 Con el
atardecer, el megaoperativo ordenado por el juez platense César Melazo cayó sobre la
Jefatura Departamental de esa ciudad y cinco comisarías. Cuarenta personas, divididas en
seis grupos y montadas en 12 vehículos, buscaban pruebas de que en esas seccionales se
habían ocultado denuncias de vecinos, supuestamente con el fin de bajar las estadísticas
sobre delitos cometidos en la provincia. Los esperaba una sorpresa: el jefe de la
Departamental envió una circular informando a todas las seccionales que estaba siendo
allanado. Aun así, el operativo pudo ser llevado a cabo hasta el final en la madrugada de
ayer. Si bien hasta ahora se confirmó que nueve denuncias no fueron remitidas a la
Justicia, el fiscal Arguero aseguró que “en principio la maniobra (global) habría
sido comprobada”. Las versiones hablan de unas mil denuncias ignoradas, pero para el
Ministerio de Justicia y Seguridad bonaerense, “la cantidad de casos está siendo
sobredimensionada”. Desde la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados
bonaerense se hizo un pedido de informes a Arslanian con el fin de que esclarezca la
situación. La causa se inició a partir de una denuncia anónima presentada en el juzgado
del juez César Melazo que, ante “la gravedad de los hechos”, derivó a la
Unidad Funcional de Investigaciones Complejas de La Plata, relató a Página/12 el fiscal
Carlos Arguero. Según la denuncia, en algunas seccionales dependientes de la Jefatura se
“degollaban” denuncias, lo que significa no darles el trámite correcto, que
implica que en menos de 24 horas sean presentadas a las autoridades judiciales
competentes.En la presentación anónima “se señalaba que en distintas seccionales y
en la Jefatura Departamental de La Plata se llevaba a cabo un sistema de registro paralelo
de denuncias, a los fines de bajar los índices de los delitos”, informó Arguero.
“Existiría –dijo– un registro donde se dejaría constancia de las
denuncias recibidas y otro de aquellas que nunca iban a ingresar al circuito
procesal.” Las seccionales señaladas eran la 3ª, la 8ª y la 9ª de La Plata, la
1ª de la jurisdicción de Ensenada, y la 4ª de Villa Argüello, de la localidad de
Berisso, todas dependientes de la Departamental. “Sospechamos que había un circuito
determinado de denuncias que no llegaban a destino –comenta Arguero–, estuvimos
en los domicilios de cada uno de los particulares mencionados y éstos corroboraron sus
firmas y la denuncia.” En total se comprobaron nueve casos de víctimas de delitos
comunes (robos, lesiones, amenazas), principalmente de barrios humildes de Berisso y
Ensenada, que al querer hacer seguimiento de su propia denuncia se habían encontrado con
que no existía.El martes a las 19.30, por orden del juez César Melazo, del Juzgado de
Garantías Nº 2 de La Plata, se iniciaron seis allanamientos simultáneos en las
seccionales involucradas, donde participaron fiscales, policías y peritos contables.
Allí se secuestraron actas de denuncias y carpetas de informes para poder cotejar la
información con los datos que tiene la Justicia. El fiscal informó que si bien todavía
falta analizar esa información, “se habría confirmado la maniobra”. Además,
señaló, “se encontraron denuncias rotas y sin firmas”. En la Jefatura
Departamental, donde participó personalmente Arguero, se secuestró “el soporte
informático con información estadística” que contiene la información de todas las
seccionales dependientes.Aproximadamente a las dos horas de iniciado el procedimiento
“hubo un inconveniente muy grave –relató en diálogo con Página/12 el juez
Melazo-. Francisco Visky, jefe de la Departamental, envió un despacho radial informando a
todas las comisarías dependientes que lo estaban allanando”. El radiograma, que
según Arguero “podría constituir una falta grave”, fue secuestrado
inmediatamente y formará parte de la causa. A pesar de lo cual, el allanamiento siguió
su curso normal y terminó entre las 4 y las 5 de la mañana de ayer. El paso siguiente
será “cruzar” toda la información obtenida con las estadísticas de la
Justicia y establecer cuál es la magnitud de denunciasque no fueron registradas. Aunque
Arguero adelantó que los casos podrían ser “muchísimos”. Por su parte,
voceros del Ministerio de Justicia y Seguridad bonaerense afirmaron que “de ninguna
manera los hechos tendrían la dimensión que se les está dando”. De todas formas,
agregaron: “Si la Justicia comprueba que hay irregularidades no habrá problemas en
separar de su cargo al personal involucrado”. Además, desmintieron categóricamente
que “estas irregularidades estuvieran previstas para bajar el índice del
delito”. “El ministerio –afirmó un vocero– hace controles regulares
para chequear la información girada por las comisarías y no había surgido nada que
permitiera admitir un delito de la magnitud del que se está anunciando.”
| Un pedido de informes El diputado aliancista Miguel Bazze, miembro de la Comisión de Seguridad de
la Cámara de Diputados bonaerense, presentó un pedido de informes al ministro de
Justicia y Seguridad bonaerense, León Arslanian, para que esclarezca lo ocurrido en la
Jefatura Departamental de La Plata y en las cinco comisarías que fueron allanadas.
“De comprobarse fehacientemente lo informado –dijo Bazze–, en las últimas
horas se habría producido una irregularidad de magnitudes importantes y el ministro
Arslanian no puede estar ajeno a esto.” Por su parte, Eduardo Sigal, titular del
bloque de senadores bonaerenses del Frepaso, advirtió que “esto pone en duda la
seriedad de las estadísticas en las que se basa Arslanian” para explicar la
disminución del delito en Buenos Aires. “Si las denuncias que han llegado a las
comisarías son literalmente tiradas al tacho de basura, las estadísticas son un
invento”, afirmó. |
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