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Por David Cufré  La Encuesta
Permanente de Hogares que comenzó a realizar el INdEC arrojaría un salto en la tasa de
desocupación de más de tres puntos. Estimaciones privadas que le fueron acercadas al
ministro de Trabajo, Antonio Erman González, señalan que el desempleo se ubicaría en
mayo en 15,5 por ciento, desde el 12,4 registrado en octubre de 1998. Carlos Menem teme
que el final de su mandato quede asociado a la hiperdesocupación, así como el de Raúl
Alfonsín fue marcado a fuego por la hiperinflación. Al Presidente no le tembló el pulso
para disponer un recorte de gastos a la educación de 280 millones de pesos, pero tuvo
cuidado de dejar a salvo del ajuste a los programas de fomento del empleo. Ayer se
encargó personalmente de anunciar la puesta en marcha de nuevos incentivos.“No se hace lo que se puede, se hace lo que se debe”, enfatizó Menem ante un auditorio repleto de obreros de la construcción, convocado por el secretario general de ese sindicato, Gerardo Martínez. “Sería necio negar que la caída de actividad económica repercute sobre el nivel de empleo”, admitió luego, en diálogo con Página/12, el ministro Erman González. La cartera que conduce obtuvo un crédito de 120 millones de dólares para contener la disparada de la desocupación. El Banco Interamericano de Desarrollo concedió, además, otros 225 millones para diversos programas en favor del empleo en las pequeñas y medianas empresas y en el sector rural. Entre todos los planes vigentes, el Gobierno se propone asistir a 1,2 millones de trabajadores, que de otro modo figurarían como desempleados en la medición oficial. Los fondos asignados alcanzan a 600 millones de pesos, contando los aportes del BID. La batería de programas con que el Gobierno pretende evitar el despegue de la desocupación hasta sus máximos históricos es el siguiente: Trabajar, de Servicios Comunitarios, de Reconversión Empresarial, Pyme Exporta, Forestar, Prohuerta y Social Agropecuario. A ellos se sumaron ayer el Programa de Apoyo al Empleo Privado, y otro para Fondos de Garantía y Crédito para las Pymes. El sector de la construcción es el primer beneficiario del plan de Apoyo al Empleo Privado. Consiste en la devolución de la totalidad de los aportes patronales a las empresas que contraten nuevos operarios y el pago de hasta 120 pesos a cada uno de esos trabajadores por parte del Estado. La asignación, que llegará directamente al bolsillo del obrero, y el descuento de cargas sociales a las empresas, estará vigente durante 12 meses. En junio, el programa se hará extensivo al sector rural y a partir de agosto podrán sumarse las empresas en crisis de cualquier rubro. Las compañías deberán comprometerse a no realizar despidos durante un año. Sin embargo, el incremento de la asistencia parece llegar tarde. En el Ministerio de Trabajo manejan cifras de analistas privados, coincidentes con las barajadas por sus propios técnicos, que indican que la tasa de desocupación treparía en mayo al 15,5 por ciento. Además de los programas específicos para mantener o generar nuevos empleos, el Gobierno instrumentó otras iniciativas que, en el fondo, persiguen el mismo objetivo. Una de ellas es el Plan Canje, tendiente a reactivar la industria automotriz, que sufrió una importante sangría de puestos de trabajo por la crisis brasileña. Otra medida, anunciada ayer por Menem, tiene como destinatarias a las pequeñas y medianas empresas. A través de la Secretaría Pyme, a cargo de Ana Kessler, se canalizarán 140 millones de dólares para facilitar el acceso al crédito a esas empresas. Por un lado, habrá una sociedad de garantías para pequeños emprendimientos, que permitirá a las empresas obtener un respaldo del Gobierno cuando soliciten créditos a los bancos. Por otra parte, el Estado dará préstamos a tasas subsidiadas a las pymes conducidas por mujeres y jóvenes.
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