POLEMICA POR EL FALLO CONTRA MENORES Castigo cuestionado
Dos expertos
consideran que el fallo que condenó a perpetuaa dos jóvenes que eran menores cuando
cometieron los crímenessería inconstitucional. Qué hacer con los chicos que delinquen.
Los
condenados ayer, cuando fueron detenidos en Fuerte Apache, en enero de 1997. El ministro Carlos Corach consideró el fallo ejemplar y ajustado a derecho.
Por Pedro Lipcovich
El caso de los adolescentes
condenados a reclusión perpetua encendió un debate que, según un especialista de
Unicef, puede ser “la gran oportunidad” para establecer un sistema de
responsabilidad penal para los menores. El ministro Corach, en su –por así
decirlo– contribución al debate, manifestó que el fallo condenatorio es
“ejemplarizador” y pidió a la policía “especial atención a los jóvenes
que se desplazan buscando cometer delitos”. En cambio, un ex presidente del Consejo
del Menor y la Familia dijo que la condena “es inconstitucional”. El asesor de
Unicef dice que, en otros países de América latina, situaciones similares fueron
resueltas, en breve plazo, con sistemas de responsabilidad penal juvenil que fijan la
responsabilidad y los derechos de los menores de 14 a 18, tan alejadas del
“paternalismo ingenuo” como de la venganza social. Carlos Corach, ministro del
Interior, manifestó que el fallo judicial –que fijó condenas de hasta reclusión
perpetua para tres personas a quienes se encontró responsables de homicidio cuando dos de
ellos tenían 16 y 17 años– “se ajusta a derecho. Que sean menores no inhibe la
necesidad de un castigo importante atento a la peligrosidad que demostraron”. Corach
advirtió a la Policía Federal que ponga “especial atención a estos núcleos de
jóvenes que se desplazan por la ciudad” y sostuvo que “este tipo de bandas casi
de niños, algunos de diez años, se desplaza buscando oportunidades de cometer delitos y
cuando encuentra una puerta abierta se mete”.En cambio Alejandro Molina, hasta hace
pocos días presidente del Consejo Nacional del Menor y la Familia, dijo a este diario que
“la Convención Internacional sobre Derechos del Niño (incorporada a la
Constitución Argentina) prohíbe expresamente aplicar penas de reclusión perpetua a
menores de 18 años, por lo cual la sentencia resulta inconstitucional”. Molina
señaló que “por debajo de la reclusión perpetua hay condenas muy altas que sí
serían aplicables, ya que el régimen penal de menores autoriza al juez a aplicar las
sanciones que el Código Penal fija para los mayores. Lo cual responde a quienes dicen que
a los menores no se los condena”.También según Emilio García Méndez, asesor de
Unicef para América latina, “esta condena puede violar la Convención Internacional
de los Derechos del Niño, por la cual los Estados firmantes se comprometen a no infligir
penas crueles, inhumanas o degradantes”. Pero además, “la discusión de este
fallo ofrece una gran oportunidad para debatir un sistema de responsabilidad penal
juvenil”, y citó el ejemplo de Costa Rica: “En 1996 había allí una situación
muy similar a la actual en la Argentina, con una sensación de inseguridad y un debate
donde muchos pedían las penas más terribles. Pero hubo una respuesta legislativa muy
rápida: se lograron mejores niveles de seguridad y cayó la vivencia de inseguridad, a la
vez que bajó radicalmente la cantidad de jóvenes privados de su libertad”.Esto se
consiguió mediante el sistema de responsabilidad penal juvenil, que ya rige “en la
mayoría de los países de América latina –según García Méndez–, y permite
superar una dicotomía: el paternalismo ingenuo de quienes dicen que los adolescentes no
son responsables de los delitos que cometan, porque son pobres o porque provienen de
familias destruidas; y el retribucionismo hipócrita de quienes pretenden solucionar el
problema aumentando las penas”.La respuesta, según García Méndez, “en los
términos que plantea la Convención Internacional de Derechos del Niño, ha sido
establecer la responsabilidad por debajo de los 18 años para una franja que, según los
países, va desde los 13 o los 14”. García Méndez observa que “los delitos
gravísimos cometidos por menores de edad se concentran entre los 15 y los 18”. Así
los jóvenes tendrían derecho a defensa en juicio –”la ley actual otorga a los
jueces de menores una discrecionalidad absoluta”, observa García Méndez– y las
penas para ellos no serían las mismas que para los mayores: “En un caso como el del
fallo de anteayer, probablemente la privación de libertad sería por 5 a 7 años, tiempo
más que suficiente para un adecuado trabajo de reeducación”. Es que bajo ese
sistema “los institutos de menores no estarían abarrotados: si se aplicaran los
criterios que rigen para los adultos, el 80 por ciento de los internados estarían en
libertad. El sistema de responsabilidad penal juvenil haría que estuviesen detenidos los
que realmente merecen estarlo”, sostiene García Méndez.“Para delitos menores,
el sistema destaca las penas alternativas como la obligación de reparar el daño, la
prestación de servicios a la comunidad y la libertad asistida. Si el adolescente no
cumple con esas medidas, el juez las reemplaza por la privación de la libertad”,
explica García Méndez.Mientras tanto, la condena a perpetua “muestra que los
menores están sujetos a las penas más fuertes que incluye el derecho penal, pero muchas
veces están despojados de las mínimas garantías. No hay que olvidar que la ley 22.278,
que fija el régimen penal para menores de 16 a 18, proviene de la dictadura
militar”, señaló el experto de Unicef.
EL TESTIMONIO DE UNA VICTIMA“ Le pegaron un tiro”
“Cara de chiquitos ... no sé, algo para mí tenían, estarían asustados. Pero es
una opinión subjetiva.” María Gabriela Gazzia perdió a su padre hace dos años. El
3 de octubre del ‘96 una banda integrada por menores entró a su casa de Liniers y lo
mataron. La Justicia de Menores condenó el martes a tres ahora jóvenes de aquella banda
a reclusión perpetua. Al crimen de Ricardo Gazzia le habían sucedido otros cuatro.
María Gabriela ahora tiene 23 y la carrera de psicopedagogía terminada. Aquel día
estaba en la planta alta frente a algunos apuntes de la facultad. Estudiaba. De noche,
poco antes de las nueve oyó abrirse el portón del frente. Era normal, aguardaba el
regreso de sus padres y su hermanito. “De pronto sentí ruidos y gritos –cuenta
a este diario– y bajé para ver qué pasaba.” Tres chicos sujetaban en ese
momento a su mamá. “Cuando bajó del auto, agarraron a mi hermanito –vuelve a
acordarse Gabriela– y mi papá pidió que lo soltaran, lo golpearon con la culata del
revólver y le pegaron un tiro.”El disparo, de acuerdo con el fallo, se hundió en el
cuello de Ricardo. El papá de Gabriela era empleado de una constructora. Ese día,
Julián había insistido en ir en busca de “la promoción de autitos de colección de
Ferrari que hacía Shell en ese momento”, dice Gabriela. Con Susana y Julián a bordo
de su Ford Galaxy, Ricardo recorrió dos estaciones hasta decidir el regreso a casa. En la
entrada, sobre Leguizamón, Susana bajó del auto para abrir una reja. Pocos metros antes
de enfrentar la casa, vio a tres jóvenes acercarse rápidamente. Gritó a su esposo que
se fuera y corrió dentro de la casa. “Uno de ellos estaba tratando de entrar y los
dejamos pasar”, dice Gabriela mientras su mamá decidía abrir porque su esposo y
Julián habían quedado solos y afuera. Después del disparo que mató a Ricardo, los
jóvenes “rajaron” en un Peugeot 504 blanco. Esos mismos jóvenes, tres de los
cuales fueron sentenciados a cadena perpetua, dejaron sus huellas en noviembre por Villa
Devoto. Ahí dispararon sobre un remisero de 23 años. Marta Mangudo fue testigo del
crimen de Fernando Silva. La mujer permaneció en el barrio después del terror de aquella
noche: “Espero que todas estas detenciones no sean sólo chivos expiatorios sino que
las cosas empiecen a cambiar realmente”.Para María Gabriela las cosas ya están
cambiadas: “Crecí de golpe”.
El caso de los adolescentes
condenados a reclusión perpetua encendió un debate que, según un especialista de
Unicef, puede ser “la gran oportunidad” para establecer un sistema de
responsabilidad penal para los menores. El ministro Corach, en su –por así
decirlo– contribución al debate, manifestó que el fallo condenatorio es
“ejemplarizador” y pidió a la policía “especial atención a los jóvenes
que se desplazan buscando cometer delitos”. En cambio, un ex presidente del Consejo
del Menor y la Familia dijo que la condena “es inconstitucional”. El asesor de
Unicef dice que, en otros países de América latina, situaciones similares fueron
resueltas, en breve plazo, con sistemas de responsabilidad penal juvenil que fijan la
responsabilidad y los derechos de los menores de 14 a 18, tan alejadas del
“paternalismo ingenuo” como de la venganza social. Carlos Corach, ministro del
Interior, manifestó que el fallo judicial –que fijó condenas de hasta reclusión
perpetua para tres personas a quienes se encontró responsables de homicidio cuando dos de
ellos tenían 16 y 17 años– “se ajusta a derecho. Que sean menores no inhibe la
necesidad de un castigo importante atento a la peligrosidad que demostraron”. Corach
advirtió a la Policía Federal que ponga “especial atención a estos núcleos de
jóvenes que se desplazan por la ciudad” y sostuvo que “este tipo de bandas casi
de niños, algunos de diez años, se desplaza buscando oportunidades de cometer delitos y
cuando encuentra una puerta abierta se mete”.En cambio Alejandro Molina, hasta hace
pocos días presidente del Consejo Nacional del Menor y la Familia, dijo a este diario que
“la Convención Internacional sobre Derechos del Niño (incorporada a la
Constitución Argentina) prohíbe expresamente aplicar penas de reclusión perpetua a
menores de 18 años, por lo cual la sentencia resulta inconstitucional”. Molina
señaló que “por debajo de la reclusión perpetua hay condenas muy altas que sí
serían aplicables, ya que el régimen penal de menores autoriza al juez a aplicar las
sanciones que el Código Penal fija para los mayores. Lo cual responde a quienes dicen que
a los menores no se los condena”.También según Emilio García Méndez, asesor de
Unicef para América latina, “esta condena puede violar la Convención Internacional
de los Derechos del Niño, por la cual los Estados firmantes se comprometen a no infligir
penas crueles, inhumanas o degradantes”. Pero además, “la discusión de este
fallo ofrece una gran oportunidad para debatir un sistema de responsabilidad penal
juvenil”, y citó el ejemplo de Costa Rica: “En 1996 había allí una situación
muy similar a la actual en la Argentina, con una sensación de inseguridad y un debate
donde muchos pedían las penas más terribles. Pero hubo una respuesta legislativa muy
rápida: se lograron mejores niveles de seguridad y cayó la vivencia de inseguridad, a la
vez que bajó radicalmente la cantidad de jóvenes privados de su libertad”.Esto se
consiguió mediante el sistema de responsabilidad penal juvenil, que ya rige “en la
mayoría de los países de América latina –según García Méndez–, y permite
superar una dicotomía: el paternalismo ingenuo de quienes dicen que los adolescentes no
son responsables de los delitos que cometan, porque son pobres o porque provienen de
familias destruidas; y el retribucionismo hipócrita de quienes pretenden solucionar el
problema aumentando las penas”.La respuesta, según García Méndez, “en los
términos que plantea la Convención Internacional de Derechos del Niño, ha sido
establecer la responsabilidad por debajo de los 18 años para una franja que, según los
países, va desde los 13 o los 14”. García Méndez observa que “los delitos
gravísimos cometidos por menores de edad se concentran entre los 15 y los 18”. Así
los jóvenes tendrían derecho a defensa en juicio –”la ley actual otorga a los
jueces de menores una discrecionalidad absoluta”, observa García Méndez– y las
penas para ellos no serían las mismas que para los mayores: “En un caso como el del
fallo de anteayer, probablemente la privación de libertad sería por 5 a 7 años, tiempo
más que suficiente para un adecuado trabajo de reeducación”. Es que bajo ese
sistema “los institutos de menores no estarían abarrotados: si se aplicaran los
criterios que rigen para los adultos, el 80 por ciento de los internados estarían en
libertad. El sistema de responsabilidad penal juvenil haría que estuviesen detenidos los
que realmente merecen estarlo”, sostiene García Méndez.“Para delitos menores,
el sistema destaca las penas alternativas como la obligación de reparar el daño, la
prestación de servicios a la comunidad y la libertad asistida. Si el adolescente no
cumple con esas medidas, el juez las reemplaza por la privación de la libertad”,
explica García Méndez.Mientras tanto, la condena a perpetua “muestra que los
menores están sujetos a las penas más fuertes que incluye el derecho penal, pero muchas
veces están despojados de las mínimas garantías. No hay que olvidar que la ley 22.278,
que fija el régimen penal para menores de 16 a 18, proviene de la dictadura
militar”, señaló el experto de Unicef.