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Por Raúl Kollmann  La Cámara
Federal ordenó ayer que se aprese a cinco policías bonaerenses relacionados con la causa
AMIA y que fueron puestos en libertad hace un mes por el juez Juan José Galeano. El
tribunal sostiene que Carlos Cruz, Marcelo Albarracín, Claudio Araya, Bautista Huici y
Diego Barreda están imputados por cargos como extorsión, privación ilegítima de la
libertad y asociación ilícita, todo agravado por ser policías, por lo cual --dice la
Cámara-- las penas no serán mínimas y no correspondía que Galeano les concediera la
excarcelación. Los cinco policías, en principio, no tuvieron relación directa con el
atentado, pero extorsionaron al armador de autos truchos Carlos Telleldín, quien les
pagó entregando la Trafic que después estalló frente a la AMIA. Supuestamente, anoche
los uniformados debían ingresar otra vez a prisión. Los doctores Horacio Cattani, Martín Irurzun y Horacio Vigliani, integrantes de la Sala II --la de mayor reputación por su independencia-- les dieron la razón a los fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, quienes apelaron ante ese tribunal la puesta en libertad de los cinco policías. En realidad, los uniformados eran parte de grupos distintos. Algunos estaban bajo las órdenes del detenido ex comisario Juan José Ribelli, que detuvo al "Enano", como le dicen a Telleldín, en el mes de abril de 1994. En la Brigada de Lanús, los hombres de Ribelli le exigieron 40.000 pesos a Telleldín por dejarlo ir y por permitirle continuar con su negocio de armado de autos truchos. Telleldín entregó una moto, un Renault 9, algo de dinero y quedó debiendo parte de la extorsión. Según el juez, en julio de ese año Telleldín pagó lo que debía entregando la Trafic, después usada como coche-bomba. El otro grupo que extorsionó a Telleldín pertenecía a la Brigada de Vicente López. En principio, Galeano considera que ese grupo también respondía a Ribelli, otrora poderosísimo comisario de la Bonaerense. La patota de Vicente López detuvo y golpeó a un amigo y socio de Telleldín, Hugo Pérez, exigiéndole dinero al Enano a cambio de dejar en libertad a Pérez. En esa oportunidad, Telleldín entregó una especie de lancha, pero --según el juez-- completó el total del dinero que debía a los dos grupos extorsionadores dándoles la camioneta Trafic. Hasta ayer, Galeano sólo mantenía presos a los que considera los cuatro hombres fuertes de la organización, el ex comisario Ribelli, los ex subcomisarios Raúl Ibarra e Irineo Leal y el oficial Mario Bareiro, a quienes imputa directa complicidad con el atentado. Galeano sostiene que Telleldín les entregó la Trafic el domingo 10 de julio --dice que hay testigos, indicios de las comunicaciones por celular y está la declaración de Telleldín-- y que, a su vez, ese grupo de uniformados les entregó la camioneta a los terroristas unos días más tarde. Los cuatro oficiales niegan haber recibido la Trafic y dicen que nunca la vieron, aunque --en privado-- reconocen la extorsión y los arreglos con Telleldín. "Nosotros, la extorsión sí, la bomba no", dicen los ex oficiales. Los cinco policías que ayer estaban volviendo a la cárcel eran hombres ligados a Ribelli, Ibarra y Leal, pero sólo se les imputó participación en las operaciones extorsivas. Por ejemplo, colaboraron en los aprietes, falsificaron las actas de las detenciones, inventaron causas para imputar a Telleldín, hacían arreglos de dinero con los abogados y hasta tirotearon al Enano en un par de oportunidades. Por ese accionar y por tener el agravante de ser policías, los jueces de la Cámara Federal sostienen que la pena no será la mínima que prevé para ese delito el Código Penal --cinco años-- y que el tiempo que los policías pasaron en la cárcel --tres años-- no es suficiente para llegar a los dos tercios de la pena que les podría corresponder. Por lo tanto, el tribunal ordena que vuelvan a la cárcel. En realidad, todo indica que esta parte de la causa AMIA, relacionada con Telleldín y los policías, será elevada a juicio oral en pocos meses. El interrogante será si los uniformados fueron o no parte de la conexión local del atentado. Los puntos oscuros sobre la cinta de la Federal
Por R.K.
La Policía Federal produjo ayer un rápido informe para tratar de sofocar el incendio. El texto deja en claro que no hubo irregularidad alguna y que en verdad ni siquiera hay razones para abrirle un expediente a ningún hombre de la fuerza. Estas son las imputaciones y las respuestas: * La Policía Federal ocultó la cinta relacionada con las custodias el día del atentado. "No es cierto", dice la fuerza. La explicación es que la cinta original se borró y sólo se hizo una copia para la escuela. Siete años después un familiar del inspector Gabriel Soto, tripulante del patrullero, la encontró y la presentó. * Se dio la orden al patrullero de suspender la ronda y dirigirse a la Cancillería: La Federal contesta que sí, que efectivamente se dio esa orden ya que se verifica en la cinta. Lo que la fuerza no explica es por qué tres integrantes del Comando Radioeléctrico declararon ante la Corte Suprema que no se dio tal orden. * El patrullero se movió a la Cancillería porque hubo un robo: Esto fue lo que declararon en la Corte, al principio de la investigación, los tripulantes del patrullero. La cinta, sin embargo, dice que los movieron hacia la Cancillería por una manifestación que nadie recuerda y de la que no hay constancia alguna. Por otra parte, el robo en la Cancillería se produjo a las 18 horas. * El movimiento del patrullero dejó a la embajada aún más desprotegida. En este punto, la Federal contesta con algo que ya se sabía --que el patrullero no estaba estacionado ni asignado únicamente a la custodia de la embajada--, pero no da una respuesta de fondo. El patrullero estaba de ronda y debía pasar frente a la delegación diplomática. Allí verificarían que no había custodia, porque el agente que debía quedarse hasta las 14 ya se había ido sin esperar a su relevo y el efectivo que tendría que haber llegado a las 14 directamente se quedó en el cuartel. Seguramente el patrullero, siguiendo su ronda, hubiera visto la falta de custodia por lo que pediría un reemplazo. Como no pasó, no pidió nada y minutos después se produjo la explosión. Sobre todo esto, la Federal no se pronuncia. Pese al comunicado de la fuerza, la ofensiva de investigación continúa. Por lo pronto, la Corte citó a los integrantes del Comando Radioeléctrico para que expliquen su actuación y se haga un reconocimiento de voz. También la Corte y la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Atentados citaron al jefe de seguridad de la Cancillería para que diga si llamó o no llamó a la Policía Federal aquel día. En su primer testimonio, el funcionario señaló que él no llamó a nadie y que el hurto en la dependencia fue a las 5 de la tarde, mucho después del atentado. Por último, el perito de parte de la DAIA, Ariel Garbarz, reclamó que se secuestren el equipo transmisor del patrullero, el grabador original, la cinta original y otros elementos para realizar el peritaje y determinar si la grabación es auténtica. La Corte le va a pedir todo a la Policía Federal el lunes, por lo que Garbarz se quejó de que esas pruebas van a estar desprotegidas durante todo el fin de semana.
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