Por Martín Granovsky
 El Ejército prepara un
tribunal de honor para el general de división Eduardo Rodolfo Cabanillas, el jefe del
Segundo Cuerpo a quien el poeta Juan Gelman acusó en carta abierta como responsable
mediato del robo de su nieto o nieta. La criatura nació en cautiverio en 1976 cuando
Cabanillas era capitán y subjefe de un campo de concentración.
Funcionarios del Gobierno dijeron a Página/12 que los generales del alto mando del
Ejército ya decidieron la apertura del tribunal, que debe analizar el comportamiento de
Cabanillas y establecer si mintió aunque no pueda condenarlo suplantando a la Justicia
civil. Si el tribunal encuentra una falta grave, la continuidad de Cabanillas al frente
del Segundo Cuerpo correrá peligro.
–Y Cabanillas está de acuerdo –informó uno de los funcionarios, que pidió
reserva de su nombre–. No le queda otra.
En realidad, no le quedaba otra alternativa ni a Cabanillas ni al jefe de Estado Mayor, el
general Martín Balza. Cabanillas había quedado ya demasiado expuesto por sus
contradicciones públicas. A Balza, en tanto, le cuesta cada vez más sostener a
Cabanillas cuando la información fluye y la posición del general se hace cada día menos
creíble.
En una carta abierta publicada en este diario el 4 de abril, Gelman acusaba a Cabanillas
como responsable del robo de un bebé que se produjo tras el secuestro de su hijo Marcelo
y su nuera María Claudia Irureta Goyena, en 1976. María Claudia estaba embarazada, y una
sobreviviente contaría después que la había visto en octubre del ‘76 con un
embarazo de ocho meses y medio.
Gelman relató que su hijo y su nuera fueron secuestrados y llevados por una patota al
centro clandestino de detención Automotores Orletti, el núcleo argentino del Operativo
Cóndor, que coordinó a los servicios de inteligencia de todo el Cono Sur. Gelman aportó
un dato: Cabanillas fue subjefe de ese centro.
No era el primer caso en los últimos años de un militar en actividad sospechoso por su
pasado, pero era, con todo, un caso singular:
 Cabanillas
había llegado al grado de general de división, el penúltimo en la pirámide del
Ejército, donde el jefe de Estado Mayor suele ser teniente general.
Comandaba el
Cuerpo de Ejército II, con sede en Rosario y jurisdicción sobre todo el litoral.
Su permanencia
en el puesto ponía a prueba todo el discurso de Balza, que el 25 de abril de 1995 causó
conmoción cuando dijo por primera vez, en nombre del Ejército, que su fuerza no debió
dar el golpe de Estado de 1976 ni usar métodos ilegales como la tortura, el secuestro y
el robo de chicos.
La fuerza de la carta de Gelman derivaba de que la información clave surgía de los
propios antecedentes en poder del Ejército. En un sumario abierto por la justicia militar
en 1977, en el que el entonces capitán Cabanillas fue citado como testigo y no como
inculpado, reconoció que había revistado en Orletti. Lo dijo, eso sí, usando la jerga
de la represión. Admitió que había sido designado en Operaciones Tácticas Uno, como se
llamaba a mediados de 1976 al cuerpo que centralizaba la represión dentro de la
Secretaría de Inteligencia del Estado. Y aceptó también que en la OT Uno su función
era controlar a la OT Dieciocho, es decir, Orletti.
En la misma semana de abril de la carta de Gelman, Cabanillas en persona, y no sólo un
viejo testimonio suyo, confirmó la acusación del escritor. Lo hizo mediante una
entrevista, que jamás desmintió, con el diario La mañana del sur, la rama neuquina de
Ambito Financiero.
–Yo trabajé todo lo que sea contrainteligencia –relató allí Cabanillas–.
Se recibían en la SIDE nombres, gente que estaba trabajando en esas organizaciones
defensoras de los derechos humanos. A partir de los grupos operativos, llámense Jardín o
Automotores Orletti, o los inorgánicos, operaban, sacaban a esta gente y la ponían a
disposición de la SIDE.
Dentro del Ejército, el reportaje lo destruyó.
–Quedaste demasiado expuesto –le dijo un colega en reunión de generales.
Balza podría haberlo pasado a disponibilidad hasta que se aclarase el estado de sospecha
sobre el pasado, pero prefirió que la Justicia tomara la posta. En el último mes, el
jefe del Ejército dio varias señales claras de que él no echaría a Cabanillas pero
tampoco obstruiría una citación judicial. Primero se lo dijo a Gelman, por carta. Luego
lo aclaró ante Néstor Ibarra, en Radio Mitre. También lo afirmó en conferencia de
prensa, un viernes por la tarde en que respondió a los periodistas con nervios que éstos
desconocían en un militar acostumbrado al contacto público.
Cuando el juez Adolfo Bagnasco le pidió al Ejército el expediente de 1977 donde
Cabanillas reconoce su destino en Orletti, el Ejército lo envió sin ninguna resistencia.
Más aún: con ganas. Y rápido.
El problema para la jugada de Balza es que la Justicia no podía o no quería citar a
Cabanillas.
La causa que investiga si hubo un plan sistemático de robo de bebés durante la dictadura
está en el juzgado de Bagnasco.
Bagnasco también recibió la denuncia de Gelman.
Pero el juez está congelado. La sala de la Cámara Federal que integran Luis Riva Aramayo
y Horacio Vigliani, instancia superior de Bagnasco, pidió los expedientes y los está
analizando para resolver varias apelaciones presentadas.
El congelamiento explicaría por qué la Justicia no puede citar a Cabanillas. Pero no es
todo: además, no quiere citarlo.
–No veo por qué tengo que ser yo quien se compre un problema político gigantesco
citando a un general de división en actividad –fue la definición que dio Bagnasco a
un empleado de su tribunal.
Balza conoce la postura del juez, y además pudo intuirla en su propia desesperación
cuando pasaban los días y Bagnasco seguía sin convocar a Cabanillas.
Para Balza, el costo interno de relevar por decisión propia al jefe del Segundo Cuerpo
puede ser altísimo, pero el costo externo de no relevarlo sería aún más penoso. El
jefe del Ejército parece dispuesto a afrontar las sospechas por el papel de la fuerza en
el contrabando ilegal de armas. A la vez, no desea arrojar a la basura una imagen
histórica de democratizador militar que lleva por lo menos cuatro años construyendo.
Hasta ahora, los tantos estaban equilibrados entre uno y otro peso. La demora de Bagnasco
terminó quebrando un equilibrio tan laborioso. Y la decisión de formar un tribunal de
honor busca aportarle una vía institucional a esa nueva situación.
Promesa del Ejercito a la Asamblea Permanente
No amparar la mentira
Por M.G.
El texto es cortante.
Dice: “El Ejército no ampara la mentira ni protege actos delictivos”. Lo firma
el secretario general del Ejército, Ernesto Juan Bossi, y figura en una carta dirigida a
la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Puede ser una simple afirmación de
principios, simple y vaga, pero también una confirmación pública de la decisión de
formar un tribunal de honor a Eduardo Cabanillas que Martín Balza ya tomó.
La frase de la carta de Bossi a la Asamblea se completa así: “De comprobarse que
algún miembro del mismo (o sea del Ejército), cualquiera fuese su jerarquía y su cargo,
ha faltado a la verdad o vulnerado leyes o reglamentos, recibirá la sanción que
corresponda según el orden jurídico vigente”.
El texto, que aquí por primera vez se da a conocer, es la respuesta del Ejército a una
carta de la APDH en la que el organismo de derechos humanos establecía que el ascenso de
Cabanillas a general, y después a general de división, era un proceso viciado porque el
Senado no había contado con todos los elementos informativos ante una laguna en el
legajo. Cuando figura el destino de Cabanillas en la Secretaría de Inteligencia del
Estado, en el segundo semestre de 1976 y hasta el 27 de enero de 1977, el legajo aclara
que el entonces capitán revistó allí en comisión. Pero en la columna llamada “rol
de combate”, que alude a la función concreta de un oficial, el legajo dice,
solamente, “sin datos”. Allí debió figurar Orletti, lo cual hubiera alertado a
los senadores e impedido el ascenso de Cabanillas dos veces.
Dice Bossi a la APDH sobre la carta: “Quiero informarles que recibimos la misma el 29
de abril, aunque tomamos conocimiento el día anterior (28 de abril), por haberla
publicado el diario Página/12”. Añadía el secretario del Ejército que “dado
lo complejo del tema en cuestión y las dificultades que su tratamiento presenta para ser
tratado en forma epistolar, creo conveniente la realización de un encuentro que facilite
su análisis con la profundidad que merece y nos permita proporcionarles toda la
información de que disponemos en forma personal”. La fecha propuesta por Bossi para
un encuentro de la APDH con Balza era el último viernes en el Edificio Libertador.
No pudo ser: por unanimidad, la mesa ejecutiva de la Asamblea resolvió no concurrir. La
decisión consta en un documento al que tuvo acceso Página/12, y que firman los
presidentes Alfredo Bravo y José Míguez Bonino y los vicepresidentes Simón Lázara,
Susana Pérez Gallart y Adolfo Gass.
La APDH afirma que ya dijo todo lo que tenía que decir y aportó los datos que debía
aportar, y concluye que no tiene sentido una reunión formal porque “de lo que se
trata, ahora, es de la adopción de las medidas que corresponden ante las actitudes del
general Cabanillas”. “Y ésa –agrega– es una responsabilidad directa
del jefe del Estado Mayor, del ministro de Defensa y del presidente de la Nación como
comandante en jefe de las Fuerzas Armadas.”
La Asamblea había pedido a Balza que relevara a Cabanillas porque –lo recuerda en
este documento– “había incurrido en una evidente falsedad cuando negó su
presencia en una función decisoria en el centro clandestino de detención conocido como
Automotores Orletti”.
El organismo humanitario precisa que el Ejército tiene todos los elementos para actuar:
las cartas de Juan Gelman, las declaraciones de Cabanillas a La mañana del Sur y el
expediente militar de 1977 en el que Cabanillas reconoció haber revistado en Orletti.
Como el general de división alega, y lo dijo a Balza, que no estuvo en Orletti, la
Asamblea replica así: “La verdad es que en el expediente del juzgado de instrucción
militar de 1977 Cabanillas reconoce, explícitamente, su participación como segundo jefe
de la OT 18, aclara que dependía de Orletti, describe con lujo de detalles su
funcionamiento e indica la lista de personas con sus nombres y alias. Tres
características imposibles de ser conocidas por alguien que no estuviera en ese
lugar”.
La dedicatoria de un libro, elemento
clave
Página/12 publica por primera vez
la primera página de un libro injurioso contra el “Nunca Más”, que Cabanillas
regala en su despacho de Rosario, con una dedicatoria del Segundo Cuerpo de Ejército y su
firma al pie.
Martín Balza, jefe del Estado Mayor del
Ejército.
Le hizo la venia a la Justicia, pero la Justicia no reaccionó. |
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Por M.G. y José Maggi desde Rosario
Si quisiera, el tribunal
de honor del Ejército podría preguntar al general Eduardo Cabanillas lo obvio: ¿estuvo
usted en Orletti? También podría establecer si mintió cuando el general negó haber
estado en el campo de concentración luego de haberlo reconocido dos veces, la primera en
1977 y la segunda hace poco, en abril de 1999. O podría interrogarlo por su campaña
contra el Nunca Más, el informe final de la Comisión sobre la Desaparición de Personas
concluido en 1984.
Si elige la última opción, aquí arriba tiene una ayuda: el facsímil de la primera
página del libro Subversión. La historia olvidada, que Cabanillas reparte en Rosario.
Como ha informado la edición rosarina de Página/12, el libro de cabecera de Cabanillas
fue editado por Aunar, Asociación Unidad Argentina, entidad sin fines de lucro con
personería jurídica IGPG número 1.581.389 con sede en Esmeralda 634, piso 1, oficina D.
En la parte superior de la página está abrochada la tarjeta personal de Cabanillas,
incluido su teléfono celular 076404808 y su particular, el 041-241086, de Rosario, ahora
0341-4241086.
El título está semitapado, pero no tanto como para que el lector no pueda deducir que
allí dice “Subversión”, en una línea, y en la otra el subtítulo, “La
historia olvidada”.
Más abajo, un texto, que aquí se reproduce en su sintaxis original: “Más de 21.000
hechos de violencia subversiva que asolaron a nuestro País constituyen elocuentes pruebas
de la decisión de implantar el terror y la inseguridad en el cuerpo social de la
República, no se pretende con esto avivar viejas heridas. Aunar simplemente procura
equilibrar los hechos históricos con los nombres y circunstancias de quienes murieron
sirviendo a la patria y no a extrañas ideologías antinacionales”.
Más abajo todavía figura el logo de Aunar tapado parcialmente con un autoadhesivo
amarillo de forma redonda. Es como una dedicatoria: “Con alegría, Cpo Ej II”.
Es decir, Cuerpo de Ejército II, el que comanda Cabanillas. Y en la franja inferior de la
página, la dedicatoria personal: “Para el señor... (Página/12 tiene el dato, pero
prefiere omitirlo), afectuosamente”, la fecha formulada como 4/XI/98 y la firma de
Cabanillas con una expresión que podría significar “general de división”.
Aunar está presidida por el general retirado Fernando Verplaetsen. En un pedido de
citación a Cabanillas presentado a la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, el
diputado Alfredo Bravo recuerda que “Verplaetsen fue jefe de la Policía de la
provincia de Buenos Aires durante la dictadura militar, figura en la lista de represores
elaborada por la Conadep, pues ha sido incriminado judicialmente por sobrevivientes del
terrorismo de Estado en violaciones a los derechos humanos y también ha escrito, en
varias oportunidades, declaraciones de un denominado ‘Foro de generales
retirados’ reivindicatorias de los crímenes cometidos por las Fuerzas Armadas, es
decir textos en los cuales sus firmantes incurren en el delito de apología del
crimen”.
El objetivo de Aunar, dice el libro que reparte Cabanillas, es “brindar la otra voz
de la verdad contra el anestesiante compendio del Nunca Más de la Conadep y de la
propaganda oral escrita y televisiva con que se pretende sepultar la verdad
histórica”.
En sus discursos, Balza reivindicó el Nunca Más como parte de la nueva doctrina del
Ejército.
El jueves, el experto en sociología militar Ernesto López subrayó en Página/12 que el
Reglamento de Tribunales de Honor establecido por decreto 1287 de 1991 consigna que es una
transgresión “realizar actividades de las que resulte desdoro para su persona o
prestigio para las Fuerzas Armadas”. También es una falta al honor “incurrir en
actos de deslealtad para con las instituciones o camaradas de las Fuerzas Armadas” y
“faltar a la verdad o dar informes inexactos que perjudiquen a camaradas”.
El Tribunal de Honor está presidido por el general retirado Miguel Viviani Rossi, el
mismo que actuó en marzo del año pasado para establecer si el general Antonio Bussi
había mentido o no al haber omitido declarar sus cuentas secretas en Suiza en su
presentación jurada de bienes.
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