS |
“Viola los derechos”
José Cafferata Nores (diputado UCR, abogado y profesor de Derecho Penal)“Es una violación de la Convención Internacional de los
Derechos del Niño, que en su artículo 37 especifica que ‘no se impondrá la pena de
prisión perpetua sin posibilidades de excarcelación por delitos cometidos por menores de
18 años’. El derecho penal de menores lo que procura esencialmente es la
recuperación, mientras que en el de adultos, la pena es el castigo (aunque debería ser
resocializadora). El de menores debe tener un sentido educativo. Yo he presentado un
proyecto de ‘responsabilidad penal juvenil’, en el que se establece que las
penas para menores de 18 años se tienen que reducir significativamente: la pena máxima
debe ser igual a la mitad de la prevista para el delito de que se trate, o sea, un máximo
de 12 años (actualmente hay un proyecto con media sanción en el Senado que propone una
pena máxima de 10 años de prisión). A mi modo de ver, la sanción privativa de la
libertad debe servir para que el adolescente acreciente su sentido de la propia dignidad,
un sentimiento de respeto por sí y por los demás, y asuma una posición constructiva en
la sociedad. Ello requiere brindar un lugar donde esto se pueda cumplir, que está en
manos del Poder Ejecutivo. El Estado no puede dejar de intentar que un chico de 18 años
tenga la posibilidad de tomar la decisión de no delinquir más, que es lo mejor que le
podría pasar a él y a la sociedad.” |
“Una presión social”
Irma Lima (jueza de menores de La Plata)“La
pena es una exorbitancia. Me parece que es un caso muy terrible, pero yo no lo habría
hecho. Claro que hay que ver los perfiles de los chicos, es muy difícil hablar desde
afuera. Creo que son un chivo expiatorio; se me ocurre que el juez está respondiendo a
una presión de la sociedad, por todo el tema de la inseguridad; creo que es una sanción
ejemplificadora. La gente está pidiendo que aumenten las penas de los menores, dicen que
hay una ‘puerta giratoria’, los chicos entran y salen, pero un juez se debe
sustraer a todo tipo de presión. Veinte años (a lo que podría reducirse la condena en
caso de buena conducta) me parece mucho, además, el sistema de cárcel e instituto es un
desastre y los chicos salen peor de lo que entran. Hay chicos que salen del reformatorio
sin saber leer y escribir. Si salen después de 20 años a un mundo que les exige saber
computación, inglés, y un montón de otras cosas, qué pueden hacer si no volver a
delinquir. Para mejorar la rehabilitación tendría que haber más educación,
capacitación, planes de rehabilitación de drogas o alcohol. Se necesita gente capacitada
para que reciban un tratamiento como la gente. Hay distintos casos de homicidios de
chicos; algunos pueden rehabilitarse más fácilmente que otros. Incluso hay otros
tratamientos con libertad asistida, tratamiento psicológico, y visitas periódicas al
juzgado. Ninguno es una maravilla, pero así se puede ejercer cierto control.” |
Para Palermo, lo que le ofrece la
Policía es poco
En la segunda asamblea tras el
asesinato del arquitecto, los vecinos rechazaron la propuesta de poner un policía
cada 400 metros.
Pese a que está prohibido, los vecinos
de Palermo pidieron una garita de vigilancia privada.
El Centro de Gestión instó a la gente a que participe en los Consejos de Prevención del
Delito. |
|
Por Carlos Rodríguez
En una nueva y tumultuosa
asamblea, los vecinos del arquitecto asesinado en Palermo comenzaron a esbozar un posible
diagrama de seguridad en 22 manzanas del barrio, con la participación de policía
adicional solventada por los distintos consorcios. La reunión, de la que participaron
más de 200 personas, sirvió para renovar las críticas tanto a la Policía como a la
dirigencia política. En ese marco, a la mayoría le pareció insuficiente la propuesta
del comisario de la seccional 23ª, Roberto Sidorenko, quien prometió la presencia de un
policía cada 400 metros y la incorporación desde el 1º de mayo de otros cuatro
patrulleros a la seis que ya tiene la zona.
“Que la policía deje de custodiar sólo a los políticos”, reclamó a viva voz
una anciana que vive en Cabello y Lafinur, a metros de la casa donde fue asesinado el
arquitecto Félix Miranda. “Hay que renovar la presión sobre los legisladores, para
que endurezcan la ley”, gritó a su turno un señor que se identificó como Alfredo
Marino. Eso dio pie a que la misma vecina, la más aplaudida de la noche, señalara sin
más: “Si no hay lugar en la cárcel para los delincuentes, que se embromen, que los
maten”.
Dora Ceratti, una de las vecinas que trató de encausar el debate, propició un complejo
sistema de comunicaciones y contactos telefónicos entre vecinos, a manera de prevención,
en las 22 manzanas comprendidas entre las calles República de la India, Libertador,
Salguero y Las Heras. Los vecinos actuarían como complemento del servicio policial. Al
mismo tiempo se impulsó la incorporación de un sistema de vigilancia adicional de la
propia Federal, pero pago.
Otro vecino, Sergio Saban, advirtió sobre el peligro de una participación activa de los
vecinos en la prevención del delito: “Esto es una función de la policía, no
podemos convertirnos en rangers de la noche a la mañana”. Las propuestas, que
incluyeron un reclamo de mayor presupuesto policial, seguirán siendo analizadas en una
nueva reunión prevista para el martes próximo.
Estuvieron presentes anoche en Palermo, además del titular de la 23ª, el comisario
Silvio Latanzio, director de comisarías de la Federal, y Félix van Kerchoven, jefe de la
circunscripción 2ª.
Por la mañana, sobre la base del testimonio de varios vecinos, la Policía Federal
terminó de confeccionar el identikit de por lo menos tres de los cuatro jóvenes, de
entre 15 y 17 años, que intervinieron en el asesinato del arquitecto, ocurrido el viernes
pasado. Con esos documentos, la jueza María Cristina Bértola ordenó la realización de
procedimientos en la Capital Federal y en el Gran Buenos Aires. Bértola mantuvo una
reunión con el jefe de la División Homicidios de la Federal, Carlos Juárez, y con el
comisario Sidorenko. La jueza dio instrucciones para que se disponga una custodia especial
que garantice la seguridad de los vecinos que aportaron datos para el identikit.
Susana Fresedo, una vecina del barrio, informó que habían pedido a Sidorenko que
permitiera la instalación de una garita de vigilancia, sobre Cabello al 3900, similar a
la que hay en la calle Lafinur 3057, frente a la embajada de Ucrania, exactamente a la
vuelta de la esquina de la casa donde vivía el arquitecto. Pero Sidorenko les explicó
que “por ley está prohibido instalar en la casilla a un vigilador privado, que sólo
puede portar armas dentro de un edificio o en un transporte de caudales, pero nunca en la
vía pública”.
El director del Centro de Gestión y Participación, Enrique Maldonado, dijo a este diario
que han pedido, “ya que el Gobierno de la Ciudad no tienen facultad para ordenar nada
a la policía, que se refuerce la guardia (uniformada) en el barrio, como una forma de
contribuir en lo inmediato a tranquilizar los ánimos”. Maldonado, que anoche volvió
a participar de la reunión, anunció que mañana se realizará una poda de árboles
“en toda la zona, no sólo en la calle Cabello”. Luego, por la noche, se
verificará “si es suficiente la luminosidad en la calle o si es necesario
mejorarla”. El barrio, que parece naufragar por la “falta de seguridad”, se
reúne en la sede de una entidad vecinal, fundada en 1922, que se llama “Círculo
Salvavidas”, aunque su actividad nunca tuvo que ver con los deportes náuticos. En
sus comienzos y hasta hace muy poco tiempo –ahora es una casa de comidas– la
entrada estaba reservada sólo a los hombres. “Era un salvavidas porque nos salvaba
de las mujeres”, fue el comentario de uno de sus socios al justificar el nombre. En
las reuniones realizadas esta semana han sido las mujeres, sin embargo, las que llevaron
la voz cantante.
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