|
|
|
|
|
|
|
|
|
Página/12 en Gran Bretaña Por Marcelo Justo desde Londres  Los defensores del ex
dictador contraatacaron. Solicitaron para Augusto Pinochet una revisión judicial de la
autorización que concedió el ministro del Interior británico Jack Straw para que se
iniciara el proceso de extradición del general a España por los delitos de tortura,
conspiración para torturar y conspiración para asesinar, cometidos desde 1988. El Alto
Tribunal de Londres debe determinar ahora si la autorización política que prestó el
ministro laborista Straw es legal o no. El recurso presentado por el estudio Kingsley
& Napley, famoso por cobrar sumas exorbitantes, frenó una vez más el comienzo del
proceso de extradición. Ahora habrá que esperar hasta el 4 de junio.El caso Pinochet sigue debatiéndose en los márgenes de la extradición. Desde su arresto el pasado 16 de octubre, la defensa del reciclado senador vitalicio ha conseguido desviar, retrasar, regresar, obstaculizar y postergar casi ad infinitum el proceso judicial en el que se debe decidir si el general es extraditado a España. Entre tanto, tras dos fallos de la Cámara de los Lores, máxima instancia judicial inglesa, que le negaron inmunidad en tanto ex jefe de Estado, el general vio reducida por el principio de la irretroactividad penal de 33 a 3 la cantidad original de cargos en su contra. Ahora los abogados de Kingsley & Napley cuestionan la segunda autorización que concedió el ministro del Interior Jack Straw para proceder con el proceso de extradición. El pasado 15 de abril Straw desestimó que la reducción de los cargos en su contra, su edad o condición física, y el interés británico o la situación interna de Chile, constituyeran argumentos válidos para no autorizar el proceso judicial y enviar al general de regreso a su país. Aunque se negaron a revelar los fundamentos de la solicitud de revisión judicial, que se extiende a lo largo de cientos de páginas, el cuestionamiento de la defensa debe basarse en que Straw no se atuvo a lo que estipula la ley de extradición inglesa de 1988. Según dicha ley, el ministro del Interior, “en ejercicio de sus funciones cuasijudiciales” puede impedir una extradición, algo que Straw hizo el año pasado cuando denegó el pedido formulado por Alemania que quería juzgar a Roisin McAliskey, acusada de participar en un ataque del IRA contra una base militar británica en ese país. Los expertos en extradición coinciden en que los abogados de Kingsley & Napley cuestionarán que después de la última decisión de los lores haya aún cargos extraditables. Otros posibles flancos de ataque serían el impacto que tenga el caso en la salud de un anciano de 83 años, y, con perverso cinismo, el hecho de que, según la defensa de Pinochet, en Chile se lo podría juzgar por el conjunto de sus crímenes y no sólo por los que se produjeron después de que Gran Bretaña incorporara el convenio internacional contra la tortura en diciembre de 1988. El Alto Tribunal de Londres podría tardar semanas en analizar los cientos de páginas de la solicitud de revisión judicial antes de decidir si la acepta o no. En caso de que lo haga, el ministro del Interior debería responder a los argumentos de la defensa en un plazo no mayor a los 45 días. Los especialistas en el tema indican que es muy probable que el Alto Tribunal inicie el proceso de revisión pero altamente improbable que recuse la autorización para proceder con el proceso de extradición otorgada por Jack Straw en abril. “La revisión judicial es un mecanismo de la justicia inglesa para apelar a decisiones que adoptan los funcionarios públicos. Pero la ley de extradición otorga prerrogativas cuasijudiciales a Straw que fundamentó muy minuciosamente su autorización. De modo que meparece casi imposible que la revisión prospere”, resumió a Página/12 Michael Anderson, del Instituto de Derecho Comparado. Por su parte, el juez Baltazar Garzón ha anunciado que enviará 12 nuevos casos de tortura cometidos después de setiembre de 1988, fecha en que el Parlamento aprobó la ley que incorpora la Convención contra la tortura. Según el juez español, estos casos están “meticulosamente documentados” y fortalecerán el proceso de extradición de Pinochet a España, donde sería juzgado por “tortura”, “conspiración para torturar” y “conspiración para asesinar”.
|
