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Por Raúl Kollmann  Los familiares de las
víctimas de la AMIA, agrupados en Memoria Activa, reclamaron ayer al juez Juan José
Galeano que secuestre las cintas del Comando Radioeléctrico de la Policía Federal
correspondientes al día del atentado contra la AMIA e incluso a los días previos. En el
caso del ataque contra la mutual judía de la calle Pasteur también hubo abandono de la
custodia por parte de policías federales, pero hay datos aún más inquietantes. La
camioneta fue dejada en una playa de estacionamiento, tres días antes del atentado, y hay
fuertes indicios de que al volante estuvo un hombre de la Policía Federal. Además, en la
organización que participó en el armado de la Trafic con partes robadas tenía un papel
preponderante el empresario Alejandro Monjo, un hombre íntimamente ligado a la Federal. Con su escrito de ayer, los letrados que patrocinan a Memoria Activa, Alberto Zuppi y Pablo Jacoby, insisten con algunas de las sospechas que hace años sobrevuelan la causa AMIA. Frente al edificio de Pasteur había un patrullero que prácticamente no funcionaba y en el momento del atentado fallaron los dos efectivos que debían estar atentos. El sargento Alfredo Guzmán había ido al baño del bar de enfrente y el cabo Jorge Bordón dice que estaba en el patrullero, pero metido debajo del asiento arreglando la radio. Obviamente ninguno de los dos vio nada. Más asombrosa es la historia ocurrida tres días antes del atentado: la Trafic fue estacionada en la playa Jet Parking de Paraguay y Azcuénaga. El vehículo fue dejado allí por un hombre que dijo llamarse Carlos Martínez, quien contrató una estadía de quince días y que, nervioso, escribió un número de documento en el papel de esa estadía. Siguiendo el rastro de ese número de cédula, el 11.509.709, se llega a un individuo llamado Tomás Lorenz, quien casualmente tiene un vecino y amigo llamado Carlos Martínez, efectivo de la Policía Federal. El FBI, en su informe del año pasado, insiste en que ésta es una pista que debe seguirse. También la relación con la fuerza surge por otro lado: la Trafic pasó por una organización de venta de autos truchos (vehículos armados con partes robadas). En esa mafia, Carlos Telleldín era uno de los resortes y está preso por ser el último poseedor de la camioneta. Sin embargo, el hombre más poderoso de ese grupo fue Alejandro Monjo, quien amasó una fortuna en muy pocos años y que fue el primer comprador de la Trafic. Insólitamente, a Monjo se le encontró una medalla al mérito que le otorgó la Policía Federal, pero –no podía ser de otra manera– la medalla desapareció en la división Protección del Orden Constitucional de la Policía Federal. Galeano debió procesar a varios jefes de esa área por la desaparición de la medalla y de otras importantísimas pruebas como la agenda de Carlos Telleldín. Sin embargo, nunca se avanzó demasiado en la investigación de un encubrimiento que se parece bastante al de la cinta de la Embajada. En resumen, la Policía Federal no custodió como corresponde el edificio de la AMIA, aparecen un empresario y un efectivo de la fuerza relacionados con la camioneta y, como remate, toda una división está sospechada de borrar pruebas. Los letrados de Memoria Activa insisten ahora en que se profundice la investigación sobre la Federal, empezando por el secuestro de las cintas registradas entre el 15 y el 19 de julio de 1994.
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