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Por Héctor Alí desde Salta  Claro Bonifacio, un
cesanteado de Arquitectura de la Provincia con 22 años de antigüedad, decidió quitarse
la vida en marzo de este año, colgándose de un caño en el alero del fondo de su casa.
Había sido expulsado junto a otros 5000 trabajadores estatales en el comienzo del
gobierno romerista. Tenía 48 años y nunca pudo volver a conseguir empleo. Dejó
huérfanos de padre a 9 hijos de 21 a 3 años. Su esposa, que sigue reclamando una
pensión por los años de aporte jubilatorio que hizo su marido, no se olvida de una
promesa incumplida del gobernador Juan Carlos Romero cuando aseguró que serían
reincorporados “los padres de familia numerosa y de hijos recién nacidos”. Hay
otros 20 despedidos, rebautizados “excedentes” por el gobierno, que también se
suicidaron o murieron afectados por la angustia del desempleo. El resto, gente mayor de 50
años, deambula buscando un empleo o rogando por la jubilación anticipada. Aun así, el
atildado y pulcro mandatario provincial, propietario entre otras empresas del único
diario salteño y la única emisora AM privada, fantaseó durante su gestión con haber
reducido el 50 por ciento de la desocupación y con la creación de 50 mil puestos de
trabajo en la eventual reelección, que según todas las encuestas conseguiría hoy en las
elecciones provinciales. Es el sello de una gestión, que entre otras cosas, a través de una desmesurada campaña publicitaria, quiso convencer a los salteños de que vivían en una provincia con crecimiento y desarrollo, cuando los índices elaborados por el Banco Mundial y publicados por este diario revelaron que la pobreza y marginación alcanza en la zona un 55 por ciento de la población. Hace algunas semanas, hasta el hallazgo de tres momias incaicas en el pico Llullaillaco, a 6000 metros de altura, sirvió para que el gobierno hiciera propaganda. “Son las mejor conservadas del mundo”, dijo al mejor estilo brasilero el gobernador Romero. La ampulosidad resultó ser, en realidad, todo un estilo para el primer mandatario. No sólo imagina gobernar una provincia pujante, pletórica de inversiones, transformada en eje del Mercosur y líder del Norte Grande, sino que además montó una imagen de opulencia y desarrollo, que en realidad alcanzó a muy pocos en la provincia. El hombre acostumbra a vestir sólo ropa de marca, usa camisas con monograma y hasta cuando aparece de sport, en medio de alguna caminata por barrios periféricos, no descuida el equilibrio cromático de su indumentaria. Su pelo engominado no permite desaliños y hasta echan a rodar una alfombra roja cada vez que aborda alguna de las aeronaves provinciales. A pesar de ser hombre de fortuna y poseer lujosas casas en la capital, en countries privados y en una finca que heredó de su padre, el fallecido ex gobernador Roberto Romero, mandó reciclar y ampliar a todo lujo una vieja casona ubicada en una reserva ecológica a un costo de dos millones de dólares para fijar allí su residencia oficial. Romero se ha pasado casi el 30 por ciento de su mandato fuera de la provincia, en viajes por el interior y exterior del país, incluyendo sus temporadas de descanso en la residencia veraniega que posee en Punta del Este. Y que, además de aerolíneas nacionales y extranjeras, no dejó de utilizar el avión y el helicóptero provincial, supuestamente comprados para traslados sanitarios. A pesar de su empecinamiento por las apariencias (“no quiero mostrar una provincia rancho”, dijo alguna vez), Romero no puede dejar de ver desde su despacho en la Casa de Gobierno los asentamientos que rodean el centro cívico y que albergan a casi el 50 por ciento de los habitantes de la capital, incluyendo a unos 100 mil indigentes. Durante su mandato Romero debió desprenderse a regañadientes del ex gendarme Sergio Nazario, denunciado como torturador en El Vesubio y El Olimpo, y también dar explicaciones por las 49 llamadas recibidas en sus teléfonos y celulares desde la empresa Yabito, propiedad de Alfredo Yabrán. Todavía se recuerda la belicosidad del ex ministro Domingo Cavallo, imputándole la autoría de la Ley de Correos, cuando aún era senador, que supuestamente favorecería a Yabrán. Sea como fuere, Romero logró gobernar con total discrecionalidad. Para ello contó con la mayoría agravada que posee en la Legislatura, un lugar donde todos sus deseos son ley. Desde allí se aprobaron los más diversos proyectos, entre ellas la privatización de la empresa provincial de energía, que fue vendida al Exxel en 45 millones de pesos, siendo revendida tres años después por el grupo de Inversión de Juan Navarro, en 245 millones. Contra ello, la oposición debió conformarse con denunciar ante los pocos medios independientes los “atropellos” del poder, como por ejemplo adjudicaciones de obras en forma directa, licitaciones adjudicadas a empresas pertenecientes a ministros y funcionarios de Estado, el endeudamiento con la banca privada que alcanza los 550 millones de dólares y otras cosas por el estilo. Lo más reciente fue la nueva contratación de la firma McLean Technologic Group, propiedad del encuestador oficialista Julio Aurelio, para realizar el escrutinio provisorio. La Alianza ya había denunciado dos años antes a McLean por pretender manipular los resultados electorales favoreciendo a los candidatos oficialistas y la incompatibilidad de contratar una empresa que no sólo realizaba las encuestas sino que además contaba los votos. La oposición acusó a Aurelio, contratado como asesor de Romero, de estar “moralmente inhabilitado” para esa tarea y dos días después McLean renunció al contrato por sentirse “empresarialmente afectada”. Aun así, las compulsas previas le adjudican a Romero una cómoda ventaja sobre la Alianza. A diferencia de Ramón Saadi, Romero prefirió esconder esta semana al presidente Carlos Menem en diminutos pueblos del interior. En cambio, si se confirma el resultado, no tendrá problemas en aparecer hoy por la noche junto a Menem y, si es posible, también junto a Duhalde como un eventual heredero para el 2003.
EMPATE TECNICO EN LA CAPITAL Y LEY DE LEMAS Por H.A.
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