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Por Cledis Candelaresi La bancada de diputados oficialista llevará hoy al recinto un proyecto de ley para asegurar 100 millones de pesos a las universidades y, posiblemente, otros 118 millones para la administración central del Palacio Pizzurno. Pero los hombres del PJ postergarían otra decisión sobre los otros aspectos del controvertido decreto de recorte, al que Diputados hasta ayer amenazaba oponerse, total o selectivamente. Entre otras cuestiones, el Parlamento pospondría la posible votación de una ley que garantice a las provincias la devolución de todos los fondos que el ajuste amenaza quitarle este año, iniciativa que está analizando la Comisión de Presupuesto y Hacienda. A fuerza de ofrecer un recorte más moderado en el presupuesto educativo y de prometer una nueva negociación con el Fondo Monetario para ampliar el déficit fiscal, el Poder Ejecutivo consiguió modificar la estrategia parlamentaria. Un triunfo módico en un día lleno de derrotas. Casi al terminar un día de arduas negociaciones, los gobernadores justicialistas Carlos Juárez (Santiago del Estero) y Jorge Busti (Entre Ríos), junto a varios ministros de Economía de las provincias, exigieron al Congreso un reaseguro. El decreto de ajuste inmoviliza hasta octubre del año que viene el 12 por ciento de los fondos específicos que se prorratean entre las provincias, y suspende para este año la garantía de que el Fonavi administrado por el interior dispondrá de 900 millones de pesos, más allá de lo que suceda con la recaudación. El mismo decreto prevé un mecanismo para que las administraciones del interior recuperen esos fondos a partir del 2000, pero Busti alentó ayer la propuesta de que esa restitución esté comprometida por una ley. La presión de los gobernadores, sumada a la resistencia del Congreso, le haría imposible al Poder Ejecutivo sostener el recorte de gastos. Que el Parlamento, a instancia del justicialismo, haya resuelto debatir hoy en una sesión ordinaria un rechazo muy acotado al decreto, les da aire a Jefatura de Gabinete y a Economía para revisar el ajuste y, eventualmente, para cumplir con su promesa de buscar apoyo del FMI y créditos internacionales para financiar un mayor gasto por un total de 1000 millones de pesos. Si el Gobierno honrase este compromiso que el secretario de Coordinación de Jefatura de Gabinete, Miguel Solé, asumió frente al titular de la bancada justicialista, Humberto Roggero, el menemismo transferiría a la próxima gestión la responsabilidad de afrontar una mayor deuda pública. En definitiva, no va a haber recorte, explicó ante Página/12 ese colaborador de Jorge Rodríguez. La idea de más consenso entre los diputados oficialistas es rechazar selectivamente los puntos del decreto de necesidad y urgencia, votando una ley contraria a los artículos que rebanan en 280 millones el Presupuesto de Educación y los que afectan al Fonavi y a los fondos específicos. Por el contrario, dejarían en pie algunas podas a las que hubiera resultado políticamente inviable oponerse. Entre otras, los gastos de Presidencia en tinturas y colorantes, sólo por citar un ejemplo. Pero anoche, las concesiones del Ejecutivo habían logrado cambiar la estrategia parlamentaria. El propósito de los legisladores era llevar hoy al recinto un proyecto de ley del justicialista Eduardo Mondino, que le garantiza a Educación 218 millones de pesos, evitando el recorte que desató la protesta generalizada de docentes, estudiantes aliancistas y duhaldistas. Si se consiguen salvar algunas dificultades reglamentarias, la iniciativa se debatiría después de que la Cámara trate, en una sesión especial, varios proyectos sobre seguridad. La Alianza está dispuesta a plantear en sesión el rechazo absoluto al decreto 455 por inconstitucional: el Ejecutivo se extralimitó en sus funciones, resolviendo en materia presupuestaria e impositiva, algo que le prohíbe expresamente la Carta Magna. Pero como a la oposición le resultará muy difícil conseguir los dos tercios necesarios para tratar esainiciativa sobre tablas, está dispuesta a acompañar al PJ en su rechazo fragmentado. Según dijo el frepasista Darío Alessandro a este diario, ese previsible acompañamiento no les impedirá acudir hoy a la Justicia para presentar un recurso de amparo contra el decreto, denunciando que viola la Constitución. Los permanentes contactos entre Jefatura y los legisladores permiten presumir que difícilmente el Congreso vaya a sorprender al Gobierno con alguna decisión imprevista. Por el contrario, después de los gestos concesivos del Ejecutivo, el Parlamento estaría dispuesto a darle una tregua. Del mismo modo que las visitas del ministro de Educación, Manuel García Solé, sugieren que, negociaciones mediante, en las próximas horas podría achicarse la brecha entre los 150 millones de dólares prometidos ayer por Economía a Educación y los 218 que los diputados amenazaban anoche con garantizarle a esa sensible área.
LAS RAZONES QUE LLEVARON A MENEM A DAR MARCHA
ATRAS Por Diego Schurman
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