 ¿Por qué cortar gastos
que ya estaban previstos en el Presupuesto? ¿Por qué ensañarse con la educación y los
jubilados? ¿Cómo hacer algo así en un año político? ¿Qué obliga a ceder una vez
más a las exigencias del Fondo Monetario? ¿Cuál es la explicación de esta conducta
absurda, y qué alternativas hay? En medio de la vorágine de los últimos días, de los
choques políticos dentro del Gobierno y de la reacción social, vale la pena situar el
problema.
u El origen. Después de recuperarse del efecto Tequila, la economía argentina sufrió
crecientemente el impacto de la crisis asiática (estallada en 1997), la cesación de
pagos rusa (agosto de 1998) y la devaluación brasileña (a partir de enero último).
Salida de capitales, caída de exportaciones y aumento en el costo del financiamiento
fueron las consecuencias. La economía se precipitó así en una recesión que, según
algunos consultores, tocaría fondo este trimestre.
u El efecto. Las predicciones del Ministerio de Economía para 1999, en base a las cuales
diseñó el Presupuesto, resultaron muy optimistas. Pero al caer la actividad, la
recaudación tributaria también se redujo como una derivación inevitable, porque cuando
disminuyen las ventas baja la tributación del IVA, que es el principal impuesto, y algo
similar ocurre con otros gravámenes.
u Las alternativas. Al comprimirse los recursos se plantean varias alternativas. Una es
cubrir el bache con mayor colocación de deuda. Otra es apelar a medidas impositivas
heroicas, de efecto inmediato, como aumentar la alícuota del IVA y otros impuestos, o
crear algún nuevo gravamen. Nada de esto es fácil en medio de una recesión, porque
tendería a profundizarla. Tampoco es sencillo elevar aún más el endeudamiento del
país, que ya sin esto es elevado y creciente.
u Las restricciones. El Plan de Convertibilidad no permite emitir pesos para suplir la
caída en los recursos genuinos. Pero, además, la grave pérdida de competitividad de la
economía argentina por la devaluación de otras monedas estrecha las posibilidades de
aumentar la presión fiscal sobre los sectores productivos. Sin embargo, existen también
limitaciones de otra naturaleza, como las barreras que interpone la Justicia a la acción
de la DGI contra los evasores, o la incapacidad de la AFIP frente a las sofisticadas
maniobras contables con las que centenares de grandes empresas –muchas de ellas
multinacionales– consiguen ocultar sus ganancias y no tributar por ellas. Las grietas
por las que se pierde recaudación son incontables.
u La herramienta. Aunque existiese hipotéticamente voluntad política para atacar los
problemas fiscales de fondo –evasión, corrupción, ineficiencia e inequidad–,
en el corto plazo no hay más remedio que limitarse a conseguir que las cuentas cierren.
Cada fórmula tiene sus costos. Retrasar los pagos de la deuda, por ejemplo, provocaría
un estallido del riesgo país. Hay siempre, sin embargo, algún margen para la decisión
política, como cortarle partidas a la SIDE, retirarle los fondos discrecionales al
ministerio del Interior y otras por el estilo. Pero, en definitiva, si se resuelve rebanar
significativamente el gasto público será difícil evitar que los recortes afecten a la
educación, la salud o la seguridad social porque son partes importantes del Presupuesto.
u La discusión. Unos dicen que el gasto público es rígido porque está básicamente
compuesto por salarios, jubilaciones e intereses, que no se pueden dejar de pagar. Otros
piensan que es flexible porque está lleno de despilfarro y destinos inútiles, además de
corrupción. Algunos, que tal vez compartan ambos puntos de vista, aceptando que la
contradicción está en el propio gasto, entienden que en realidad habría que aumentarlo
porque el país necesita un Estado fuerte, moderno y capaz. El eterno aplazamiento de esta
discusión de fondo impide zafar de la lógica estrecha del corto plazo, donde siempre
manda la podadora.
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