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Defensa echó la culpa al Ejército por contratar al “Balita” Riveiro

El Ministerio de Jorge Domínguez confirmó que el coronel trabajó
en un organismo de su dependencia entre junio de 1997 y el 31
de marzo de este año. Pedido de informes y repudio del Serpaj.

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Domínguez dice que el Ejército y Dalla Tea son los responsables del contrato de Riveiro (ver facsímil).
Pero nada dice sobre el deber de fiscalización y veto que tiene su cartera sobre los nombramientos.

Por Sergio Moreno

t.gif (862 bytes) El Ministerio de Defensa confirmó que el coronel (R) José Osvaldo “Balita” Riveiro, ex subjefe de inteligencia del Ejército y asesor de los grupos paramilitares que operaban en la frontera hondureño-nicaragüense para desestabilizar al gobierno sandinista de Managua durante la década del 80, se desempeñó como asesor externo de un organismo dependiente de esa cartera entre junio de 1997 y el 31 de marzo de 1999.
Tras la revelación realizada anteayer por Página/12, el ministerio que comanda Jorge Domínguez emitió un comunicado donde detalla el período en que Riveiro estuvo contratado allí, aunque intentó transferir la responsabilidad del nombramiento del coronel al Ejército por ser esa fuerza quien designó al titular del organismo quien, a su vez, contrató al “Balita”. La aclaración de Defensa se produjo en paralelo a la presentación de un proyecto de resolución por el que tres diputados del Frepaso solicitan informes al Ejecutivo sobre el destino del coronel Riveiro y a un comunicado del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) mediante el que se solicita la remoción del militar y se anuncia que ese organismo informará sobre esta situación a las organizaciones de derechos humanos de Honduras que vienen solicitando información sobre el militar desde comienzos de los 90.
Este diario informó el lunes pasado que Riveiro se desempeñaba como director de relaciones institucionales del Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF), que dirigía el general (R) Carlos Alberto Dalla Tea, y que depende del Ministerio de Defensa. El coronel Riveiro hizo su carrera militar en el área de inteligencia del Ejército durante la dictadura y, luego de desempeñarse como jefe de área en Mendoza y Bahía Blanca, condujo el denominado Grupo de Tareas Exteriores (GTE) de la fuerza. Este grupo, compuesto por 15 oficiales argentinos, fue el encargado en asesorar sobre torturas y desapariciones a los “contras” antisandinistas que operaban en la frontera hondureña con apoyo de los militares de ese país, ex somocistas y financiados por la CIA y el Pentágono norteamericanos, en una operación ilegal y encubierta de acoso al gobierno de Nicaragua.
El mismo día en que Página/12 reveló el conchabo de “Balita” Riveiro, la cartera que conduce Domínguez emitió un comunicado aclarando que:
ron2.gif (93 bytes)  “La presidencia del Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF) es un cargo rotativo entre oficiales superiores de las tres Fuerzas Armadas”.
ron2.gif (93 bytes)  “En 1995, cuando correspondía que la titularidad fuera cubierta por un oficial superior del Ejército, esa fuerza propuso que fuese designado el general de brigada (RE) Carlos Alberto Dalla Tea”.
ron2.gif (93 bytes)  “En junio de 1997, el general Dalla Tea nombró como asesor externo al coronel (RE) José Osvaldo Rivero (sic), haciendo uso de las atribuciones propias de la Presidencia del Instituto, que le permiten efectuar estos actos administrativos sin intervención del Ministerio de Defensa”.
ron2.gif (93 bytes)  “El mandato del general Dalla Tea como presidente del IAF se terminó el 31 de marzo del presente año y, en la misma fecha, el coronel Rivero (sic) cesó en sus tareas”.
El texto de la cartera de Domínguez intenta transferir la responsabilidad del nombramiento de Riveiro al Ejército y, más precisamente, a Dalla Tea, pero nada dice de su poder de contralor y de veto sobre el nombramiento de un oficial que es acusado por el Comisionado Nacional de Derechos Humanos de Honduras de haber formado parte de un grupo acusado de haber participado en la desaparición de 184 personas en Centroamérica. El propio presidente Carlos Menem se había comprometido ante el gobierno hondureño a acercar toda la información existente en la Argentina sobre la conformación y el accionar del GTE, del cual Riveiro fue jefe. Nunca lo hizo. En un texto difundido ayer, el Serpaj –organismo dirigido por el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel– pidió “la inmediata remoción del ex represor Riveiro” y anunció que “informará a las organizaciones de derechos humanos de Honduras sobre este hecho: un represor argentino, cuyo nombre figura en el informe ‘Los hechos hablan por sí mismos’, suerte de ‘Nunca más’ hondureño, está trabajando en un instituto dependiente del Ministerio de Defensa”.
La información revelada por este diario generó, también, un proyecto de resolución impulsado por los diputados frepasistas Alfredo Bravo, Jorge Rivas y Rubén Giustiniani, solicitando al Poder Ejecutivo que informe sobre si Riveiro trabaja en el IAF, qué funciones cumple, desde cuándo lo hace y quién es responsable de su designación y si “el o los responsables de la designación están en conocimiento de los antecedentes de Riveiro como agente del terrorismo de Estado durante la última dictadura militar, y como asesor y entrenador de los grupos de tareas que operaron ilegalmente entre 1980 y 1985 para desestabilizar al gobierno sandinista de Nicaragua”.

 


 

JUICIO POR LOS RESTOS DE SANTUCHO
Un coronel que niega todo

t.gif (862 bytes) El coronel (R) José Eduardo Antonio Valladares, actual jefe del archivo general del Ejército, declaró ayer en la causa en la que se buscan los restos de Mario Roberto Santucho y Benito Urteaga. Valladares, que se desempeñó como secretario del jefe de Institutos Militares, Santiago Omar Riveros, no sólo negó todo conocimiento sobre la desaparición de los líderes del ERP sino que también desmintió la existencia de “El Campito”, el centro clandestino de detención que funcionó en Campo de Mayo.
Valladares fue citado a declarar a raíz de que el ex sargento Víctor Ibáñez afirmara que tenía información clave para encontrar los cuerpos de Santucho y Urteaga. Según Ibáñez, el jefe del archivo del Ejército se encargaba de elaborar listas sobre los detenidos.
Ayer, en el juzgado de Alfredo Bustos, Valladares se desvinculó de las desapariciones de Santucho y Urteaga, pero admitió la existencia del Museo de la Subversión en Campo de Mayo. Y afirmó que se inauguró a instancias del general Antonio Bussi. Los líderes del ERP podrían estar enterrados bajo el predio donde se levantó el Museo y ahora hay un edificio de la mutual del Ejército.
Por otra parte, el juez Bustos libró un oficio al jefe del Ejército, Martín Balza, para que manifieste si, a pesar de tener el beneficio de declarar por escrito, está dispuesto a presentarse personalmente en el juzgado. De ser así, la audiencia se realizaría el próximo 27 de mayo.

 

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