UN PERITAJE DE LA POLICIA FEDERAL COMPROBO SOBREPRECIOS POR MAS DE 5 MILLONES PAGADOS POR LA CORTE SUPREMA PARA INFORMATIZAR EL FUERO CIVIL
Caro, pero el peor

La Corte Suprema pagó por el hardware para informatizar el fuero civil de la Capital casi siete veces más de lo que cotizaba el mismo proveedor español, con un sobreprecio de más de cinco millones de pesos. Los equipos y programas se financiaron con créditos del convenio de cooperación con España que manejaba el cuñado presidencial Alfredo Yoma. Se trata de máquinas obsoletas de las cuales hasta es imposible conseguir repuestos. Sólo uno de los 110 juzgados del fuero se salvó del clavo: es el único que puede consultar legislación y jurisprudencia on line y responder del mismo modo consultas telefónicas de los abogados sobre las causas en trámite.

Prueba: El juez federal Jorge Ballestero guarda bajo siete llaves el peritaje de la Policía Federal que demuestra que la Corte pagó casi siete veces más de lo que cotizaba su propio proveedor.

Un peritaje de la Policía Federal comprobó que los sobreprecios pagados por la Corte Suprema de Justicia en la informatización del fuero civil eran aún mayores que los denunciados hace un año por este diario y superan los 5 millones de dólares. Sus resultados yacen bajo siete llaves en la caja fuerte del juzgado federal Nº 2, a cargo del juez Jorge Ballestero y dejan corta la estimación del autor de la nota del diario, el ingeniero Ariel Garbarz, titular de la cátedra de Tecnología de Computadoras de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Garbarz había estimado que la Corte estaba pagando más del doble de lo que costaba aquel equipamiento a precios de mercado minorista, pero la documentación secuestrada por Ballestero indica que el sobreprecio fue de casi siete veces si se compara con los precios del mismo proveedor: la Corte le pagó 6,1 millones por un equipamiento que la misma empresa cotizaba a 926.116,20 dólares.Comisiones El peritaje lo efectuó personal de la División Computación de la Policía Federal sobre disketes secuestrados por Ballestero en el allanamiento a la Unión Transitoria de Empresas española Sercobe-Transtools. La licitación fue adjudicada el 31 de mayo de 1995 a Sercobe, que es la representante aquí de la española Transtools. Según la Corte, el contrato, aprobado el 28 de diciembre de 1995 por decreto del Poder Ejecutivo, contemplaba un pago del 15 por ciento al contado, 50 por ciento del saldo a 5 años y el 50 por ciento restante del saldo a 30 años. El pliego de bases y condiciones establecía la adjudicación a quien ofertara mejores condiciones financieras. “Por eso se efectuó el presente llamado en el marco del acuerdo económico suscripto con el Reino de España que posibilita la obtención de créditos concesionales con financiación a largo plazo”, dijo un comunicado de la Corte. La contratación también comprende la provisión integral, llave en mano, no sólo de hardware y software sino también la instalación, el cableado, la capacitación y puesta en marcha del sistema. El programa de cooperación con España fue manejado desde la Secretaría de Asuntos Especiales de la Cancillería por el cuñado presidencial Alfredo Carim Yoma. Yoma fue relevado cuando el ex presidente Raúl Alfonsín informó al entonces canciller Domingo Cavallo que empresarios españoles se quejaban por haber recibido pedidos de comisiones para poder participar en el programa. Más grave aún que los sobreprecios pagados, pero consecuencia directa de ellos, es que los equipos adquiridos por la Corte son obsoletos, carecen de repuestos y están creando serios problemas al fuero civil. El caso es paradigmático porque muestra que el costo social de la corrupción es muy superior a las coimas que se pagan a los funcionarios. Cuando la decisión no se toma en función del interés social sino por el incentivo de un soborno no sólo se paga de más, sino que se adquieren bienes y servicios deficientes o directamente inútiles. Lo sucedido también sigue una pauta tradicional en estos casos: antes que investigar la denuncia, se procura desacreditar e intimidar a la prensa que la difundió. Por haber revelado esta escandalosa contratación, el ingeniero Garbarz fue amenazado con una causa penal por la Corte Suprema, que en forma ilegal lo conminó a presentarse ante su cuerpo de auditores. Garbarz se negó a asistir. La Corte dijo que lo citaba a los efectos de evaluar si correspondía una denuncia penal. Pero la investigación judicial no se inició por disposición de la Corte, sino a raíz de la denuncia del juez del Tribunal Oral Federal Nº 1 Mario Gustavo Costa, quien adjuntó los artículos de Garbarz en “Página/12”. La causa recayó por sorteo en el juzgado de Ballestero, quien recibió la declaración testimonial y la documentaciónaportada por Garbarz y caratuló el expediente “NN s/Defraudación contra la Administración Pública, Abuso de Autoridad y Violación de Deberes de Funcionario Público”. Recién una semana después la Corte decidió dar intervención a la Justicia penal para que investigara lo sucedido. El proyecto estuvo bajo la supervisión directa de los ministro de la Corte Eduardo Moliné O’Connor, Carlos Fayt y Guillermo López. Moliné llegó ahí porque es cuñado del jefe del Servicio de Informaciones de la Presidencia, Hugo Anzorreguy, aunque su mejor antecedente era haber presidido la Asociación de Tenis. López fue promovido a ese cargo por su relación personal con los ministros menemistas Carlos Corach y Enrique Rodríguez. Fayt fue designado hace más de 15 años por el ex presidente Raúl Alfonsín. Contraseñas Los disketes secuestrados en la sede de Sercobe-Transtools contenían archivos que estaban protegidos por contraseñas. Los expertos en informática de la Policía Federal consiguieron abrirlos. La impresión en papel de uno de ellos fue incorporada al cuarto y último cuerpo del expediente que instruye Ballestero. Contiene la cotización de SercobeTranstool por 114 servidoras Olivetti MPRO 180 (a 264.526 pesos), 232 terminales inteligentes Olivetti M4 (a 175.392 pesos) y 578 impresoras HP690C (167.969). Ese fue el pedido de cotización inicial de la Corte Suprema, que luego se amplió de 114 a 123 redes, cuando a los juzgados se sumaron las salas de la Cámara de Apelaciones en lo Civil. Cada red consta de un servidor, tres terminales inteligentes y tres terminales bobas. Por eso, para cotejar la cotización de Sercobe-Transtool con lo que realmente pagó la Corte es necesario determinar el precio unitario de la oferta inicial y luego multiplicarlo por la cantidad de unidades que finalmente formaron parte de la adquisición. De acuerdo con los precios de SercobeTranstool, cada servidora costaba 2.320,40 pesos, de modo que la cotización por las 123 compradas equivale a 285.409,20 pesos. En vez de 232 terminales inteligentes se adquirieron 369 (tres por red), a un precio según la cotización de 277.488 pesos. Y a las 578 impresoras cotizadas inicialmente se sumaron luego otras 37, con un precio total de 178.719 pesos. En total, 741.616,20 pesos. A ellos hay que sumar las 369 terminales bobas Olivetti WS510, que el fabricante presupuestó a 500 pesos cada una y que no figuran en el archivo que la Policía Federal logró abrir. El total asciende a 926.116,20 pesos. Pero la Corte pagó por este equipamiento 6.132.000 pesos, es decir una diferencia superior a cinco millones de pesos. A este cálculo se llega en forma indirecta, ya que la compra no fue discriminada de ese modo. El hardware enumerado es el componente principal de la contratación y corresponde al punto 1 del pliego de bases y condiciones, es decir las máquinas. Los diez puntos restantes del pliego se refieren a sistemas operativos, software de base y comunicaciones, instalación, asistencia y capacitación. A solicitud de Garbarz el único oferente de sistemas judiciales del mercado local presupuestó esos programas y servicios en 1.512.000 pesos. Si del total pagado por la Corte, 1.512.000 correspondieron a los últimos diez rubros de la licitación, eso significa que por el primer rubro se pagaron 6.132.000 pesos. Exactamente ese mismo material había sido cotizado por el mismo proveedor a 926.116,20 pesos. El juez reservó esa documentación en la caja fuerte del juzgado por temor a que fuera substraída. Se entiende: esas cifras tornan indefendible la contratación y abren el paso para el juicio político de los ministros de la Corte que la autorizaron, no ya por mal desempeño de la función sino por la comisión de delito, que es la otra causal de destitución contemplada en la Constitución Nacional. Hay otros puntos oscuros de la contratación, que la investigación judicial hasta ahora no ha esclarecido. Según la investigación de Garbarz, la Corte reconocía haber pagado 7,6 millones de dólares por los equipos, mientrasla empresa sólo admitía haber recibido 6,5 millones. En un reportaje por televisión el vicepresidente de Sercobe-Transtools, el español Eloy Gómez Gutiérrez dijo que sólo habían recibido “seis millones y un pico que no recuerdo exactamente de cuánto era pero que no pasaba de seis y medio”. Un año después esa diferencia de un millón y medio de dólares no ha sido explicada. Según la Corte se trata del impuesto al valor agregado, IVA, pero ni el tribunal ni la empresa proveedora aportaron al expediente ninguna factura, recibo o documentación contable que explique esa diferencia. Según otra investigación, de la periodista Susana Viau publicada aquí, Gómez Gutiérrez ya había vendido centenares de computadoras fuera de uso a la ex Municipalidad de Buenos Aires durante la gestión del delegado presidencial Carlos Grosso. A los hospitales municipales llegaron 400 computadoras modelo 286, cuando en el mercado ya se usaban las PC 486. En el Hospital Fernández se hizo una prueba piloto y ni siquiera fue posible acceder a las historias clínicas de los pacientes. La consultora Siglo XXI, contratada durante la gestión de Jorge Domínguez dijo que el material provisto por Gómez Gutiérrez no era confiable y que “su precio en marcas líderes no puede superar los 980.000 dólares”, cinco veces menos de lo que había pagado el municipio. El presidente de la UTE Sercobe-Transtools, José Luis Ortega Blanco, también español, es socio del embajador argentino en Madrid, Carlos Amar. La vinculación con Ortega Blanco, protagonista de un escandaloso negocio en la provincia de Córdoba, casi impidió que el Senado confirmara la designación de Amar. Otro precioA raíz de las publicaciones de este diario, el presidente de la Corte se comunicó con la única empresa argentina que realiza este tipo de instalaciones, Sistemas Jurídicos, que fue excluida de la licitación para el fuero civil porque la contratación estaba atada a los créditos españoles, tanto estatales como privados, que se tramitaron durante la gestión de Alfredo Yoma. Nazareno citó al presidente de Sistemas Jurídicos, Diego Molina, y le transmitió su intención de revisar todo el proceso. Sin embargo, la informatización del fuero civil continuó con las máquinas obsoletas provistas por los españoles. En cambio Sistemas Jurídicos fue contratada en forma directa, sin concurso ni licitación para instalar su software y proveer capacitación a 30 secretarías de juzgados comerciales, sobre las computadoras viejas ya existentes. En la actualidad, las 30 secretarías ya tienen el sistema instalado, que permite al juzgado la consulta directa de jurisprudencia y legislación y a los abogados estar al tanto de los últimos proveídos en la causa que les interesa, comunicándose por Internet. En cada una de esas secretarías hay una terminal de consulta virtual, en la que los litigantes pueden consultar el estado del expediente y escribir sus presentaciones. Los servidores necesarios para abastecer la red, el software y la capacitación para las 30 secretarías costaron 189.360, o un precio por secretaría de 6.312 dólares. Con esos precios reales de mercado, la informatización de todo el fuero civil hubiera costado menos de un millón de pesos. Pero no hubiera sido negocio para nadie, salvo la administración de Justicia.

Poderosa razón

Por HV

La informatización del fuero civil aún no ha concluido, pero los juzgados que ya están utilizando el sistema contratado por la Corte Suprema se quejan por la vetustez y lentitud de las computadoras y los programas. En tres de ellos al menos, consideran que es más ágil la gestión de losexpedientes sin usar las computadoras. Lejos de significar un avance, el sistema impuesto por la Corte a todos menos uno de los 110 juzgados impide la consulta inmediata de jurisprudencia y legislación. Sólo en el juzgado 94, que se salvó del clavo y pudo conservar su red propia, cualquier abogado puede consultar on line los 4.000 expedientes que se tramitan allí. El fuero civil de la Capital cuenta con 13 salas de la Cámara de Apelaciones y 110 juzgados. La instalación contratada por la Corte incluye 123 redes, con siete PC en cada una. Cada red consta de un servidor, tres terminales inteligentes y tres terminales bobas. La entrega comenzó en octubre de 1997. Las PC adquiridas eran las más lentas y las de menor capacidad de memoria del mercado. Los servidores tienen microprocesadores Pentium de 180 megahertz con 32 Megabytes de memoria RAM y 1,2 Gygabites de capacidad de almacenamiento en disco rígido. Las terminales tienen microprocesadores Pentium de 100 megahertz con 8 megabytes de memoria RAM y 850 megabytes en disco rígido. Ya en el momento de la adjudicación esos microprocesadores de 100 Mhz habían dejado de fabricarse y las placas de memoria más chicas del mercado eran de 16 y no de 8 megas. Las placas de memoria que instaló la Corte ni siquiera se instalaban en los boliches del barrio de Tribunales que venden PC usadas o recicladas. Los motherboards sobre los que están montadas las terminales también son obsoletos; tienen 256 Kiloytes de memoria caché, cuando los más económicos que se fabricaban a fines de 1997 ya eran de 512 Kbytes. Dos años después ni siquiera es posible conseguir repuestos.Cuando la Corte puso en marcha la informatización del fuero, la titular del juzgado 94, Cecilia Yolanda Federico pidió una audiencia con el presidente de la Corte, Julio Salvador Nazareno y le informó que se estaba por pagar más del doble de lo que había costado informatizar su juzgado. La misma información llegó a la secretaria de informática de la Corte, Elena Campanella. El ex ministro de Justicia, Elías Jassan recuerda haber recibido un oficio de la doctora Federico informándole que había pagado con sus sueldos la informatización del juzgado 94 e invitándolo a ver cómo funcionaba. “Sé que es un juzgado modelo, de lo que me alegro porque yo impulsé la designación de esa jueza, pero nunca tuve conocimiento acerca de precios, ya que todo ese proceso fue conducido por la Corte, con su propio presupuesto, y el ministerio no tuvo intervención alguna”, dijo Jassan. Cuando el juzgado 94 terminó su informatización, el presidente de la Corte y la Secretaria de Informática felicitaron a su titular y la recomendaron como ejemplo a otros jueces. Pero por alguna poderosa razón no tomaron en cuenta su advertencia, que hubiera conducido a pagar 3,5 en vez de 7,6 millones de dólares por la informatización de todo el fuero.

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