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Por Cledis Candelaresi  Desde su
espacioso estudio jurídico de la avenida Córdoba, Roberto Dromi se presenta ahora como
un “funcionario espiritual” del gobierno justicialista. Pero hasta 1997, año en
que renunció a su cargo de asesor presidencial, fue un hombre clave en el diseño de la
política privatizadora. Como ministro de Obras Públicas consumó las primeras y oscuras
licitaciones menemistas, caracterizadas por las elevadas tarifas, entre otras
prerrogativas concedidas a los adjudicatarios. Liberado del corsé de un cargo público,
ahora acusa al Gobierno de renegociar indebidamente los contratos, de no controlar a los
prestadores de servicios públicos ni impedir su concentración monopólica. El ex
ministro de Economía, Domingo Cavallo, y el diputado radical, Rodolfo Terragno, fueron
invitados por Página/12 a integrar una mesa de debate sobre estos temas. Pero ninguno
quiso sentarse junto al controvertido alfil de Carlos Menem. –¿Por qué cree que Cavallo y Terragno no quisieron debatir con usted? –No sé. Y ahora hay mucho para debatir, como el conflicto entre el poder económico y el social. –¿Cree que hay desequilibrio entre esos poderes? –Sí. Porque el poder social está muy debilitado. –¿Y qué pasa con los servicios privatizados? –Los usuarios: ausentes sin aviso. Porque no se está cumpliendo con el artículo 42 de la Constitución, que les garantiza protección de sus intereses económicos y amparo contra toda forma de distorsión de los mercados. El problema de la competencia, por ejemplo, en el sector energético, es complicado. La compra que Repsol hace de YPF no es un chiste, porque ya tiene Astra. Y que Endesa compre Edenor y Edesur... Si eso no es monopolio, ¿qué es monopolio? –¿Qué debería hacer el Gobierno para evitar los monopolios? –Yo no dudaría en dictar un decreto de necesidad y urgencia para impedir fusiones. Los monopolios son un demonio del sistema privatizado. –El Congreso aún no sancionó la ley antimonoplio. ¿Existe legislación que habilite al Estado a impedir, por ejemplo, una fusión? –La Constitución. El artículo 42 es operativo per se. –¿Cree que el Estado no está controlando adecuadamente? –No con la intensidad que debería. Un caso concreto es el de Edesur, en el que tuvo demasiadas vacilaciones sobre la imposición de una multa. –¿Qué debería haber hecho el Gobierno o el ente en el caso de Edesur? –Cometió un error al convertir la sanción en indemnización. El Estado debe sancionar por la falta cobrando una multa y, al mismo tiempo, indemnizar a los usuarios. Pero la multa no puede desviarse a los clientes. El Tesoro no es Caritas ni la Cruz Roja Internacional. –¿Habría que haber rescindido el contrato de Edesur? –Si se demostrara que hubo negligencia grave, sí. –¿El principal obstáculo para rescindir un contrato es legal o político? –Yo creo que es políticamente conveniente rescindir un contrato si hay falta grave o negligencia probada. Es necesario demostrarle a la sociedad que el Gobierno tiene autoridad. Porque existe libertad en la medida que haya una autoridad que la haga respetar. Cuando un jugador de fútbol es expulsado de la cancha porque cometió una falta grave, la gente lo abuchea y felicita al árbitro porque mantiene las reglas de la libre competencia. –Usted se manifestó crítico respecto a las renegociaciones... –Creo que las renegociaciones son posibles. Pero para renegociar es necesario que cambie el objeto de la licitación. Si sólo vamos a modificar detalles y rediscutimos todo porque la privatización estuvo mal hecha, entonces ese contrato era nulo y hay que licitar de nuevo. De locontrario, estoy favoreciendo ilegítimamente al concesionario con un diálogo bilateral. En las renegociaciones ferroviarias doy más plazo, más tarifas, mantengo los subsidios y, a cambio, sólo tengo la misma prestación de servicios. –¿El Estado asume algún riesgo al renegociar en estos términos? –Otros oferentes de la privatización pueden reclamar su indemnización, porque se defraudó su expectativa económica y se violó el principio de igualdad entre los postulantes. –La Comisión Bicameral se expidió sobre las renegociaciones... –Sí. Pero los legisladores no estuvieron a la altura de las circunstancias. Pueden recurrir a organismos técnicos del Estado para asistirse y no lo hicieron. Nadie le pide a un diputado que sea un jurisperito. Pero si se reúnen seis o siete y acuerdan “dale que va, porque está todo bien”, incurren en ligereza, que es una forma de culpabilidad. –¿Cree que los entes reguladores son independientes? –Deben serlo. Pero no siempre lo son. Por ejemplo: no siempre sus miembros son designados por concurso ni sus equipos conformados en base a un criterio de pluralismo técnico científico. Y la digitación es propia de otros tiempos no democráticos. –¿El superente que proyecta el Congreso corregiría esto? –Acá no hay que armar un superente. Crearíamos un ministerio. Si creamos un superente tenemos que disolver algo. Pero los entes deben tener una dependencia funcional del Congreso de la Nación. Como la Auditoría. –¿Esto no entraña el riesgo de politizarlos? –No creo que la Auditoría de la Nación esté politizada. ¡Si el Congreso somos todos! Las empresas concesionarias son privadas en su conformación pero públicas en relación al Estado y la sociedad. Sus directivos deben tener el tratamiento de funcionarios públicos, del mismo modo que sus contrataciones deben realizarse por licitaciones públicas. –La Alianza amagó en algún momento con revisar las privatizaciones. ¿Es técnicamente posible hacerlo? –Si se trata de mejorar la política de sanciones o los reglamentos de servicios, la revisión es hasta conveniente y responsable. Pero si se pretende anularlas, para volver a los contratos petroleros de (Arturo) Frondizi o a la estatización, no es posible con este marco constitucional. La Constitución garantiza no sólo la propiedad sino la estabilidad económica. El artículo 42 y el 75, inciso 19, protegen la inversión comprometida con el cambio. –Cavallo sostuvo criterios de privatización diferentes a los suyos. ¿Cuáles fueron los errores y cuáles los aciertos del ex ministro? –Nosotros impusimos un sistema de licitación rígido, de obras detalladas. Cavallo fue más flexible y en algunas licitaciones, como las eléctricas, prefirió imponer metas de calidad sin obligar a invertir. –También exigió obras antes de empezar a cobrar, como en los accesos a Buenos Aires. Mientras que usted aplicó el criterio de las “esperadas”, que a veces no llegaron, como las concesiones de rutas nacionales. –Es cierto. También nosotros privatizamos por decreto, porque creíamos que eso favorecía la dinámica. Pero son sólo diferencias sutiles, del gusto operativo. Cavallo es más afecto a la economía y menos amigo del derecho. Yo, a la inversa. –Si Domingo Cavallo no hubiera renegociado las concesiones de peaje que organizó usted, ese servicio hubiera costado el triple. –Ese fue un acto arbitrario. Para bajar las tarifas, el Gobierno se comprometió a pagar un subsidio que, encima, después no pagó. Subsidiar iba en contra de la política económica, de la ley de Emergencia Económica, del modelo y contra el propio sistema de peaje. –Pero sirvió para evitar juicios. Las empresas no iban a aceptar una baja de tarifas a cambio de nada. –¿Se bajaron las tarifas? La moneda del ‘91 no era igual a la de antes. –En dólares, se bajaron. –La convertibilidad creó una moneda distinta a la de la hiperinflación, que era virtual. Pero, insisto: se puede subsidiar si hay obra nueva. No para emparchar los caminos. –Entel también se privatizó con tarifas muy altas. Las telefónicas costearon gran parte de sus inversiones con la caja de la compañía. –Entel también fue una privatización del 90, con moneda virtual. No podíamos negociar con las empresas ni atraer inversores si no buscábamos una paridad como la del dólar. Si no había variables de razonable rentabilidad no se hubiera conseguido un inversor. Hacía falta hacer un sacrificio desde el usuario. Además, Telefónica y Telecom hicieron inversiones millonarias, se endeudaron. Y no han ganado 15 mil millones por año. ¿Cuánto están ganando? Trescientos o cuatrocientos millones. –Si Eduardo Duhalde fuera el próximo presidente, ¿cree que podría revisar algún aspecto de las privatizaciones? –No creo. Ni por ideología ni pensamiento. Porque él compartió esto: fue vicepresidente de la República; cuando estas leyes se debatían en el Congreso, presidía el Senado. Y después privatizó en la provincia de Buenos Aires. Y yo no le conozco a Duhalde actos contradictorios. Duhalde no es un enemigo del modelo. Lo que puede ocurrir es que a él no le cierre la ecuación entre los poderes económico y social. –¿Volvería al gobierno después del 10 de diciembre? –Si el próximo gobierno fuera peronista, no tengo ni que pensarlo. De lo contrario, necesitaría tener el mandato de mi partido. Tengo la camiseta justicialista y no me puedo ir del club sin permiso del director técnico. Pero también puedo seguir siendo un funcionario espiritual, como ahora.
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