Nueva embestida de Energía para bajar el precio de las
naftas
Un proyecto
elaborado en la Secretaría de Energía plantea unprofundo cambio de modalidad en la
comercialización de combustibles. A las petroleras no les va a resultar simpático.
Para
alentar la competencia, se permitirían surtidores de más de una marca en las
estaciones.El proyecto prevé cambios en la relación contractual de expendedores y
petroleras.
Por Cledis Candelaresi
Si consigue resistir el lobby
en contrario de las petroleras, el secretario de Energía, César Mc Karty, avanzará con
su proyecto para modificar las reglas del mercado de los combustibles. El plan que elabora
esa dependencia de Economía contempla desde la transformación del Impuesto sobre la
Transferencia de los Combustibles a la posibilidad de que las estaciones de servicio
puedan vender más de una marca. La iniciativa oficial tendría por fin promover la
anhelada baja en el precio de las naftas y, al mismo tiempo, controlar más la evasión
del sector. Otra embestida sobre la millonaria renta de las refinadoras tiene como origen
el Parlamento, donde el diputado justicialista Humberto Roggero hace rato fogonea
proyectos de ley con el objetivo de forzar una baja en el precio final de las naftas. El
argumento de los legisladores es que las empresas no trasladan a los consumidores las
pronunciadas bajas que tuvo el precio del crudo en el mercado internacional. El
razonamiento, compartido por Energía, concluiría en que la desregulación sólo funciona
aceitadamente cuando el petróleo se encarece. Con ese justificativo, aún no confesado
públicamente, Mc Karty trabaja sobre las siguientes ideas ejes:u Transformar el ITC, de
valor fijo, en un porcentaje. De ese modo, podría premiarse a las estaciones que venden
más barato, ya que el peso del gravamen sobre su producto sería menor (cuando menos
cobran, menor es el tributo). El gran desafío de Combustibles –y, por consiguiente,
de Economía– es mantener la recaudación actual, que en el Presupuesto de este año
supera los 385 millones de pesos.u Volver a gravar a todos los derivados del petróleo,
que Domingo Cavallo había gravado mediante decreto y la ley para importar combustibles
liberó nuevamente. El impuesto sobre los solventes sería restituido, luego, sólo a
quienes prueben que utilizan esos subproductos para fabricación industrial. Los solventes
–más baratos porque no tienen carga impositiva– se emplean para adulterar
naftas (mezcla que en la jerga denominan “sopas”).u Buscar un instrumento legal
para flexibilizar los contratos entre las refinadoras y los estacioneros. Las cláusulas
más corrientes ligan a estos últimos a las proveedoras por extensos períodos, y
también les imponen condiciones de comercialización poco ventajosas. Para promover ese
retoque contractual, el Gobierno imagina que podría acusarse a las petroleras de
“abuso de posición dominante”.u Admitir el “tercer surtidor”. Es
decir, permitir que las estaciones de servicios puedan vender más de una marca.
Supuestamente, este mecanismo promovería una baja de precios, estimulando la competencia
de refinadoras en el escenario de una misma estación. Aunque este método se aplicó
exitosamente en Francia, es el punto de la propuesta en ciernes que genera más dudas:
Combustibles descuenta que habrá una fuerte presión de las petroleras para
frustrarlo.Otro de los recursos previstos consistiría en que el Gobierno publique el
“precio teórico” de las naftas (costo de importación más una utilidad de los
distintos segmentos de comercialización) y aquel al que se vende en cada boca de
expendio. Supuestamente, esta información orientaría a los consumidores a optar por los
comercios que tienen una brecha menor.El ITC es una herramienta muy preciada por
Economía, ya que su recaudación es bastante rápida. Quizás por esto el ministro de
Economía, Roque Fernández, también especula con echar mano de él (concretamente,
aumentándolo) no ya para combatir la evasión sino para construir caminos.
YPF, BAJA UTILIDAD Y OBJECION OFICIAL No gana para disgustos
Las
ganancias netas de la petrolera YPF en el primer trimestre del año resultaron un 28 por
ciento inferiores a las del mismo período del año pasado. No fue la única mala noticia
para la conducción de la compañía en las últimas 48 horas. El martes, en la asamblea
de accionistas, el directorio encabezado por Roberto Monti debió soportar que el Estado
nacional, poseedor aún del 5 por ciento del paquete, rechazara su gestión durante el
ejercicio 1998. En el informe dado a conocer por YPF sobre los resultados del primer
trimestre se atribuye a la caída del precio del petróleo la causa principal del descenso
en las utilidades, que alcanzaron a 108 millones de pesos en dicho período. “Esta
baja y la caída de los precios de los productos refinados provocó menores ingresos,
netos de impuesto a las ganancias, de aproximadamente 100 millones de pesos.” La
producción consolidada de petróleo y gas aumentó 12 por ciento, mientras que la
utilidad operativa alcanzó a 249 millones, contra 294 millones del año pasado. También
creció la producción neta y ventas de petróleo crudo en las operaciones internacionales
de YPF, en un 16 por ciento. La asamblea de accionistas de YPF del último martes tuvo un
clima inusual. La incorporación de Repsol como accionista, tras la compra del 15 por
ciento de las acciones puestas en venta por el Estado en enero, desató la polémica. Un
grupo de pequeños accionistas individuales, encabezados por el ex subsecretario de
Combustibles radical Gustavo Calleja, cuestionó el ingreso de Alfonso Cortina, presidente
de la firma española, como director de YPF, señalando que bajo su conducción la
petrolera local Astra “dio resultado negativo por primera vez” y estimó que lo
mismo podría ocurrir con YPF si Repsol asumía el control. No fue el único episodio de
la asamblea que tuvo a la petrolera española como eje. A la hora de aprobar la gestión
de la conducción durante el año 1998, tanto los representantes de las acciones del
Estado como los de Repsol se abstuvieron, cuestionándole su oposición a la transferencia
de las acciones estatales a la firma española y a facilitar un cambio de los estatutos
que le permitirían a Repsol asumir el control de la empresa, mediante la compra del 20
por ciento del paquete. “No se ha actuado en el mejor interés de todos los
accionistas y de la compañía misma, afectándose el consiguiente resultado de esa
venta”, dejó asentado el representante del Estado al fundamentar su voto, en un
texto armado desde el Ministerio de Economía. Repsol, como accionista, también demandó
un aumento en la distribución de utilidades, planteo rechazado por la mayoría de
accionistas.
Si consigue resistir el lobby
en contrario de las petroleras, el secretario de Energía, César Mc Karty, avanzará con
su proyecto para modificar las reglas del mercado de los combustibles. El plan que elabora
esa dependencia de Economía contempla desde la transformación del Impuesto sobre la
Transferencia de los Combustibles a la posibilidad de que las estaciones de servicio
puedan vender más de una marca. La iniciativa oficial tendría por fin promover la
anhelada baja en el precio de las naftas y, al mismo tiempo, controlar más la evasión
del sector. Otra embestida sobre la millonaria renta de las refinadoras tiene como origen
el Parlamento, donde el diputado justicialista Humberto Roggero hace rato fogonea
proyectos de ley con el objetivo de forzar una baja en el precio final de las naftas. El
argumento de los legisladores es que las empresas no trasladan a los consumidores las
pronunciadas bajas que tuvo el precio del crudo en el mercado internacional. El
razonamiento, compartido por Energía, concluiría en que la desregulación sólo funciona
aceitadamente cuando el petróleo se encarece. Con ese justificativo, aún no confesado
públicamente, Mc Karty trabaja sobre las siguientes ideas ejes:u Transformar el ITC, de
valor fijo, en un porcentaje. De ese modo, podría premiarse a las estaciones que venden
más barato, ya que el peso del gravamen sobre su producto sería menor (cuando menos
cobran, menor es el tributo). El gran desafío de Combustibles –y, por consiguiente,
de Economía– es mantener la recaudación actual, que en el Presupuesto de este año
supera los 385 millones de pesos.u Volver a gravar a todos los derivados del petróleo,
que Domingo Cavallo había gravado mediante decreto y la ley para importar combustibles
liberó nuevamente. El impuesto sobre los solventes sería restituido, luego, sólo a
quienes prueben que utilizan esos subproductos para fabricación industrial. Los solventes
–más baratos porque no tienen carga impositiva– se emplean para adulterar
naftas (mezcla que en la jerga denominan “sopas”).u Buscar un instrumento legal
para flexibilizar los contratos entre las refinadoras y los estacioneros. Las cláusulas
más corrientes ligan a estos últimos a las proveedoras por extensos períodos, y
también les imponen condiciones de comercialización poco ventajosas. Para promover ese
retoque contractual, el Gobierno imagina que podría acusarse a las petroleras de
“abuso de posición dominante”.u Admitir el “tercer surtidor”. Es
decir, permitir que las estaciones de servicios puedan vender más de una marca.
Supuestamente, este mecanismo promovería una baja de precios, estimulando la competencia
de refinadoras en el escenario de una misma estación. Aunque este método se aplicó
exitosamente en Francia, es el punto de la propuesta en ciernes que genera más dudas:
Combustibles descuenta que habrá una fuerte presión de las petroleras para
frustrarlo.Otro de los recursos previstos consistiría en que el Gobierno publique el
“precio teórico” de las naftas (costo de importación más una utilidad de los
distintos segmentos de comercialización) y aquel al que se vende en cada boca de
expendio. Supuestamente, esta información orientaría a los consumidores a optar por los
comercios que tienen una brecha menor.El ITC es una herramienta muy preciada por
Economía, ya que su recaudación es bastante rápida. Quizás por esto el ministro de
Economía, Roque Fernández, también especula con echar mano de él (concretamente,
aumentándolo) no ya para combatir la evasión sino para construir caminos.