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Por Sergio Moreno El gobierno argentino no quiere privarse del valor del conocimiento que otorga la experiencia, por lo cual ha reincorporado a un número de experimentados represores a su staff. Además de los torturadores y secuestradores que engruesan la planta de la SIDE, comandada por Hugo Anzorreguy (y sobre quienes Página/12 viene informando desde fines de marzo), el Ministerio de Defensa, a cargo de Jorge Domínguez, le ha dado conchabo al coronel (R) José Osvaldo "Balita" Riveiro, ex subjefe de inteligencia del Ejército y principal asesor y entrenador de los grupos de tareas que operaron, con financiación de la CIA norteamericana, en la frontera hondureño-nicaragüense entre 1980 y 1985 para desestabilizar al entonces gobierno sandinista. El coronel Riveiro fue contratado por el gobierno nacional en el Instituto de Ayuda Financiera para pago de Retiros y Pensiones Militares --que depende de Defensa--, como director de relaciones institucionales. Este instituto está dirigido por el general (R) Carlos Alberto Dallatea, quien en enero de 1976 fue secretario de Jorge Rafael Videla. Luego del golpe, Videla lo premió nombrándolo, en enero de 1977, director nacional de Gendarmería. El coronel "Balita" Riveiro realizó su carrera en la inteligencia militar durante los años del Proceso. El 26 de noviembre de 1976 fue designado jefe del destacamento de inteligencia 144 de Mendoza, dependencia bajo cuya área operacional se encontraban los campos de concentración "El refugio", "El Chalecito", la Brigada de Infantería de Montaña y "Campo Los Andes". El 31 de octubre de 1979, Riveiro fue designado, también como jefe de inteligencia, en el destacamento 181 de Bahía Blanca. La principal tarea de la inteligencia militar durante el desarrollo del terrorismo de Estado era obtener y procesar la información que se extraía mediante torturas a los detenidos. Riveiro cumplió su función en el país hasta 1980 cuando el gobierno de Roberto Eduardo Viola, primero, y el de Leopoldo Fortunato Galtieri, después, acordaron con el gobierno norteamericano de Ronald Reagan, con el Pentágono y con la Agencia Central de Inteligencia (CIA) aportar asesores y entrenamiento para el grupo de mercenarios y ex agentes somocistas que combatirían desde Honduras al gobierno sandinista de Nicaragua. Toda operación de estas características encaradas por el gobierno de EE.UU. debe contar con la aprobación de su Congreso. Los parlamentarios norteamericanos jamás hubiesen dado su consentimiento para la maniobra, cosa que Reagan y William Casey, por entonces jefe de la CIA, sabían. Por lo tanto, la administración del ex presidente y la CIA montaron una operación encubierta: Honduras aportaría la sede territorial; Argentina, los asesores militares en "lucha antisubversiva", y Reagan-Casey-Pentágono, el dinero y la logística. Riveiro partió a Tegucigalpa formando parte de lo que se conoció como el Grupo de Tareas Exterior del Ejército (GTE), conformado por experimentados represores formados en el batallón 601 de Inteligencia que, durante el proceso, dependía de Carlos Guillermo "Pajarito" Suárez Mason. Además del actual funcionario del Ministerio de Defensa, el GTE estaba integrado por el general Alfredo Valín, José Hoyas, Héctor Francés, Jorge O'Higgins, Jorge de la Vega, Emilio Jason, Mario Davico, Carmelo Gigante, Carlos Durich, Juan Galasso, Juan Ciga, César Carro, Roberto Alfieri González y el conocido Leandro Sánchez Reisse. Las tareas del grupo generaron un conflicto internacional con Honduras en 1996. En octubre de ese año, el Comisionado Nacional de Derechos Humanos de ese país amenazó con elevar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CIDH) un pedido para que el gobierno argentino le entregara información reservada sobre el accionar del CTE en su país, la violación de los derechos fundamentales durante su estadía en Centroamérica y la desaparición de personas en 184 casos concretos. Casos que fueron traídos al país por el propio defensor del pueblo hondureño, Leo Valladares, el 16 de octubre de 1996. Previamente, el Comisionado hondureño había pedido información al gobierno argentino. Extraoficialmente, las Fuerzas Armadas explicaron que "difícilmente" haya alguna documentación sobre las labores del grupo de tareas. Pero además agregaron que todos los militares que formaron la partida estaban retirados. Ante la falta de respuesta del gobierno argentino, Valladares envió el 2 de septiembre de 1996 una carta al presidente Carlos Menem. "Existen indicios claros de la participación en Honduras de oficiales adscritos a las Fuerzas Armadas argentinas en el entrenamiento y asesoría de ejecutores de esta terrible práctica que es la desaparición forzada de personas", señala el texto que fue entregado por el entonces embajador argentino en Tegucigalpa a Menem. Tras su paso por Argentina, en octubre de 1996, Valladares se fue con las manos vacías. Pero ahora el gobierno argentino podría poner a su disposición a Riveiro, ya que pocas cosas son tan fáciles como pedirle información a uno de sus empleados. Conociendo el mundo De todo el grupo de tareas argentino, "Balita" Riveiro era el jefe del aparato político y de operaciones en el "estado mayor" --que conformaban con ex guardias somocistas y jefes de las fuerzas armadas hondureñas-- del ejército de hostigamiento al sandinismo, según lo denunció en 1983, en un acto de arrepentimiento producido por un misterioso secuestro, el capitán Héctor Francés, uno de los miembros del GTE. Ese "estado mayor" era integrado, además de por el coronel Riveiro, por los ex coroneles somocistas Enrique Bermúdez y Emilio Echevarry, y el jefe de las Fuerzas Armadas hondureñas, general Gustavo Alvarez. Alvarez y Echevarry habían estudiado en la Escuela Militar argentina donde Riveiro fue uno de sus profesores. De Honduras, el coronel Riveiro se trajo su alias, "Balita", obtenido en el fragor de sus tareas enseñando a los contras los ajustados métodos argentinos para secuestrar, torturar y desaparecer personas. El apodo fue producto de su experiencia, experiencia que el gobierno argentino no quiere desperdiciar por lo cual lo nombró en el organismo que le paga las jubilaciones y las pensiones a los militares retirados, entre ellos, muchos de sus ex compañeros de enseñanza.
Por S.M. Douane "Dewey" Clarridge comenzó su carrera de espía para la CIA en 1954 y en 1981 fue nombrado director de la División América Latina de "La Compañía" (nombre con el que se conoce a la Agencia Central de Inteligencia en el mundo del espionaje). Su designación lo convirtió en el principal responsable del accionar de los "contras" en su guerra no declarada al gobierno nicaragüense. En su libro "Un espía para todas las temporadas. Mi vida en la CIA", Clarridge relata su relación con el Grupo de Tareas del Ejército argentino que asesoraba a los somocistas con respaldo de la CIA y el Pentágono norteamericano. El jefe espía estadounidense debió hacerse cargo de la operación cuando el GTE ya estaba operando. La decepción de "Dewey" fue mayúscula: el hombre de la CIA consideraba que los argentinos no tenían idea de cómo pelear contra los sandinistas, que sólo aplicaban técnicas para combatir a la guerrilla urbana en un territorio donde casi no existían las ciudades y que eran desorganizados y caóticos. Clarridge cuenta de esta manera uno de sus encuentros con el coronel (R) José Osvaldo "Balita" Riveiro, quien trabaja actualmente para el Ministerio de Defensa: * "El jefe de los argentinos en Honduras, Osvaldo Riveiro, y su segundo, no hacían más que protestar, y eso en sus días buenos, porque en sus días malos daban contraórdenes que tenían repercusiones no sólo en Centroamérica sino también en el Congreso de los Estados Unidos. Habiendo comenzado como algo beneficioso, se habían convertido en algo negativo". * "Por todos esos problemas nos vimos obligados a asumir el control total de la operación, que era justo lo que queríamos evitar. Pero no encontré otra alternativa. De lo contrario, no hubiésemos podido fundar un movimiento eficaz. Estaba seguro de que eventualmente ocurriría un incidente que nos traería problemas en Washington". Piden tribunal de honor militar
La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) pedirá hoy que el jefe del II Cuerpo de Ejército, el general de división Eduardo Rodolfo Cabanillas, sea sometido a un tribunal militar de honor por haber "falseado a la verdad" respecto a su desempeño en el centro clandestino de detención conocido como Automotores Orletti, durante la última dictadura militar. Simón Lázara, vicepresidente de la APDH, exceptuó ayer de este pedido al teniente general Martín Balza, quien --según dijo-- no tiene "ninguna" responsabilidad en el hecho que involucra a Cabanillas (ver recuadro). Este pedido de la APDH se suma a una larga cadena de hechos que se sucedieron desde que el poeta Juan Gelman le escribió al jefe del Ejército Martín Balza una carta abierta publicada en Página/12. En la misma, Gelman acusó a Cabanillas de ser el responsable mediato del robo de su nieto o nieta, nacido o nacida en cautiverio en 1976. La nuera de Gelman, María Claudia Irureta Goyena, fue secuestrada por el Ejército cuando estaba embarazada, junto con Marcelo Gelman, el hijo del escritor. A pesar de esta situación, el martes pasado Balza había asegurado que Cabanillas "está en condiciones de ser jefe de Estado mayor del Ejército". "Está en el sexto lugar en el orden jerárquico. Es general de división y todos los generales de división están en condiciones de serlo", había dicho Balza. Mientras tanto, el mismo día, la APDH pidió el relevo inmediato de Cabanillas como jefe del II Cuerpo de Ejército luego de estudiar el legajo de Cabanillas y concluir que sólo pudo ascender a general, y después a general de división, porque la foja de servicios enviada por el Ejecutivo al Senado "omitió datos esenciales." Uno de esos datos, quizás el más importante, era que Cabanillas fue uno de los jefes del campo de concentración Automotores Orletti. Sin embargo, Cabanillas dijo en un comunicado que leyó en Rosario que "jamás estuve en el lugar que algunos denominan Automotores Orletti ni tengo conocimiento de cuanto dicen esas mismas fuentes que habría sucedido a parientes del señor Gelman". "El general Cabanillas dijo que no había estado (pero) apareció un expediente de un tribunal militar, del año '77, donde él explica la función que cumplía ahí", en Automotores Orletti, dijo ayer Lázara durante una entrevista radial. Al referirse al porqué de la solicitud de un tribunal de honor para el uniformado, Lázara afirmó que le "parece muy peligrosa una situación de este tipo y, por eso, pedimos que, además de las cuestiones que hay que debatir desde el punto de vista judicial y demás, desde el punto de vista militar, nos parece que corresponde una medida con el general Cabanillas".
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